Un nuevo proyecto de ley plantea rediseñar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). La idea de la iniciativa, es transformar a la empresa, alinearla con las metas de desarbonización nacionales y que empiece a explorar el uso de energías alternativas.
La iniciativa —presentada por el Ejecutivo— incluso propone cambiar el nombre de la institución, la cual ahora pasaría a llamarse la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena).
Esta entidad se encargaría de impulsar un cambio estructural en la matriz energética del sector transporte, aunque únicamente mantendría su monopolio en materia de combustibles.
Para ello, la propuesta faculta a Recope (o la nueva Ecoena) para que “investigue, produzca, importe, exporte, industrialice, almacene, comercialice y transporte energías químicas alternativas”; así como para que “mantenga y desarrolle las instalaciones” que necesite con ese objetivo.
No obstante, estas funciones las realizaría en un “régimen de competencia”; es decir, no expandiría su actual monopolio en hidrocarburos.
El proyecto de ley para transformar Recope fue presentado a inicios de mes, en medio de una actividad en la que el Ministerio de Planificación (Mideplan) anunció su propuesta de reforma al empleo público y dos proyectos de reforma institucional: uno para reorientar el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y otro —el proyecto en cuestión— para transformar a la Refinadora (que dejó de refinar petróleo desde el año 2011).
En esa actividad, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, calificó el texto de Recope como parte de “un rediseño institucional”; el cual agrega a esa entidad como un actor clave para la investigación y su financiamiento.
La idea, dijo Garrido, es que Recope se inserte dentro de la “visión estratégica” del país, que busca “desacoplar el crecimiento de las emisiones de carbono”.
En la presentación del proyecto también estuvo presente el presidente de Recope, Alejandro Muñoz, quien agregó que el proyecto fue confeccionado por los propios empleados de la institución y “consensuado con los grupos interesados en la materia”. Ellos, afirmó el jerarca, estuvieron de acuerdo en el nuevo enfoque de la iniciativa.
“El objetivo básico de la ley es que Recope sea un actor fundamental en el cambio de la matriz energética, a través del proceso de descarbonización, lo que nos lleva a concluir que su objetivo fundamental en este nuevo tránsito sería aportarle al país esas energías más limpias”, señaló.
“Esto posibilita el desarrollo de una industria que hoy no existe en Costa Rica, que potenciaría el empleo, la tecnología y al país en general, como un referente a nivel mundial”, concluyó.
Ambiente tenso
El proyecto de ley, sin embargo, llega en medio de un ambiente tenso a la Asamblea Legislativa. La institución ha desarrollado fuertes anticuerpos en el contexto político, donde varios diputados incluso han manifestado sus resistencia a continuar con la entidad.
De hecho, apenas el 11 de marzo pasado, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente afín al excandidato Fabricio Alvarado votaron para enviar al archivo el proyecto 19.498; una iniciativa que pretendía facultar a Recope para iniciar desde ya con sus nuevas labores de investigación y producción de energías limpias para el transporte.
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No obstante, la iniciativa fue sepultada por esas fracciones, las cuales indicaron que no observan una hoja de ruta clara del Ejecutivo para continuar con sus operaciones.
De hecho, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz calificó a Recope como un “animal ponzoñoso” y aseguró que sería bueno discutir qué función debería tener en el futuro y, aún más importante, si debería de seguir existiendo.
Más tarde, estallaron nuevas reacciones de desencanto cuando la Refinadora anunció su intención de mezclar etanol con gasolina súper, un movimiento que la entidad finalmente suspendió para atender “la opinión generalizada”, según ellos mismos indicaron.
La idea de que Recope continúe operando, además, es conflictiva con voces políticas que también cuestionan el monopolio de la entidad en materia de combustibles, aunque la Refinadora sostiene que es imprescindible mantener el control estatal de ese suministro para poder ir disminuyéndolo, como se planea.
“Eso se mantiene así porque la idea es mantener eso y que paulatinamente en el tiempo vaya desapareciendo el uso de los hidrocarburos”, apuntó el jerarca de Recope, Alejandro Muñoz.
La entidad, sin embargo, mantiene varias posiciones en contra. Por ejemplo, en un tuit publicado este fin de semana, el diputado Robeto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), llamó a “olvidar aventuras de salvamento” con la institución.
Punto por Punto
No obstante, la iniciativa se mantiene en el Congreso y, según el Ejecutivo la transformación de la entidad es fundamental para lograr los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050
Por este motivo, el texto declara de interés público “la promoción, el estímulo, la industrialización y la comercialización de energías alternativas” a nivel general, más allá de la propia gestión de Ecoena.
Además, el proyecto regula el suministro y la formulación de mezclas con biocombustibles, como el etanol, cuyas proporciones quedarían en manos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Asimismo, crea un Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas, el cual financiaría proyectos de investigación y estaría constituido por un 0,15% de las ventas brutas de la empresa.
Este porcentaje sería reconocido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) en la fijación de precios de energías y combustibles, junto con “el capital semilla para la formalización de alianzas estratégicas, contratos financieros o la constitución de empresas, previa justificación técnica”.
Por último, la iniciativa también faculta a Recope para suscribir alianzas estratégicas dentro y fuera del país, con entes públicos y privados; así como para constituir empresas, filiales y sucursales, siempre y cuando mantenga el 51% de su capital accionario en cada una de ellas.
En cuanto a la conformación de su nueva Junta Directiva, esta tendría siete miembros nombrados cada seis años por el Consejo de Gobierno, con excepción del presidente, cuyo periodo sería de cuatro años con una posible reelección.
Según el presidente de Recope, la idea es generar una nueva industria en energías sostenibles, en la que se redistribuya el personal actual de la institución y se genere el espacio para nuevos perfiles de empleo.
Ahora, la iniciativa queda en manos del Legislativo para su estudio.
