Mientras la mayor parte de la fuerza laboral universitaria se encuentra en su casa trabajando remotamente y previniendo el contagio del Covid-19, cada día unas 300 personas -mayormente mujeres con poco estudio, muchas migrantes- vestidas con mascarillas y gabachas azules mantienen desinfectados los pisos, aceras, parqueos y vidrios de un campus vacío.
Bajo la lluvia o bajo el sol, con frío o con miedo de enfermarse, las trabajadoras de la empresa Selime, subcontratada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para la limpieza, siguen llegando todos los días a cumplir su jornada laboral, limpiando superficies que nadie ha ensuciado en meses.
Olga Brenes, presidenta de la seccional Selime-UCR del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) confirmó que mientras las y los conserjes que están en planilla universitaria sólo se presentan a trabajar una vez por semana, ellas acuden todos los días. Aunque sólo un pequeño porcentaje de las oficinas están funcionando, la totalidad del personal de Selime debe apersonarse, así sea para limpiar aceras.
Brenes explicó que en dos momentos durante la pandemia se permitió a una parte del personal permanecer en casa, pero que a partir de la última “falsa alarma” de suspensión del contrato entre la empresa y la UCR, se les indicó que todas deberían reintegrarse. Según comentó, como muchos edificios están cerrados, les asignaron limpiar parqueos, aceras o zonas verdes en desuso por la pandemia.
“El problema es que todo está cerrado y no se contemplaron espacios para cambiarse, para asearse o comer, no hay donde dejar las cosas o calentar la comida”, dijo. Sin lockers y con limitado acceso a baños o comedores, las trabajadoras de limpieza andan con el bolso, la mudada extra, el almuerzo descomponiéndose, la pala y la escoba a cuestas, sin importar el clima o el riesgo.
El contexto de la pandemia ha evidenciado las desigualdades que nos rodean y la universidad no ha sido excepción. El “sistema de castas” que impera en la institución y diferencia catedráticos de docentes interinos, de administrativos o personal subcontratado se ha ensañado contra las más vulnerables, concluyen quienes han estudiado el tema y quienes viven estas inequidades.
Carmen Caamaño, psicóloga y docente líder del proyecto de investigación “Espacio y tercerización: aportes a la comprensión del espacio en la experiencia de trabajo de limpieza subcontratado en la UCR” coincidió en que las injusticias contra esta población se agudizaron en este contexto.
Es la “necropolítica académica en acción”, dice Caamaño, “la universidad y la empresa permitiendo que el sector más vulnerable de la comunidad universitaria, determinado por clase, género y nacionalidad, sea el que arriesgue la vida sin necesidad alguna”.
Posiblemente, dijo la docente, la justificación de ponerlas a limpiar zonas que nadie está usando es justificar el pago del servicio “lo cual es un sinsentido, porque no sólo estamos en una pandemia, sino que los recursos están previstos y por tanto podríamos permitirles quedarse en casa recibiendo su salario”, agregó.
Los tratos groseros en contra de este grupo de trabajadoras no surgieron con la pandemia, desde hace varios años y desde distintos sectores, se han denunciado las inequidades no sólo salariales si no de desprotecciones laborales que les afectan. Incluso, en períodos recientes las autoridades universitarias han debatido posibles soluciones a esta problemática.
Una injusticia de larga data
La política institucional que rigió desde 2016 hasta 2020 dictaba que la universidad disminuiría “progresivamente y con miras a su eliminación, la tercerización de servicios que no responda a una necesidad institucional temporal, tales como los servicios de limpieza y vigilancia, entre otros, de manera que se garantice un trato igualitario en las condiciones laborales de las personas que trabajan para la Universidad”.
Las nuevas políticas, sin embargo, plantean que la UCR “procurará disminuir las contrataciones de servicios de limpieza, vigilancia, transporte u otros similares, y cuando esta se requiera por razones ajenas al control de la Institución, se garantizará que se responda a los principios, valores estatutarios y reglamentarios, normativa laboral nacional e internacional para respetar efectivamente los derechos laborales”.
Este cambio de lenguaje fue calificado en meses anteriores como una “solución realista” por la directora del Consejo Universitario, Madeline Howard, quien señaló que aunque se ha manifestado voluntad de disminuir la contratación de personal tercerizado, este solamente ha aumentado en los últimos años.
Carmen Caamaño explicó que a partir del crecimiento institucional en infraestructura bajo la administración de Henning Jensen “es que se justifica que la Universidad no tiene otra opción más que contratar personal” y agregó que “el mismo rector ha dicho que no hay alternativa porque de un año a otro no se pueden generar tantos puestos”.
“Poco a poco se amplía y se justifica con la idea de que el servicio no se detiene nunca, porque es más barato y más eficiente, es una relación costo beneficio en contraposición con los valores humanistas”, detalló la investigadora.
Olga Brenes explicó que las diferencias con el personal en planilla siempre han sido evidentes. Primeramente, dijo, los salarios de las trabajadoras de Selime son apenas una fracción de los de sus pares, pero además, no se les protege contra el acoso laboral o sexual, se les rebaja el seguro sin que este se pague siempre a la CCSS y se ha despedido personal por afiliarse al sindicato.
Adicionalmente, dijo la dirigente, constantemente deben mantener vigilancia sobre el rebajo de vacaciones, así como el cálculo del aguinaldo o el pago de las cuotas obrero-patronales, pues a menudo hay problemas.
La seccional Selime-UCR de Sitrasep ha denunciado estos tratos injustos en ocasiones anteriores pues según aseguran, muchas de estas prácticas amenazan la existencia de su organización.
En la actualidad, el principal problema para las empleadas de Selime es la incertidumbre, pues tienen vigentes sus contratos de trabajo hasta enero. El concurso para determinar la empresa que dará el servicio en el próximo período recién cerró y en los próximos meses será otorgado, por lo que suponen que habrá una prórroga para Selime, pero no hay notificación oficial que les garantice el empleo más allá de ese momento.
“No somos de la Universidad, a menos que convenga”
La forma en que estas trabajadoras se relacionan con la Universidad, así como otro personal tercerizado que brinda servicios de seguridad o transporte, permite que aunque la institución intente garantizar sus derechos, pueda salvarse de responsabilidad si estos no se cumplen o incluso, si las condiciones de trabajo son ingratas.
“Se hace porque la legislación lo permite y el contexto lo promueve”, explicó Carmen Caamaño.
“La legislación que facilita la subcontratación existe para legitimar un sistema donde las personas trabajadoras no tienen derechos, legitima la flexibilidad laboral y otras cosas que aparecen por ejemplo en el cartel de licitación para este servicio: no pago de vacaciones de fin de año, ni semana santa”, indicó la docente.
Mientras tanto, para las personas empleadas directamente por la universidad hay derechos establecidos, una convención colectiva y un sindicato.“La tercerización abre la puerta para que se haga posible lo que es imposible en el régimen laboral”, concluyó.
Olga Brenes por su parte comentó que es injusto que ella y sus compañeras no sean consideradas como parte de la “comunidad universitaria” en materia de derechos, pero sí deban arriesgar sus vidas continuando sus labores en el contexto actual. Por ejemplo, dijo, fueron ellas en las pasadas elecciones de rectoría y exámenes de admisión las que garantizaron la desinfección de los espacios y de las personas participantes.
“No le voy a mentir, yo me sentí muy honrada el día de la elección, de ser parte de un proceso tan importante para la universidad, para una es un orgullo trabajar para la UCR. El problema es que parece que no es recíproco, porque cuando toca hablar de derechos, ahí se lavan las manos”, dijo.
Caamaño explicó que para la contratación del servicio en años venideros, su proyecto ha señalado que se perpetuan diversas injusticias. El no pago de vacaciones y feriados al tiempo que se exige cumplimiento de derechos laborales, la elección de la oferta más barata independientemente de las condiciones de trabajo y hasta una prohibición de “entablar conversaciones innecesarias con personas particulares o con funcionarios de la Universidad de Costa Rica” son algunas de las irregularidades que el grupo señaló.
¿Más barato?
Según Caamaño, el cartel que cerró hace poco evidencia que la tercerización contradice los valores universitarios y promueve la flexibilidad y precariedad laboral. “El marco que se establece es deshumanizante porque lo único que le interesa es que sea barato, no le interesan las condiciones del personal. El tipo de contrato empuja a las empresas, que ni lerdas ni perezosas, violentan derechos laborales”, explicó.
Olga Brenes informó que desde la seccional Selime-UCR de Sitrasep han denunciado en muchas ocasiones que no existe mayor beneficio para la Universidad pues se pagan altos montos por el servicio, sólo que estos montos no se convierten en salarios.
Por ejemplo, según consta en documentos de la Vicerrectoría de Administración, la Universidad pagó a Selime casi 516 millones de colones por cuatro meses de servicio (de finales de noviembre 2019 a finales de marzo 2020) para que ofreciera a la institución 259,228 horas de servicio, lo que corresponde a poco más de 311 personas laborando tiempo completo (48 horas).
Mientras tanto, confirmó Brenes, durante esos 4 meses, las 310 trabajadoras de Selime trabajaron jornadas de 40 horas, por las que recibieron un pago de 286.000 colones, menos rebajos de ley. Según la documentación, el precio promedio pagado por la institución por hora es de ₡2107.81, pero a las trabajadoras se les paga menos de ₡1640 por hora laborada.
Cabe señalar que el salario mínimo de una persona miscelánea es de ₡316,964.69, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que si se pagaran directamente por la UCR, incluyendo el costo del 26.5% de cargas sociales, ascenderían a ₡497,190,812.7. Es decir, casi 19 millones de colones menos que el precio del servicio actual, eso claro, sin contemplar el crecimiento anual.
Lo más grave de todo, dijo Carmen Caamaño, es que en un contexto de recortes a la inversión pública y de ataques a la universidad “nos hemos creído el argumento de lo barato y de la eficiencia”. En consecuencia, dice, nos hemos acostumbrado a ver las diferencias y no problematizarlas porque “se dan en la empresa privada”, aunque sea una que opera en el mismo campus y con dinero de la universidad.
