El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, enfrenta el desafío de reposicionar el papel de EE.UU. en el mundo, posterior a los problemas creados por decisiones de la administración Trump.
Smantha Power, directora senior del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el primer período del presidente Barack Obama, en el cual después se desempeñó como embajadora de las Naciones Unidas, planteó algunas alternativas en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs en enero pasado.
Titulado El poder de poder hacerlo (The can-do Power). Power reivindica la capacidad de Estados Unidos para retomar un liderazgo mundial. Para esto sugiere tres áreas de trabajo; la distribución de las vacunas contra el COVID-19; mayores facilidades para que extranjeros estudien en los Estados Unidos; y la lucha contra la corrupción, tanto en el país como en el extranjero.
Entre las conversaciones divulgadas (Intercep Brasil) hay una que revela una relación entre la jueza Gabriela Hardt (que asumió el cargo del juez Moro cuando este fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro) y el propio Moro. Siendo ambos casados (no entre sí), la jueza amenazó con demandar a quien se refiriera al caso.
Es esta última propuesta –que Power llamó Corruption crackdown, para la cual pidió una política de “alto perfil”–, la relacionada con el tema de este artículo.
“Los Estados Unidos es el núcleo de un sistema financiero global que entre 1999 y 2017 movió por lo menos dos millones de millones en fondos vinculados a traficantes de armas, de drogas, lavadores de dinero, evasores de sanciones y funcionarios corruptos”, afirmó.
La observación de Power apunta más bien a las posibilidades políticas que esta lucha contra la corrupción le ofrece a Washington.
En el artículo se recuerda que, en años recientes, “las revelaciones de que la constructora brasileña Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en América Latina, destruyó importantes líderes políticos y alteró la política en una docena de países de la región”.
Operaciones Devastadoras
En el caso de Brasil –como sabemos hoy– el resultado de esas operaciones fueron devastadoras.
La operación Lava-Jato, llevada a cabo por un grupo de jueces y fiscales de provincia, fue, durante años, presentada por Estados Unidos como modelo de lucha contra la corrupción.
“Lanzada en marzo de 2014 con el objetivo de investigar el desvío de recursos en la Petrobras (estatal brasileña de petróleo), la Lava Jato terminó removiendo duramente las estructuras del sistema político en sus primeros cuatro años”, se podía leer, el pasado 3 de febrero, en una nota de la alemana DW sobre lo que llamó el “fin melancólico” del grupo más beligerante de la Lava Jato, que operaba en el estado sureño de Paraná.
No era historia nueva. Ya en 2013 Edward Snowden, el analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, había revelado los intereses de la Agencia en empresas brasileñas, especialmente Petrobras y las grandes constructoras, como Odebrecht.
Se acaba de descubrir las enormes reservas del Pre-sal, en la costa central brasileña, ante lo cual el programa de la NSA, cuyos fines declarados eran proteger a los Estados Unidos de amenazas terroristas, se enfocó a objetivos puramente comerciales en Brasil.
En septiembre de 2018, en el marco de las investigaciones de la Lava-Jato sobre irregularidades cometidas por la Petrobras, la empresa firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores Inmobiliarios de los Estados Unidos, por el que pagaría $853 millones para poner fin a esas investigaciones.
Se trataba de actuaciones irregulares de exdirectores y exejecutivos de la empresa en la bolsa norteamericana. La empresa fue acusada de adulterar registros contables para facilitar el pago de sobornos a políticos y partidos en Brasil.
Pero después estalló otro escándalo, pues se revelaron negociaciones para que gran parte de esa multa fuese entregada al ministerio público de Brasil, y manejada por los mismos fiscales de la Lava-Jato. Esto a cambio de entregar información confidencial de Petrobras al gobierno norteamericano. Un negocio redondo y de extraordinarias repercusiones estratégicas, tanto en lo económico como en lo político.
El largo brazo de la Lava Jato
En julio del 2019, cuando Intercept Brasil, ya había divulgado las primeras informaciones de la llamada Vaza Jato, con denuncias sobre los manejos ilegales de la Lava Jato, vinieron a Costa Rica dos fiscales de Río de Janeiro a cargo de las investigaciones, con el objetivo de participar en un taller sobre la persecución de delitos de corrupción y lavado de dinero. El patrocinio de la actividad era del gobierno de Estados Unidos.
“El Taller se desarrolló bajo la coordinación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial”, se puede leer en una página del Poder Judicial de Costa Rica.
Se trataba de un proyecto de cooperación bilateral entre el Poder Judicial de Costa Rica, la Embajada de los Estados Unidos y el National Center for State Courts, denominado “Fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema detección de fraude o corrupción y métodos anticorrupción”, el cual patrocinaba la venida a Costa Rica de los procuradores de la Lava Jato carioca, José Augusto Simões Barros y Carlos Alberto Gomes Aguiar.
Ya entonces se comenzaron a difundir las arbitrariedades cometidas por la operación Lava Jato en Brasil, sin que se conociera todavía la extensión y la gravedad de los abusos cometidos.
Pero en opinión de los procuradores cariocas, publicada por el diario La Nación, los cuestionamientos que se hacían “al juez Sergio Moro por supuestas irregularidades en el proceso que desembocó en la detención del popular expresidente Luiz Inácio Lula da Silva” carecían de fundamentos y estaban “enfocados en ‘debilitar jurídicamente’ la captura del exmandatario socialista”.
El objetivo de las filtraciones –afirmaron– era “afectar la reputación de las personas que están trabajando en torno al Lava Jato”. En su opinión, las conversaciones del juez Moro con los fiscales –inacetables en cualquier sistema judicial– eran “conversaciones normales entre personas que están investigando un tema. Es nuestro trabajo”, afirmó Aguiar.
“Nuestra actuación no fue contra los políticos, porque la actividad política es imprescindible para una sociedad. Nuestra actuación fue contra el crimen organizado. Contra los que se travestían de políticos para practicar crímenes. Nuestra actuación fue contra los corruptos. Es natural que ellos reaccionen afirmando que actuamos políticamente”, dijeron después, en una conferencia en el Colegio de Abogados de Costa Rica.
Neoliberalismo y privatizaciones
En julio del año pasado, la economista Rosa Marqués, profesora de la Universidad Católica de São Paulo, publicó un estudio sobre los efectos de la Lava-Jato sobre la economía brasileña.
La operación provocó el desmantelamiento de “importantes sectores de la economía nacional, principalmente de la industria petrolera y de su cadena de suministros, como la construcción civil, la metalmecánica, la industria naval, la ingeniería pesada, además del programa nuclear brasileño. O sea, la operación produjo perjuicios económicos por lo menos tres veces superiores a todo lo que estimó desviado por la corrupción”.
Citando otros estudios, Marqués afirmó que en tres años, entre diciembre de 2013 y diciembre del 2016, Petrobras redujo el número de sus empleados de 446 mil a poco más de 186 mil.
Más importante aún, que los efectos de la Lava-Jato sobre el desempeño de esas empresas, fue el resultado sobre la economía del país, dice la economista: el desmantelamiento de esos sectores económicos aceleró un proceso que ya se había iniciado con las subastas de las mejores áreas del pre-sal, entregadas al gran capital extranjero.
Una agenda regresiva –afirma Marqués– de una agenda neoliberal de la que hacía parte Lava-Jato.
Nuevas denuncias
Las primeras revelaciones hechas por Intercept Brasil sobre las ilegalidades de la Lava-Jato, sobre sus objetivos políticos, quedaron empequeñecidas luego de la divulgación, el mes pasado, de las conversaciones entre el entonces juez Moro, el procurador Deltan Dellagnol, y el equipo de la Lava Jato en Paraná.
Entre las conversaciones divulgadas hay una que revela una relación entre la jueza Gabriela Hardt (que asumió el cargo del juez Moro cuando este fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro) y el propio Moro. Siendo ambos casados (no entre sí), la jueza amenazó con demandar a quien se refiriera al caso. Lo cierto es que, en redes, ya se comenta que los dos discutían, en el motel, las sentencias que luego dictaminarían contra Lula y otros acusados.
Hardt asumió el cargo en medio de especulaciones sobre que sería aún más dura que el juez, en su trato al expresidente Lula, objetivo principal de la Lava Jato. Y lo fue. Entre otras cosas, no le permitió salir de la cárcel para asistir al entierro del hermano.
La divulgación por la revista Veja de parte de ese archivo “es suficiente para impedir definitivamente, no la operación en sí, ya suficientemente desmoralizada, sino el propio sistema penal brasileño”, afirmó el periodista Luis Nassif, el pasado 29 de enero.
En el futuro –agregó el periodista– “habrá un balance de la destrucción del país, que busca someterlo a la financierización más nefasta, concentradora de renta, destructora de los derechos sociales básicos, destructora de empleos y empresas, asociada con un genocida que un día será juzgado y preso en un tribunal internacional”.
Como está claro hoy, todo el operativo de Lava Jato terminó con un solo objetivo principal: impedir que Lula fuera candidato en las elecciones del 2018, en la cual era el favorito. Su condena –violando todos los procedimientos judiciales, como está demostrado hoy– y el encarcelamiento –con la consecuente pérdida de derechos políticos, de acuerdo con la legislación brasileña– permitieron a Bolsonaro ganar las elecciones y transformarse en el presidente de Brasil.
“No son pocos los cientistas políticos que afirman que los excesos bombásticos de la Lava Jato terminaron por alimentar un sentimiento de antipolítica en varias camadas de la población que pavimentaron el camino para que un radical de extrema derecha como Bolsonaro tuviera mayor aceptación en una elección”, afirmó en su nota la DW.
Crisis sin fin
Fue la misma DW quien tituló “crisis sin fin: el segundo año de Bolsonaro”, un artículo publicado el pasado 30 de diciembre, en el que se analizaba la mitad del mandato de cuatro años del presidente.
La expresión más dramática de esa crisis es el manejo de la pandemia, y probablemente, la situación de Manaos, la capital del Amazonas, la que expresa con más fuerza ese dramatismo.
“Es aterrador lo que está pasando en Manaos. La gente del Amazonas está destrozada. Manaos se transformó en una interminable película de terror. Son millares de dolores humanos muy profundos. Hijos, padres, hermanos y amigos, devastados por la pérdida de sus seres queridos”, publicó Antonio Lisboa en su Facebook el pasado 28 de enero.
“He editado, traducido y subtitulado muchos videos en los últimos años, con imágenes de reportajes internacionales sobre los más variados temas relacionados con Brasil y vi muchos otros más. Pero los que estoy subtitulando desde ayer no se comparan con nada de lo que ya vi”.
Se había acabado el oxígeno, los enfermos estaban muriendo sin poder respirar, mientras el presidente decía que no era su responsabilidad garantizar el suministro de oxígeno a los hospitales.
“El presidente perdió su humanidad”. Al presidente no le interesa, lo ignora; eso es gravísimo, dijo el arzobispo de Manaos, monseñor Leonardo Steiner.
Detrás de todo esto está un modo de gobernar que se ha llamado neoliberalismo. El hambre va a volver a afectar nuevamente con fuerza al pueblo brasileño si se confirma la decisión del gobierno de no renovar la asistencia de emergencia. Estudios señalan que esta medida echará a 63 millones de brasileños por debajo de la línea de pobreza y 20 millones en extrema pobreza. Los pobres son muchos, me temo que habrá una convulsión social, agregó.
Brasil, con cerca de 9,5 millones de casos y con 230 mil muertos, solo está detrás de Estados Unidos, que tiene más de 475 mil en esos números trágicos.
El fracaso frente a la pandemia se repite monótonamente en todas las áreas de acción del gobierno, afirmó el economista José Luis Fiori, en un artículo publicado el 31 de diciembre.
El país enfrenta una amenaza de apagón energético y un deterioro de su infraestructura y de su posición en los diversos indicadores de calidad de vida de la población.
“Es imposible completar el balance de los escombros de este gobierno sin hablar de la destrucción de la imagen internacional de Brasil, conducida de forma explícita y alevosa por el idiota bíblico y delirante que ocupa la cancillería. El mismo que comandó la tragicómica ‘invasión humanitaria’ de Venezuela en 2019, al frente del fracasado Grupo de Lima; el mismo que fracasó en su intento de imitar los Estados Unidos y promover un cambio de gobierno y de régimen en Bolivia mediante un golpe de Estado”, dice Fiori.
¿Cómo se sustenta este gobierno, a pesar de la destrucción que va dejando en su camino? La respuesta está hoy absolutamente clara, concluye: es un simulacro de un gobierno militar. El presidente es un capitán y el vice, un general de la reserva. Once de los 23 ministros son militares, “al frente de un verdadero ejército de 6.157 oficiales de la activa y de la reserva que ocupan puestos claves en diferentes niveles del gobierno”.
Fiori recuerda, finalmente, que fue el entonces comandante del Ejército general Eduardo Villas Boas, quien decidió, en 2018, avalar y tutelar personalmente “la operación que llevó a la presidencia del país a un psicópata agresivo, tosco y despreciable, rodeado por un bando de desgraciados sin principios morales alguno, y de verdaderos bufones ideológicos que, todos juntos, hacen como si gobernaran Brasil desde hace dos años”.
