Más de 180 personas han muerto y 2.200 han sido detenidas desde el golpe de Estado perpetrado por lo militares el 1 de febrero, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos.
Unos 800 trabajadores ferroviarios participan en el movimiento de desobediencia civil, que incluye profesionales de medicina, docentes, empleados de compañías eléctricas y muchos funcionarios que dejaron de trabajar desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
Las fuerzas de seguridad volvieron a recurrir a las armas de fuego para reprimir las concentraciones de prodemocracia en Rangún, la capital económica, además de ciudades como Monywa, Mandalay o Myingyan.
Conocida en el argot militar como "falsos positivos", esta práctica escabrosa de contar a víctimas civiles como bajas en combate arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de conflicto.
Rusia y China, apoyos tradicionales del ejército birmano, aportaron sin sorpresa su aval a Birmania. Sus embajadores ante Naciones Unidas aseguraron que se trata de un "asunto interno" que necesita un "diálogo" entre las partes interesadas.
La operación provocó el desmantelamiento de “importantes sectores de la economía nacional, principalmente de la industria petrolera y de su cadena de suministros, como la construcción civil, la metalmecánica, la industria naval, la ingeniería pesada, además del programa nuclear brasileño”.
El sacerdote español Francisco Ortega dice que la mayoría de los migrantes que buscan conseguir el sueño americano son hondureños y guatemaltecos. Ellos lo intentan entre tres y cuatro ocasiones.
El partido de la Premio Nobel de la Paz obtuvo una aplastante victoria en las elecciones legislativas de noviembre, que sin embargo la cúpula militar se ha negado a aceptar alegando desde hace semanas un supuesto fraude.
Exrepública soviética busca integrar la alianza militar, a pesar de la oposición de Moscú que considera esta eventual adhesión como un ataque a su esfera de influencia.
El general retirado Walter Martos, quien era ministro de Defensa, reemplaza a Pedro Cateriano, a quien el Congreso negó el martes un voto de confianza y debió renunciar solo 20 días después de haber asumido.
