El lunes el Poder Ejecutivo convocó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, a sesiones extraordinarias; sin embargo, dos días después lo desconvocó para que los diputados únicamente se concentren en aprobar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y se avance en la agenda negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque Costa Rica fue uno de los dos países proponentes del Acuerdo de Escazú para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente, junto con Chile, la Asamblea Legislativa aún no ratifica dicho convenio internacional, que obligaría a los Estados a prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra las personas defensoras del ambiente.
El Acuerdo entrará en vigor el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra; pero no en el país, si el Gobierno no lo ratifica antes. Hasta el momento, ha sido firmado por 24 países y ratificado por 12, según datos de las Naciones Unidas al 15 de abril.
El convenio fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa en febrero de 2020; pero fue enviado a consulta ante la Sala Constitucional por un vicio en el procedimiento. Posteriormente el proyecto volvió a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea, la cual deberá corregir el vicio. Luego deberá votarse de nuevo en primer y segundo debate.
Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril y Costa Rica aún no lo ratifica, aunque lo propuso
Este convenio internacional obligaría a los Estados a prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra las personas defensoras del ambiente.
Desde el 22 de marzo UNIVERSIDAD consultó a Presidencia por qué el Poder Ejecutivo no incluyó el Acuerdo en la primera convocatoria de proyectos para sesiones extraordinarias y cuándo lo convocaría.
El 9 de abril la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, respondió: “Hemos estado generando diversas convocatorias y se prevé que una vez que se supere la fase de reiteraciones sobre empleo público, retomaremos las convocatorias de forma progresiva, no solo contemplando los proyectos previamente convocados como otros que se encuentran en proceso de integración”.
El pasado lunes 12 de abril, el presidente Carlos Alvarado y la ministra Dinarte emitieron el Decreto Ejecutivo 42895-MP, que amplió la convocatoria a las sesiones extraordinarias y el Acuerdo de Escazú fue uno de los 181 proyectos convocados.
En un comunicado de prensa, Dinarte declaró que “cada ampliación a sesiones extraordinarias responde a un diálogo permanente y a un trabajo conjunto con las fracciones, diputados y diputadas independientes para priorizar los proyectos de ley que requiere el país”.
Sin embargo, el miércoles 14 de abril, el Ejecutivo desconvocó todos los proyectos.
En un video publicado en Facebook, la ministra Dinarte indicó que el Gobierno se veía llamado “a facilitar las condiciones que sean necesarias para que en estas sesiones extraordinarias se logre la aprobación del proyecto de Empleo Público” y que por eso habían enviado “una desconvocatoria de los proyectos que recién ingresaron esta semana, con el afán de facilitar que el plenario pueda abocarse al concluir la primera fase del trámite legislativo de esta iniciativa de ley”.
Esto se dio después de que en el plenario el Partido Acción Ciudadana (PAC) no consiguiera los votos suficientes para continuar las sesiones extraordinarias de concentración en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
El Acuerdo de Escazú, un convenio internacional para proteger los defensores del ambiente y consolidar sus derechos, es el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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