La Comisión de Gobierno y Adminsitración dictaminó positivamente el proyecto de Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia e Ideario (22.006) donde se establece “el ejercicio de la objeción de conciencia, tanto de todas las personas físicas en razón de su dignidad humana y de la objeción de ideario de toda persona jurídica”.
Por esta nueva cobertura, personas funcionarias públicas e inclusive empresas podrían oponerse a concretar matrimonios entre personas de un mismo sexo, procedimientos de interrupción del embarazo, fertilización in vitro y otros procedimientos médicos objetados por “convicción religiosa”.
El proyecto fue propuesto por el diputado del bloque de Nueva República Jonathan Prendas, en mayo del 2020. Prendas fue uno de seis legisladores de la Comisión de Gobierno que votaron a favor del dictamen.
Dos diputados votaron en contra, uno de ellos fue el oficialista Víctor Morales, según informó posteriormente el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Morales, no obstante, fue el oficialista que negoció la aparición de la objeción de conciencia en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) junto con las otras fracciones miembros de la Comisión de Gobierno, es decir, el mismo órgano encargado de dar trámite al proyecto de Empleo Público.
Entre los firmantes de la cláusula, aparece Prendas quien informó a UNIVERSIDAD que todo su bloque parlamentario votará a favor de la iniciativa de reforma al sector público. Es la única fracción que tiene definido su apoyo al proyecto 21.336, según confirmó este semanario en un sondeo publicado este mismo miércoles. En el PAC, 6 diputados evitaron responder sobre su voto, incluyendo a Morales.
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La mayoría de silencios provienen de Restauración Nacional, PAC, PUSC y un segmento menor de Liberación Nacional.
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Salvo por Prendas y el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, la identidad de los demás votantes no fue publicada en la transmisión de video de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Gobierno.
El martes 14 de febrero, la votación se realizó alzando las manos, sin usar el equipo electrónico.
El proyecto de Prendas permitiría, entre otros, que el personal del sector público “invoque un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”.
Sobre la objeción de ideario de las personas jurídicas, dice que “No estarán obligados a celebrar contratos, realizar cualquier tipo de actos o prestar servicios que atenten o nieguen sus creencias, valores ideológicos, morales y principios religiosos que rigen su pensamiento y conciencia”.
El diputado oficialista Enrique Sánchez, quien votó contra el proyecto de Empleo Público en diciembre pasado pero evitó adelantar cómo votará el segundo debate, envió declaraciones a medios.
“Este proyecto, además de agregar una figura no reconocida en los organismos internacionales en materia de derechos humanos como la objeción de ideario, debido a que permitiría que organizaciones, instituciones y empresas discriminen a sus trabajadores y personas usuarias, crea un mecanismo violatorio de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerabilizadas por medio de los procesos de objeción de conciencia”, aseguró Sánchez en un video.
“Vamos a recurrir a la vía de mociones 137 que tenemos en adelante, para evitar su aprobación en el plenario legislativo”, dijo también el oficialista.
El diputado David Gourzong informó a la Comisión de Gobierno y Administración que el proyecto podría tener roces con el juramento de los funcionarios públicos, dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política. Este juramento está dispuesto para ser leído como “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro.- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.
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