La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al gobierno que no se está midiendo eficazmente la aplicación del protocolo para atender a las víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas después de ocurrido el evento.
De acuerdo con la Contraloría, como no se está midiendo el desempeño de las instituciones públicas responsables de realizar esta atención, hay “una limitación para la toma de decisiones oportuna y efectiva en materia de atención de este tipo de casos”.
Así lo señaló la CGR en el “Informe de Auditoría sobre la eficacia de las acciones estatales para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer”, publicado el pasado 25 de agosto.
Se trata del “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual en las primeras 72 horas de Ocurrido el Evento”.
Según este protocolo, las instituciones públicas deben actuar oportunamente para atender a las víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento, proveyendo acceso a terapia antirretroviral post exposición para disminuir la probabilidad de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y enfermedades de transmisión sexual (ETS); proveyendo acceso a anticoncepción de emergencia para impedir el embarazo no deseado producto de la violación; y obtener evidencia para la investigación penal (primordialmente el ADN).
En el año 2008, el Poder Judicial -por medio de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia- y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conformaron un grupo técnico de trabajo para generar este protocolo. En el año 2011 se publicó el protocolo. En el 2012, se aprobó la conformación de los Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación, para mejorar la aplicación del protocolo a nivel nacional. En el año 2014, se complementó con un Manual de Procedimientos de Actuación para dichos equipos.
La CGR detalla que si bien hay unas boletas de registro de casos, para tener información útil para la toma de decisiones y acciones de mejora, sólo las completan las instancias del Poder Judicial. “Todas aquellas instituciones fuera del Poder Judicial no reportan, de manera centralizada, la aplicación de las acciones por cada caso que se atiende”, señaló la CGR.
La Contraloría destacó que existe un proyecto de ley (expediente 23.633), elaborado y presentado a la Comisión de la Mujer por funcionarias del Poder Judicial, para institucionalizar legalmente dicho protocolo. Este plantea el diseño de indicadores de monitoreo, evaluación e impacto en la aplicación del protocolo y la creación de una comisión para monitorear su logro.
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