Por unanimidad la Corte Plena acogió un informe en que la magistrada Julia Varela llegó a la conclusión de que el proyecto de “Ley de solidaridad laboral en casos de subcontratación o tercerización de servicios” afecta “de manera negativa la organización y funcionamiento del Poder Judicial”.
Según resumió esa magistrada, la iniciativa implicaría “necesariamente” que una institución contratante de empresas que venden esos servicios tercerizados, como el propio Poder Judicial, “va a tener que presupuestar para asumir eventuales cobros que haga la persona trabajadora si el empleador no le respeta derechos fundamentales, sus derechos laborales”.
La Magistrada de la Sala II añadió que el proyecto de ley, tramitado con el número de expediente 23.920, incluso implica que las instituciones que contratan a esas empresa, incluso podrán verse en la situación de hacer frente a reclamos de prestaciones ante un “posible incumplimiento del contratista” para luego cobrarle a la patronal.
Añadió que la propuesta “va a impactar en el erario público, va a generar posibles incumplimientos de las empresas que se dedican a esa prestación de servicios y obviamente el Poder Judicial se va a ver expuesto a incurrir en gastos para hacer esos cobros”, a lo que sumó la posibilidad de que se vea expuesto a “demandas laborales de personas trabajadoras que se ven afectadas por el incumplimiento de la empresa que las contrata”.
Varela apuntó que ya en 2019 se había conocido un proyecto similar y que la Dirección Jurídica del Poder Judicial analizó esta propuesta y también encontró que afecta organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Las recomendaciones del informe de Varela, además del enunciado que afecta de manera negativa a la institución, también incluyen solicitar al Poder Legislativo que se modifique la Ley General de Contratación Pública, “para que en el tema de los contratantes que requieren personas bajo la modalidad de tercerización o suplantación de servicios, se de un blindaje prioritario para los derechos de las personas trabajadoras, sin recargar a los contratantes del sector público las obligaciones propias de quienes lucran con el negocio de empresas de servicios”
También recomendó el establecimiento de “reglas estrictas en contrataciones civiles”, de manera que las empresas que “lucran con el negocio de la proveeduría de servicios personales, no dejen desprotegidos los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, lo que debería estar debidamente asegurado e nivel legal y se fijen las consecuencias para el incumplimiento y no para el usuario de servicio contratante”.
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Aclaración:
El título original de esta nota fue cambiado luego de una rectificación de la oficina de prensa del Poder Judicial.
