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Fiscalía investiga a cuatro ministros tras denuncia de UNIVERSIDAD y regidor de San José

Causa penal se tramita por presunto enriquecimiento ilícito en caso de contratación a asociación Alianza Empresarial para el Desarrollo para compra y distribución de víveres de la Comisión Nacional de Emergencias

Este viernes, el Ministerio Público confirmó que la Fiscalía General abrió una causa penal en contra de los ministros André Garnier Kruse (enlace con el sector privado); Pilar Garrido Gonzalo (Planificación); Silvia Lara Povedano (Trabajo) y Elián Villegas Villafuerte (Hacienda). También figura como imputado el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexánder Solís Delgado, por el trámite de una contratación de ¢662 millones a la asociación de empresas Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) durante abril del 2020.

De acuerdo con la información recibida, la Fiscalía investiga a los funcionarios públicos por el “presunto delito de enriquecimiento ilícito” dentro del expediente  21-000010-0033-PE.

El caso fue abierto a partir de una denuncia presentada por el regidor de San José, Diego Miranda Méndez, en la que se acusa a los cuatro ministros de mantener vínculos prohibitivos, según la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

De acuerdo con reportajes de investigación publicados por UNIVERSIDAD, en el caso de los ministros Lara y Villegas, ambos formaban parte de la directiva de AED al momento de su contratación (su renuncia fue oficializada hasta octubre del 2020. Garrido y Garnier contaban con familiares también dentro de la directiva (en el caso de la ministra de Planificación se trata de una prima lejana, Aurelia Garrido; y en el caso de Garnier, su hijo Philippe Garnier).

Según publicó este semanario, la contratación con AED fue tramitada como una contratación expedita de Primer Impacto, la cual el regidor Miranda Méndez argumenta que es un “mecanismo para emergencias no declaradas”; en tanto la CNE declaró la pandemia del COVID-19 como emergencia nacional desde el 16 de marzo del 2020 (con publicación en el diario oficial La Gaceta del 20 de marzo). Para esa fecha, Elián Villegas fungía como presidente del Instituto Nacional de Seguros y Silvia Lara como ministra interina de la Presidencia.

Las renuncias de Villegas y de Lara a la junta directiva de AED fueron certificadas en acta notarial hasta el 16 de octubre del 2020.

“Debido a que el caso se encuentra en la etapa preparatoria, la cual es privada, no es posible brindar mayores detalles, puesto que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, informó el Ministerio Público en un correo electrónico.

El trayecto de la contratación

Según investigó UNIVERSIDAD, la contratación de AED inició con una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, el domingo 6 de abril del 2020. La carta también fue suscrita por la asociación de empresarios Horizonte Positivo, de la cual es expresidente el ministro André Garnier.

Desde Casa Presidencial y el despacho del Ministerio de Presidencia (ocupado por Lara) fue remitida la carta hacia la presidencia ejecutiva de la CNE.

Este órgano argumenta que tenía necesidades urgentes para distribuir víveres entre población desempleada y vulnerable, durante los cierres de la Semana Santa.

Este semanario encontró intercambios de correo electrónicos entre el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la CNE, en los cuales CNE acumula pedidos por al menos 9.000 víveres para su empaque y distribución durante la Semana Santa. CNP informó al semanario que esos pedidos fueron realizados “con muy poco tiempo” y con proveedores de vacaciones.

CNE justifica que este intercambio de correos prueba que CNP “no tenía la capacidad para llevar los diarios”. Razón por la cual tramitaron una contratación de Primer Impacto por demanda, para que AED supliera el servicio del CNP (para conseguir esta contratación, el presidente de la CNE, Alexánder Solís, emitió una resolución que asegura que se amparan en “el artículo 34 inciso j) del Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE” para que AED provea los víveres “de manera directa (…) mediante la modalidad entrega según demanda, con el fin de contar con suministros en casos de que se presente incapacidad material por parte del Consejo Nacional de Producción para brindar el servicio requerido”.

En entrevista con UNIVERSIDAD, la CNE confirmó que no utilizaron estudios de precios de mercado y tampoco pidieron un descuento del 30% de los servicios, como lo dicta la ley. Según su experiencia, valoraron el servicio que brindó AED, con 20% de descuento según afirma la propuesta del grupo, como suficiente.

“La resolución (que hicimos) nos habilitó para aplicar la excepción de la Ley de Contratación Administrativa. Mi asesoría legal me recomendó una resolución porque yo no podía hacerlo únicamente porque yo quería. Ahí sí estaría en un problema”, dijo Alexánder Solís en entrevista con este semanario, quien asegura que fue la única contratación que se tramitó de esta forma.

De acuerdo con una entrevista brindada por dos representantes de AED, el grupo no tenía experiencia en la coordinación de los víveres. En el servicio de empaque y distribución se involucraron voluntarios y hasta familiares.

Entre el 26 de abril y el 29 mayo del 2020, AED distribuyó 10.000 paquetes de víveres a nivel nacional de las siguientes grandes empresas: Unimar, Walmart, Grupo Pelón, Sardimar, Laica, Irex, Pozuelo, Dos Pinos, Dipo y Florida Ice and Farm (FIFCO).

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