Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios recortaron esta noche de miércoles ¢10.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), recursos que redireccionarán al rubro de amortización de la deuda pública.
Así lo decidieron tras aprobar una moción del diputado Jonathan Prendas de Restauración Nacional (PRN), quien presentó la propuesta como parte de los cambios que los congresistas realizan al proyecto de Presupuesto de la República para el año 2019.
Según Prendas, la moción tenía como objetivo “ser un poco más equitativo con lo que está pasando con los presupuestos y con la crisis fiscal que tenemos”, a pesar de que el movimiento rompe con el acuerdo que firmaron el Gobierno y los jerarcas universitarios del Consejo Nacional de Rectores (Conare) el pasado 13 de julio para aumentar el financiamiento en un 3% (por inflación); es decir, poco más de ¢17.000 millones.
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De cualquier manera, el restauracionista argumentó que “según los cuadros elaborados por el sistema de presupuestos públicos de la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional (UNA) ha tenido déficits (subejecuciones) sumamente amplios en los últimos años, que han alcanzado los ¢568.746 millones desde el 2012 hasta el 2018, lo que demuestra que el dinero que se traslada no está siendo ejecutado”.
Así mismo, señaló que el recorte “no vendría a significar mayor problema para las finanzas de las universidades y sí podría hacer algún tipo de ajuste y de mejora para el pago de la deuda que el Ministerio de Hacienda, que está tan urgido de encontrar una fuente de financiamiento”.
El monto recortado representa un 1,95% de los ¢511.154 millones que Gobierno y rectores habían pactado para el FEES del año 2019, el cual se reparte entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.
La Universidad Técnica Nacional, por separado, recibiría ¢ 34.868 millones
La moción la apoyaron los congresistas Xiomara Rodríguez, Harllan Hoepelman y Eduardo Cruickshank, de RN; Silvia Hernández y Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN); Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC). En contra sólo estuvieron los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido y Welmer Ramos.
La moción luego fue revisada tras un receso en en el que los diputados oficialistas intentaron convencer a sus compañeros de la inviabilidad del cambio por los compromisos adquiridos con las universidades; sin embargo, no fue aceptada por los congresistas que votaron inicialmente a favor la moción y quedó en firme a pesar de las advertencias.
Según la diputada Guido, su posición se debió a que si bien considera que “se deben ejecutar mejor los presupuestos con mayor inversión en regionalización, en becas y en cupos, no creería que mediante el recorte sea que alcancen esos objetivos”.
La diputada María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su parte quien también es mimbro de la comisión, sólo estuvo presente cuando se votó la posibilidad de revisar la moción y no cuando se votó el recorte; sin embargo, ella también había presentado una moción para recortar el FEES que no fue acogida por los congresistas para redirigir los recursos a Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).
Afectación generalizada
El rebajo se da justo tras la polémica por la construcción de obras en la UNA por $14,5 millones (¢8.000 millones) para varias remodelaciones de infraestructura en el campus Omar Dengo en Heredia, inversión que ha sido catalogada por la mayoría de los legisladores como un despilfarro en tiempos de austeridad, a pesar de que el rector de esa institución Alberto Salom sostiene que son obras esenciales para el desarrollo de la institución que dirige.
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No obstante, el recorte sería generalizado para las universidades, que reciben un 57,79% la UCR, un 23,4% la UNA, un 11,3% el ITCR y un 7,51% la UNED.
El compromiso del Gobierno se ha mantenido en girar un 1,5% del PIB nominal a la educación superior; sin embargo, ese monto no se ha logrado alcanzar y más bien se acordó en un 1,35% del PIB proyectado para el año 2019, incluso inferior en 0,3 puntos que el del año 2018.
Ante la firma del acuerdo, Marcelo Prieto, rector de la UTN y presidente del Conare, había dicho que se tuvo que tomar en cuenta “la compleja situación fiscal del país”; sin embargo, los diputados ahora agregaron una rebaja más grande del monto que se esperaba.
Según dijo Prieto en aquel entonces, el monto que se había aceptado era “el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República”, por lo que es posible esperar que se presenten futuras acciones de inconstitucionalidad si no se revierte la modificación.
El artículo 85 constitucional establece que “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas”, por lo que el argumento de las universidades es que el mínimo incremento deber ser el que reconozca la inflación estimada por el Banco Central.
El cambio ahora deberá ser reafirmado por el Plenario legislativo para quedar en firme dentro del proyecto del presupuesto; sin embargo, puede revertirse en esa instancia si así lo deciden los diputados.
Para el pago de deuda pública, el Gobierno presupuestó ¢2,9 billones en amortizaciones, de los que ¢10.000 representan un simbólico 0,3% en la comparación relativa.
