El directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y exfinancista de Rodrigo Chaves, Adrián Torrealba; el diputado Eliécer Feinzaig; dos sobrinos de la diputada oficialista Pilar Cisneros; y el hijo del exministro de enlace con el Sector Privado, Jean André Garnier, figuran entre los beneficiarios de la decisión de la entidad —tomada en junio— de suspender el cobro de deudas.
Así lo revelan documentos de la CCSS entregados por solicitud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Los archivos revelan que, al momento de la suspensión de cobro —en marzo pasado—, Garnier adeudaba ₡555.2 millones a la entidad, Torrealba debía ₡155.6 millones y los sobrinos de la legisladora —a saber Manuel Pablo y Rafael Cisneros— ₡66.6 millones y ₡33.5 millones, respectivamente.
En los oficios, certificados por la Dirección de Cobros de la CCSS, además, se señala que otras personalidades públicas se beneficiaron con la medida, entre ellos: el diputado Eliécer Feinzaig, quien sostenía entonces una deuda por poco más de ₡20.3 millones y el exlegislador Otto Guevara, quien aparece con una deuda poco más de ₡15.2 millones.
Estas son algunas de las 2010 personas que acumulan deudas con la CCSS y que, gracias a un acuerdo de la Junta Directiva, se beneficiaron de una suspensión de la morosidad hasta el fin de agosto de 2023.
Según consta en actas, se argumentó que la Ley del Trabajador Independiente fue aprobada en setiembre pasado e impide que a un trabajador independiente se le cobren deudas con prescripción mayor a 4 años. Sin embargo, la normativa no ha sido reglamentada ni implementada, por lo que se estaban cobrando las deudas con el modelo anterior (con plazo de 10 años).
Por ese motivo, y por iniciativa del directivo del sector empresarial, Roberto Quirós —entonces representante de los patronos ante la CCSS— se decidió, en marzo, suspender el cobro de deudas por 3 meses y, en junio, se decidió prorrogar la medida hasta agosto. Así, la Caja ha dejado de perseguir las deudas de miles de deudores, que superan los ₡16.679 millones.
Cabe destacar que la primera primera persona a la que se le aplicó la medida fue Garnier, quien es el mayor deudor y el segundo fue Torrealba, cuya deuda es una de las 20 más altas. Se pidió a la CCSS explicar cómo se decidió ese orden, pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Consultados por la “coincidencia” de resultar ellos o sus familias beneficiados, varios políticos descartaron incidencia pero celebraron que la decisión beneficiara “a miles de costarricenses”.
Millonarias coincidencias
André Garnier dijo que nunca tuvo ninguna injerencia y agregó que impacta “a más de 160.000 profesionales”. “Como usted sabe, esa ley la promovió el diputado socialcristiano Pedro Muñoz —un fuerte crítico del Gobierno anterior—, y fue aprobada por la Asamblea Legislativa en abril 2022, casi un año y medio después de mi salida de la función pública”, indicó.
Cisneros señaló —vía mensajes de texto— que la mencionada “NO ES de este gobierno” (mayúsculas son del original), pero que esta “va a beneficiar a MILES Y MILES de trabajadores independientes”. “Ignoro si mis sobrinos están entre ellos, pero es totalmente absurdo pensar que una ley así tiene “nombres y apellidos”, cuando hoy casi la mitad de la fuerza trabajadora está en la informalidad”, agregó.
Feinzaig afirmó que no se le había notificado de ninguna deuda y señaló que en el sitio de la CCSS aparece al día. “Ni el inicio de un procedimiento, ni su suspensión, ni nada más. Me parece muy extraño que me pongan en una lista cuando ni siquiera sé de qué me está hablando”.
La CCSS explicó que todas estas personas aparecen al día en la página web “porque se les aplicó en el Sistema Centralizado de Recaudación la suspensión de la morosidad, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva”, justamente la medida de la que trata esta nota.
Sobre el caso particular del legislador, detallaron que se trata de una “planilla adicional de trabajador independiente de diciembre 2021, facturada el 06 de febrero de 2023, se le aplica la suspensión de la morosidad el 21/04/2023”.
A Otto Guevara también se le consultó, pero el exdiputado no respondió.
Por su parte, Adrián Torrealba, dijo que está “esperando que se resuelva mi petición de reducir el plazo de prescripción según nueva ley, lo que no se ha hecho porque no se ha emitido el Reglamento de la Ley del Trabajador Independiente” y que cuando eso suceda, gestionará un arreglo de pago.
La ANEP sostiene que es “sospechoso” que Torrealba esté entre los primeros y mayores beneficiarios directos de esta medida, pues la tomó un órgano al que pertenece y en el que participa con voz y voto, aunque en las sesiones en que se discutieron puntualmente estas medidas, se ausentó.
¿Conflicto de interés?
El jueves 3 de agosto, la ANEP presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que investigue el aparente conflicto de interés que existe al ser Torrealba miembro del cuerpo que ha tomado estos acuerdos que le han beneficiado.
El documento indica que la “Junta Directiva de la CCSS ha venido tomando acuerdos desligándose de los criterios técnicos, financieros, legales e, inclusive, en tela de duda, de los actuariales” y cuestiona varias decisiones, como la suspensión del cobro a trabajadores independientes.
“La suspensión del cobro de trabajadores independientes ha generado que la Gerencia Financiera y la Dirección de Cobros no esté, en principio, cobrando más de 16 mil millones a, aproximadamente, 2000 contribuyentes integrantes de este grupo, sin tener certeza de los intereses dejados de percibir y la afectación en el flujo de efectivo del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte” señala y agrega que, entre los beneficiados, están tanto Torrealba como otras figuras de poder “que están teniendo estos tratos preferenciales”.
Por eso, piden que se investigue si los acuerdos mencionados “beneficiaron en forma directa al licenciado Adrián Torrealba Navas”, se “determine si los acuerdos en cuestión se encuentran ayunos de los criterios de la Dirección Jurídica, la Dirección Actuarial y Económica y la Gerencia Financiera” y se “investigue si la moción presentada por el Señor Roberto Quirós Coronado, representante de UCCAEP, y acogida por la Junta Directiva, beneficia a este ciudadano en su situación particular de trabajador independiente no cotizante”.
“Su actuación parece trascender el interés general para obtener beneficios directos y, posiblemente, podríamos estar en presencia de un presunto conflicto de interés”, señalan.
Albino Vargas, secretario general de la organización, dijo que le parece “escandaloso lo que sucedió y, por lo menos, debería la Fiscalía fijarse si hay algo anómalo”. Aclaró que no basta que Torrealba se apartara de la votación, sino que debió separarse del cargo.
Vargas dijo que el cuestionamiento no es a la decisión tomada por la Junta Directiva, pues beneficia a “mucha gente de bien”, sino al actuar de Torrealba como directivo, cargo que, afirma, nunca debió asumir pues, desde que se le nombró, estaba moroso con la entidad.
Torrealba recalcó que no participó del acuerdo y dijo que el acuerdo se tomó porque la Caja no puede cobrar montos prescritos por la Ley del Trabajador Independiente. “ANEP pretende que me cobren una deuda de 10 años y no solo de 4, o sea, pretende que la Caja cometa actos ilegales”. “Mi posición es que esa deuda que menciona ANEP es ilegal”, concluyó.
