El plan que apoya el Ejecutivo para beneficiar familias que ocupan terrenos en áreas protegidas podría rozar con el artículo 50 de la Constitución Política, por falta de una justificación técnica y jurídica, según indicó el procurador General de la República, Julio Jurado.
El criterio de Jurado fue entregado a los diputados este lunes, durante una sesión con la Comisión Especial de Zonas Costeras. Después de ser presentado y acuerpado por el Ejecutivo, en febrero pasado, esta es la primera audiencia que recibe el proyecto de ley conocido como la Ley Dua (el expediente lleva por nombre Ley para la Gestión y Regulación del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental, 22.391).
Jurado aseguró que “El proyecto tiene que contar con un fundamento técnico y científico claro” porque no lo tiene.
“Si no existe el criterio técnico y científico, podría ser declarado inconstitucional (…) Debe demostrar que la ocupación irregular o ilegal en el patrimonio natural del Estado tiene una magnitud y amplitud que justifique las reformas propuestas”, afirmó Jurado quien, antes de ser Procurador, fue director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
La propuesta de ley crea el Derecho de Utilidad Ambiental (DUA) que “faculta a particulares para ejercer algunos derechos sobre el dominio de bienes inmuebles propiedad del Estado o entidad competente”.
En la misma audiencia, la procuradora Elizabeth León le informó a los diputados que pese a que se informa que el proyecto no incluye dentro de las áreas aplicables para el DUA a los Parques Nacionales y Reservas Biológicas, el proyecto no las excluye del artículo de prohibiciones de algunas actividades.
Esta lista de actividades enumera que no se pueden permitir la “exploración y explotación de minerales o hidrocarburos”, “proyectos hidroeléctricos”, entre otras actividades productivas que podrían afectar los ecosistemas. Pero, el procurador General criticó que el mismo artículo dice que se darían concesiones para actividades que tengan usos permitidos por el “Plan general de manejo o Instrumento de Gestión de Recursos Naturales”, lo cual podría ser puerta para otorgar permisos de forma política.
“En realidad, estamos pasando de un modelo en el que solo se hace lo que la ley permite a un modelo donde se hace todo aquello que no esté prohibido por la ley”, afirmó Jurado.
Tras ser consultado por la diputada de Nueva República, Carmen Chan, sobre el caso específico de familias que viven en Barra del Colorado, el procurador General rechazó dar cuentas de casos específicos.
Jurado aseguró que existen casos de “ocupación ilegal” de familias que tienen casas en zonas como esa, el área protegida de Golfo Dulce, o el manglar de Sierpe. Pero también manifestó que la ley no es específica para las particularidades de estas ocupaciones, sino que establece una norma general para todo el Patrimonio Natural.
“Cuando se trata de una norma general, hay que tener en mente que el estudio científico técnico que lo justifique tiene que ser general”, afirmó Jurado.
Tiempo y falta de dinero amarran a plan DUA
El socialcristiano Óscar Cascante acusó que esta ley tendrá los mismos problemas que la vetada Ley de pesca de arrastre para el camarón, por cuanto requiere estudios técnicos antes de aprobarse la legislación.
“Si no conseguimos los recursos para estos estudios, estamos perdiendo el tiempo”, afirmó Cascante.
El proyecto de la ley DUA “nace del impulso de varios diputados y diputadas acompañados por un equipo del técnico interinstitucional del Poder Ejecutivo”, según afirma el comunicado de prensa que Casa Presidencial emitió en febrero pasado. La primera firma del proyecto de ley pertenece al diputado Víctor Morales, quien es miembro de la Comisión de Zonas Costeras pero que no estuvo presente durante la audiencia de la Procuraduría General.
Antes de iniciar la sesión, el diputado Morales discutió con el diputado Cascante sobre los tiempos de este plan de ley.
El próximo 28 de junio, las autoridades municipales tendrían que desalojar habitantes en la zona marítimo terrestre y, también, en la zona urbana litoral que se considere patrimonio natural. Según explicó Morales, tras una votación del plenario, las autoridades tienen una prórroga de seis meses, por lo que el proceso podría comenzar en diciembre.
No obstante, los diputados buscan con el plan DUA una solución más permanente para familias “cuya única propiedad se ubica en un terreno en un Área Silvestre Protegida o que está constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales”, según dice la información de Casa Presidencial.
