Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta noche en primer debate el primer presupuesto de la administración Alvarado, por ¢10,9 billones para el año 2019, después de un trámite en el Congreso mucho más expedito del que ha sido la costumbre en los últimos años.
En su paso por comisión, el proyecto enviado por el Gobierno —reconocido como austero por la mayoría de las fracciones— apenas recibió recortes cercanos a los ¢20.000 millones, siendo el más importante el de ¢10.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior, considerado inconstitucional por las universidades públicas.
Los recursos del FEES se movilizaron para el pago de deuda pública, en amortizaciones, como también ocurrió con ¢1.876 millones destinados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la realización de un posible referéndum y otros ¢1.389,8 millones para la compra de automóviles en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lea también: Diputados recortan ¢10.000 millones al FEES para pagar amortización de deuda
Aprobado en primer debate el primer presupuesto de la administración Alvarado con los recortes hechos por los diputados al FEES, entre otros. @SemanarioU pic.twitter.com/4OPnPtVpVu
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) November 20, 2018
Del monto total también se recortaron ¢4.250 millones para reasignarlos a los centros infantiles de atención integral (CEN-CINAI), provenientes de las partidas de control migratorio, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el subprograma de Control de Tabaco del Ministerio de Salud.
El resto de los montos transferidos apenas sumaron ¢132,2 millones, incluidos un recorte de ¢8,7 en la partida de monitoreo de noticias de la Presidencia y de ¢19,5 millones en ayudas a funcionarios del servicio exterior nacional.
Además, se adoptaron transferencias solicitadas por las municipalidades y el Ejecutivo en aras de afinar el destino de las partidas, incluido un aumento por recursos extraordinarios para el Ministerio de Seguridad por ¢2.670 millones.
El segundo debate del proyecto quedará ahora para el próximo 27 de noviembre.
Deuda asfixiante
Antes de la votación, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, de Partido Liberación Nacional (PLN), destacó que si bien el presupuesto es austero, sería un error “invisibilizar” el efecto de la deuda, pues se trata de una abultada aprobación de gastos marcada por un altísimo efecto de ese factor.
En esa línea, invitó al pleno de los diputados a “reflexionar” sobre la insostenible actualidad financiera del país, un “sendero explosivo” marcado por la deuda, elevados gastos e ingresos insuficientes.
“Se ha dicho que es un presupuesto austero y sí, yo comparto que sí, y resalto los esfuerzos que ha hecho el Gobierno y sus crecimientos nominales y todo lo que hizo, como no lo hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís; pero también hay que mencionar que es un presupuesto de ¢10,9 billones que se va a pagar más de en la mitad con deuda. Es como si en una casa la plata no alcanzara y hubiera que utilizar una tarjeta de crédito”, subrayó.
Además, destacó que en la comisión que dirige se aprobaron no solo recortes sino también normas presupuestarias como permitir a las instituciones subejecutar hasta un 7%, de modo que se pueda maximizar el uso de los recursos, algo que también dijo se realizó en campos como la asignación de nuevas plazas.
Junto con la versión aprobada, el Partido Acción Ciudadana (PAC) había presentado un dictamen de minoría para atenuar los recortes en temas como la educación superior; sin embargo, esa versión no encontró mayor eco en el Parlamento.
En el Plenario, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, fue quien más insistió en revertir ese y algunos otros cambios, como los que tocaron al IAFA y a la ley antitabaco, para lo que presentó mociones todos los días, desde el 1 de noviembre, sin éxito alguno. “Este es un parlamento donde cada vez se parla menos”, criticó en su momento.
Austero pero abultado
Si bien el presupuesto de la República crecerá apenas un 1%, sin tomar el cuenta el pago de la deuda pública, ese factor disparará el presupuesto del año 2019 en un 17,5%.
Actualmente, el país gestiona una deuda acumulada que ya supera el límite sostenible para países en desarrollo (50% del PIB), producto de un déficit fiscal sostenido que no ha parado de crecer en los últimos años.
En total, el presupuesto de 2019 contempla un plan de gastos de ¢10,9 billones, de los que un 41,6% corresponderá al pago de intereses y amortizaciones.
Lea también:
- Gobierno envía al Congreso un abultado presupuesto extraordinario de ¢600.045 millones para amortizar su deuda interna
- ¿Cómo el presupuesto más austero de la década creció un 17,5%?
Ese monto crecerá en un 53% en relación con lo que se presupuestó para 2018, síntoma de la enorme diferencia entre gastos e ingresos nacionales que el gobierno buscará paliar con la reforma fiscal y reformas estructurales, según ha reiterado la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
No obstante, el proyecto de presupuesto no contempla los posibles efectos de la reforma fiscal y llega en un momento de “estrechez financiera”, término con el que la ministra Aguilar describe el contexto económico de la Hacienda pública, asfixiada entre obligaciones legales, deudas con vencimientos a corto plazo y tasas crediticias cada vez más difíciles de pagar para el Estado.
Ante ese panorama, la ministra Aguilar señaló días después de la presentación del proyecto que “excluyendo la deuda y el pago de las pensiones, decrecería un 0,8%”; sin embargo, la realidad obliga a pagar las obligaciones ya adquiridas por el Estado.
En el Congreso, el proyecto presupuestario únicamente fue votado en contra por los diputados independientes separados de Restauración Nacional y el republicano socialcristiano, Dragos Dolanescu, quienes alegaron que la contención del gasto, desde su punto de vista, no había sido suficiente a pesar de los esfuerzos de Hacienda.
