La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió un oficio de advertencia a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, por tomar acuerdos relacionados con trabajadores independientes junto a la Junta Directiva, sin “criterios técnicos ni legales”.
El pronunciamiento de la Auditoría Interna se da luego de que el 27 de febrero de 2023 en el artículo 2 de la sesión 9.315, la Junta Directiva adoptó cuatro acuerdos en cuanto la abstención de resolver recursos sobre procedimientos determinativos de obligaciones contributivas, así como de realizar actuaciones de embargo y ejecución a partir de esos procedimientos, la suspensión de la condición de morosidad y la posibilidad de suspender un acuerdo.
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Este mismo máximo órgano de la CCSS, el 22 de junio de 2022, en el artículo 7 de la sesión 9.346 retomó el tema, tomando la decisión de prorrogar estas disposiciones por un plazo de 2 meses y que dicho plazo se extendería en caso de que transcurrido este período no se emitiera el Reglamento para implementar la Ley de Trabajador Independiente.
“Preocupa a este Órgano de Fiscalización y Control que la decisiones del Jerarca institucional en materia de gestión de inspección y cobratoria de Trabajadores Independientes adoptadas inicialmente por un periodo de 4 meses en el artículo 2 de la sesión 9.315 celebrada el 27 de febrero de 2023 y postergadas por un plazo adicional de 2 meses en el artículo 7 de la sesión 9.346 del 22 de junio de 2023, no dispusieran de criterios técnicos, ni legales para fundamentar su conveniencia y legalidad”, indicó la Auditoría en el oficio AD-AFINPE-0091-2023, con fecha de 25 de agosto, firmado por el subauditor Randall Jiménez.
Asimismo la Auditoría Interna señaló que seis meses posteriores a su adopción y habiéndose cumplido el plazo de su primer prórroga, seguía sin disponerse de un criterio jurídico sobre la legalidad o no de los referidos acuerdos.
“Esta Auditoría previene y advierte de la situación indicada en el presente oficio, con el propósito de que previo a cualquier decisión que adopte la Junta Directiva en materia de gestión de inspección y cobratoria para Trabajadores Independientes, se disponga de los criterios técnicos y jurídicos necesarios para una adecuada toma de decisiones, en apego de lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) y 12 inciso d) de la Ley General de Control Interno en cuanto al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, así como de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades”, indicó el ente auditor.
Finalmente, la Auditoría Interna recordó a la presidenta ejecutiva de la CCSS que, según el reglamento interno de la Junta Directiva, una de sus funciones es velar porque las decisiones del Órgano Colegiado sean tomadas sobre una base de información oportuna, sólida y correcta.
Estas mismas observaciones se encuentran incluidas en una denuncia realizada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ante la Fiscalía el pasado 3 de agosto.
Esta situación generó incluso que el directivo de la CCSS, Adrián Torrealba, -quien fue uno de los primeros beneficiados por la medida- tuviese que realizar un arreglo de pago ante la institución por ₡106 millones.
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