La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, asegura que el primer presupuesto de la administración Chaves Robles no tiene “una gran diferencia” con el 2022 y, sin embargo, contiene nuevas penurias.
“Muchos hablan de que podrían tener cierres técnicos”, dijo Ramírez en una entrevista con UNIVERSIDAD el 22 de setiembre.
El Ministerio de Justicia anunció una crisis carcelaria a los diputados. La Cancillería trajo noticias de cierres de embajadas. En esa ocasión, Ramírez interrumpió el debate hipotético para afirmar que “la lógica nos dice que no van a cerrar las embajadas”. Su tesis es que los diputados aprobarán múltiples presupuestos extraordinarios para pagar lo que falta.
“¿De dónde lo van a financiar? Recursos propios ya no hay más. Esto va a salir de más deuda. Maquillaron este presupuesto muy conservador, con poca deuda, apenas un 40%, menor a años anteriores. Pero después van a aumentar la deuda con los extraordinarios”, afirma la diputada.
¿Cómo calificaría al Ejecutivo?
—No tenemos claridad de cuál va a ser la ruta. No hay una gran diferencia de lo que se ha venido haciendo y lo que hay presupuestado.
¿Cuál es su responsabilidad si aprueban faltantes, incluyendo programas que no reciben lo que les corresponde por ley?
—No hay responsabilidad por parte de la Asamblea. La formulación es del Ejecutivo, así se establece por ley. Lo que se negoció, antes de entrar a la Asamblea, es responsabilidad de ellos. Los cambios que se hagan aquí son responsabilidad nuestra.
Aprobar este presupuesto sin cambios. ¿Tomaría ese riesgo?
—Hasta que no terminemos de revisar todo el detalle, no podría dar el criterio.
¿Cuáles temas le preocupan?
—Escuchó lo del sistema carcelario… En todos hay temas sensibles. Incluso si no se ve con importancia a las embajadas, hay convenios internacionales y hay que pagar los alquileres. No puede haber un cierre técnico de las embajadas por falta de pago. Eso tendría una afectación internacional. Es la imagen del país.
No he visto ninguno que yo diga que no es importante. Hasta para este edificio presupuestaron menos de lo que hay que pagar al fideicomiso por mantenimiento y administración.
Anuncios como la venta del BCR generan zozobra. Son decisiones polarizantes, inclusive lo son el presupuesto y el Canciller anunciando embajadas virtuales.
—Hay cosas que uno dice “¿dónde estará el convenio internacional que permita esto?”. No tengo certeza de que existan este tipo de cosas. Igual, no tiene uno certeza de que haya un verdadero estudio sobre el Banco de Costa Rica. Nos hace sentir incertidumbre y nos obliga a estudiar mucho más. Tomar estas decisiones en la Asamblea Legislativa requiere mucha más información que la que tiene contenida ese proyecto.
La Asamblea que acompañó al expresidente Alvarado tomó las riendas de muchas decisiones. Pero los despachos están recibiendo información como el resto de la ciudadanía (por televisión y prensa). ¿Qué lectura tiene de esto?
—La misma que todos. Tengo incertidumbre de cómo van a cumplir sus promesas democráticas, con cuál fuente de financiamiento. ¿Cómo van a bajar el costo de vida? Esto fue una promesa de campaña y más bien ha subido.
No hay avances en inversión, con la problemática de que no hay proyectos grandes siquiera propuestos. Una concesión, un fideicomiso, lo que sea… Solo la venta del BCR, pero eso es para pagar deuda, no para invertir.
No es esa la ruta del país. ¿Salir de la deuda?
—Se vende otra realidad, hay compromisos que se adquirieron con la ciudadanía y no tienen fuentes de financiamientos.
En esas contradicciones, ¿cuál es el rol del Legislativo?
—Control político, fiscalización, investigación. No se puede pasar un proyecto sin análisis ni estudio.
