La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) amplió la denuncia que presentó el pasado 3 de agosto contra el directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Adrián Torrealba, por aparente conflicto de interés.
La acusación se basa en que Torrealba es miembro del cuerpo que ha tomado los acuerdos que han resultado en la suspensión del cobro de millonarias deudas, incluida la suya propia, que según datos certificados por la Dirección de Cobros, asciende a ₡155.6 millones.
El documento original indica que “la suspensión del cobro de trabajadores independientes ha generado que la Gerencia Financiera y la Dirección de Cobros no esté, en principio, cobrando más de 16 mil millones a, aproximadamente, 2000 contribuyentes integrantes de este grupo, sin tener certeza de los intereses dejados de percibir y la afectación en el flujo de efectivo del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte” y agrega que, entre los beneficiados, están tanto Torrealba como otras figuras de poder “que están teniendo estos tratos preferenciales”.
Por eso, piden que se investigue si los acuerdos mencionados “beneficiaron en forma directa al licenciado Adrián Torrealba Navas”, se “determine si los acuerdos en cuestión se encuentran ayunos de los criterios de la Dirección Jurídica, la Dirección Actuarial y Económica y la Gerencia Financiera” y se “investigue si la moción presentada por el Señor Roberto Quirós Coronado, representante de UCCAEP, y acogida por la Junta Directiva, beneficia a este ciudadano en su situación particular de trabajador independiente no cotizante”.
Ahora, agregan a la denuncia una cronología de hechos que, consideran, evidencian “con alto grado de certeza el incumplimiento de los deberes del Señor Adrián Torrealba Navas de evitar el conflicto de interés que surge desde su nombramiento”.
Primeramente, cuestionan que Torrealba haya asumido el cargo cuando tenía una deuda por más de ₡40 millones a pesar de que Ley Constitutiva de la CCSS indica que “no podrá ser parte de la Junta Directiva: los que estén declarados en insolvencia o quiebra, o sean deudores de la Caja”.
También indican que Torrealba “se ha referido en reiteradas ocasiones a temas que le generan una ventaja por la información que accesa y la posibilidad de accionar”.
Por ejemplo, narran que en la sesión 9311 del 9 de febrero de 2023 Torrealba Navas en conjunto con el Roberto Quirós presentaron una moción sobre el tema de trabajador independiente y que en la sesión 9315 se retomó esa moción para acordar “la suspensión de las acciones de cobro a los trabajadores independientes”.
También detallan que en marzo del 2023 Luis Diego Calderón -gerente financiero al momento- dijo a la Junta Directiva que los acuerdos “tenían roce de legalidad con los artículos de la ley constitutiva de la CCSS y podrían provocar un daño patrimonial” pero se tomaron igual y se prorrogaron posteriormente “sin la participación de la Gerencia Financiera, Dirección de Cobros, Dirección Inspección, Dirección Jurídica y Dirección Actuarial”.
Lo más grave, indican, es que el 20 de marzo se conoció con prioridad sobre otros temas una nota de Torrealba “donde solicita que la Junta Directiva le aclare si se encuentra o no como moroso”, situación por la que la directiva llamó al gerente financiero para que dijera el estado actual con la CCSS del directivo lo que “se podría ver como un presunto tráfico de influencias, el aprovechamiento del puesto de directivo y la información en este tema para obtener un beneficio personal”.
La organización sindical señala, tal y como se detalló en el reportaje “Diputado, directivo, hijo de exministro y sobrinos de Pilar Cisneros se beneficiaron de decisión de CCSS de suspender cobro de deudas” que Torrealba Navas fue la segunda persona a la que se le aplicó la medida de suspensión, justo en la misma fecha en la que el Gerente Financiero fue increpado por la Junta Directiva y consideran que la medida misma carece “de fundamento legal, técnico y financiero”.
Adrián Torrealba, dijo que está “esperando que se resuelva mi petición de reducir el plazo de prescripción según nueva ley, lo que no se ha hecho porque no se ha emitido el Reglamento de la Ley del Trabajador Independiente” y que cuando eso suceda, gestionará un arreglo de pago y recalcó que no participó del acuerdo.
Además, dijo que el mismo se tomó porque la Caja “no puede” cobrar montos prescritos por la Ley del Trabajador Independiente. “ANEP pretende que me cobren una deuda de 10 años y no solo de 4, o sea, pretende que la Caja cometa actos ilegales”. Sobre la ampliación de la denuncia, indicó que no conoce el documento aún.
