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Agricultores fronterizos afirman que proyecto de ley DUA busca lucrar con el ambiente

Según el Minae, el proyecto resolverá un problema de tenencia de la tierra en áreas protegidas y 245 poblados que se beneficiarían con esta nueva figura jurídica.

La presidenta de la Asociación de Agricultores Fronterizos, Mireya Zamora Alvarado, argumentó su oposición al proyecto “Ley para la regulación del Patrimonio Natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)”, explicando que es “un caballito de batalla para lucrar con el ambiente”; que no define qué es patrimonio natural del Estado; que no tiene estudios previos; y que no le sirve ni a los habitantes de estas zonas ni a las instituciones del Gobierno.

Zamora expuso su posición esta mañana ante la Comisión Especial de Zonas Costera y Fronterizas de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de la llamada “Ley DUA” (Expediente 22.391).

De acuerdo con Zamora, el proyecto de ley no define qué es patrimonio natural del Estado y está considerando que todas aquellas comunidades y poblados ubicados dentro de la franja fronteriza caben dentro de esta categoría o no lo aclara. “Cuando vienen y hablan del patrimonio natural del Estado, uno piensa inmediatamente en la parte del medio ambiente, los manglares de Puntarenas, Sierpe, Upala, Medio Queso, Caño Negro, ¿pero las comunidades son patrimonio natural del Estado?”

También apuntó que no está sustentada en estudios previos, no precisa el número de familias en esta situación porque no tienen estudios técnicos al respecto. “Dicen que aquí se esta saldando una deuda; pero no es cierto, no hay estudios previos, la Sala Constitucional va a rebotar esta ley”, dijo.

Según Zamora, la iniciativa “inventa un derecho ambiental” solo porque se busca “lucrar” con el medio ambiente y “solo le sirve a la burocracia” del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Por último, afirmó que “no le sirve ni a los habitantes de estas zonas ni a las instituciones del Gobierno”. Indicó que deja a todas las familias que viven dentro de la franja fronteriza “amarradas”

bajo un “régimen totalitario” que les daría un título de derecho de utilidad ambiental pero que al mismo tiempo les borra el derecho de posesión. “¿Acaso con ese derecho de utilidad ambiental se va a poder tener acceso a un préstamo?”, preguntó.

“Esto no beneficia a nadie, las autoridades del Gobierno no están preparadas para esto. No le sirve para nada a los habitantes ni a las instituciones del Gobierno. “¿Qué pasará con las patentes que cobran todas las municipalidades en estas zonas o con la Ley de Senasa, que entra a fiscalizar a los habitantes de esta zona?, ¿Qué vamos a hacer con todo esto?”, preguntó Zamora.

Para ella, la ley no habla de las familias que están ahí y que tienen que producir arroz, frijoles, tubérculos, para vivir. “La gente tiene miedo; además, la moratoria se vence”, mencionó refiriéndose a que el 28 de junio vence el tiempo de moratoria para frenar los desalojos de los residentes en zonas fronterizas, zona marítimo terrestre y de patrimonio natural.

Sin embargo, después de su intervención, ningún diputado ni diputada respondió a estos cuestionamientos.

Zamora dijo que asistió en representación de personas afectadas que viven en poblados ubicados en zonas fronterizas y la moción para convocarla a audiencia la presentó la diputada liberacionista María José Corrales.

La justificación del Minae

El Ministerio de Ambiente (Minae) coordinó el proceso para redactar la iniciativa, por mandato del presidente Carlos Alvarado.

Según quienes proponen el proyecto, se busca reconocer a sujetos privados “pobladores”, que por distintas circunstancias viven actualmente en terrenos que son parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).

La iniciativa permitiría que estas personas tramiten de forma administrativa un “derecho de utilidad ambiental”, que sería una “herramienta jurídica registral”, válido por un periodo de 40 años prorrogable, que les reconocería derechos adquiridos en relación a los terrenos donde viven. El proyecto de ley también abre la posibilidad para que personas jurídicas y sin fines de lucro puedan recibir estos derechos de uso

Abarcaría áreas silvestres protegidas, como reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. Solo excluye Parques Nacionales, Reservas Biológicas y la zona marítimo terrestre (ZMT).

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