El diputado Eli Feinzaig llamó “irresponsables” al grupo de ocho diputados que modificaron el Presupuesto Nacional 2023, para redistribuir ¢81.300 millones del pago de intereses de deuda hacia las partidas de los servicios públicos. Los cambios ocurrieron en la Comisión de Hacendarios, de la que forma parte el jefe del bloque Liberal Progresista (PLP).
Así fue como Feinzaig repitió el mismo calificativo que usó el presidente Rodrigo Chaves contra ellos y que le agrió al Poder Ejecutivo su relación con las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa. El diputado apoya eliminar esos cambios en partidas, a favor de cumplir con lo presupuestado para pagar intereses de deuda, tal y como lo planificó el Gobierno.
Minutos antes de cerrar la sesión de este martes, Feinzaig consiguió un espacio para replicar los latigazos que le propinaron las fracciones mayoritarias y atacó, nuevamente, que los diputados no “meditaron” sobre los efectos de recortar el pago de intereses a favor del presupuesto público.
“Llamar a una acción ‘irresponsable’ no es una ofensa. Empecemos por ahí. Es un señalamiento”, afirmó Feinzaig, quien también leyó la definición de la Real Academia Española (RAE)de la palabra “irresponsable” para explicársela a sus compañeros diputados.
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Los diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberal Progresista (PLP) se opusieron a rebajar recursos al pago de la deuda pública, en favor de instituciones públicas y organizaciones del sector social.
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La tarde de hoy, el plenario legislativo inauguró la discusión del proyecto de ley que consigna el Presupuesto público para el siguiente año. El proyecto debe quedar aprobado en su segundo debate antes del 30 de noviembre.
En su primer bloque de discusión, los diputados que son miembros de la Comisión de Hacendarios presentaron los tres dictámenes que existen del Presupuesto Nacional y por los cuales deberán deliberar el plenario.
Tanto el Liberal Progresista como la fracción de Progreso Social Democrático defienden que el Presupuesto quede con las partidas tal y como se asignaron. No obstante, a diferencia del Gobierno, el dictamen del PLP pide que se incluyan unas normas de ejecución presupuestaria para fiscalizar cómo se gasta el dinero público.
Por su parte, Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República y Frente Amplio defienden un primer dictamen que incluye ese movimiento de los ¢81.300 millones que se destintaron inicialmente al pago de intereses de deuda y se reasignaron hacia programas sociales e instituciones. Este plan es el que terminaría aprobado en el plenario, por mayoría.
“Que pensemos diferente no significa que podamos referirnos de forma irrespetuosa a los demás diputados (…) No puedo admitir que diga que somos irresponsables los diputados que firmaron las mociones del presupuesto. Su discurso fue muy similar al del señor Presidente (Chaves), el cual ofendió a todos los diputados de la Comisión que firmaron a las mociones y a quienes estamos aquí presentes”, acusó la presidenta de la Comisión de Hacendarios y liberacionista, Paulina Ramírez.
“Don Eli, no es lo mismo gasto que inversión. En reiteradas ocasiones dijo que los diputados hicieron gastos. Devolverle los recursos que le quitaron al Conapam (Consejo Nacional de la Persona Mayor) no es un gasto (…) Si devolverle el dinero al (Teatro) Melico Salazar que nos dijeron que no le va a alcanzar el dinero para finalizar el otro año es un gasto, yo lo veo, como dijo el expresidente de la República “para qué tractores sin violines”. No es un gasto, es una inversión”, afirmó el diputado Pablo Sibaja de Nueva República.
En sus respectivos tiempo, la diputada Paulina Ramírez defendió las movidas partidarias a favor de la institucionalidad pública porque “no podemos dejar de pensar en los sectores vulnerables de este país, no podemos dejar a todos esos programas sociales sin recursos, a sabiendas de que probablemente tendrían que cerrarse y tendrían acceso a esos recursos hasta que vinieran un presupuesto extraordinario a solventarlo”.
La liberacionista mantuvo su tesis de que el Gobierno deberá presentar presupuestos extroardinarios para “poder pagar esos recortes que se hicieron”.
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“¿De dónde lo van a financiar? Recursos propios ya no hay más. Esto va a salir de más deuda”, dice Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios.
