Aunque Costa Rica fue uno de los dos países proponentes del Acuerdo de Escazú para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente, junto con Chile, aún no ratifica dicho acuerdo, el cual quedó estancado en la Asamblea Legislativa justo después de que las cámaras empresariales manifestaron su tajante oposición.
El 4 marzo de 2018 el Gobierno de Costa Rica firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú; pero aún no lo ha ratificado la Asamblea Legislativa.
El Acuerdo, que fue gestado en Costa Rica, entrará en vigor el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Sus negociaciones fueron lideradas por Chile y Costa Rica -dos de los países que aún no lo ratifican -.
El Acuerdo de Escazú, un convenio internacional para proteger los defensores del ambiente y consolidar sus derechos, es el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Hasta el momento, ha sido firmado por 24 países y ratificado por 12, según datos de las Naciones Unidas al 5 de abril.
El pasado 16 de marzo el presidente Carlos Alvarado participó en la ceremonia de apertura del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. En el acto, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, precisamente se refirió a su importancia.
“Nos complace informar que este Acuerdo de Escazú va a entrar en vigor el próximo 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, porque este es un acuerdo que habla, y no solamente habla, sino que dicta una serie de normativas con respecto al acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Y es el único en su tipo que protege, por ejemplo, los derechos de los activistas ambientales; el único en el mundo que protege los derechos humanos de aquellos que dan la vida por la vida, de aquellos activistas ambientales que nos están tratando de cuidar”, dijo Bárcena.
Numerosos casos de amenazas, criminalización y asesinatos
¿En qué consiste exactamente la protección especial que se daría a las personas defensoras del ambiente con este Acuerdo? ¿Cómo cambiaría concretamente su realidad?
Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó a UNIVERSIDAD que por primera vez en un tratado de derechos humanos, se obliga al Estado a prever un marco especial para quienes defienden el ambiente.
“Va aún más allá, al obligar también a los Estados a prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Nada de esto existe en la actualidad y lo hemos visto de manera reiterada en Costa Rica, con, además de muertes, acciones intimidatorias de todo tipo, incluyendo acciones por presunta difamación, denominadas en la doctrina anglosajona SLAPP actions, que buscan intimidar a un líder campesino o ecologista que busca defender a su pequeña comunidad, acusándolo falsamente de difamar a un empresario”, detalló Boeglin.
SLAPP significa demandas judiciales estratégicas contra la participación pública (“strategic lawsuit against public participation”).
Boeglin enfatizó que en Costa Rica no existe ninguna legislación anti-SLAPP, como las adoptadas en otras latitudes para limitar las acciones legales abusivas que buscan intimidar a un defensor del ambiente.
“Vimos en el caso de Crucitas, que ninguna de las cinco demandas planteadas por la empresa Infinito Gold prosperó en los tribunales. En el caso de Jorge Lobo y mío, las dos demandas fueron cada una por un monto fantasioso, de 500 millones de colones cada una, que ilustra muy bien el carácter intimidatorio que persiguen este tipo de acciones legales que carecen de todo sustento”, mencionó.
“Por ejemplo, ante el clima de total impunidad que prevalece en Costa Rica cuando se asesina a un ecologista, o a un líder comunitario, campesino o indígena, se obligaría al Estado a establecer un mecanismo específico para investigar ese tipo de muertes”, dijo Boeglin.
El profesor puso como ejemplo el caso de Jairo Mora, joven ecologista asesinado en junio de 2013 por su defensa de las tortugas baula en Moín, Limón.
“Fuimos varios en exigir la creación de una Comisión de la Verdad, a sabiendas de las limitaciones de todo tipo del OIJ y de la Fiscalía para investigar correctamente este tipo de hechos. Esas limitaciones se confirmaron de nuevo en el caso de Sergio Rojas, en 2019, y de Yerhy Rivera, en 2020.
El líder indígena de Salitre Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019, y desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado protegerlo porque su vida corría peligro. En febrero se cumplió un año del asesinato impune del líder indígena bröran Yehry Rivera.
La organización Escazú Ahora Cr también aboga por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Según el grupo, conformado por jóvenes pertenecientes a Fridays for Future, Red de Juventudes y Cambio Climático de CR y Green Wolf, en el artículo 9 del documento se establece que se garantizarán espacios seguros para las personas, grupos o colectivos que defienden los derechos humanos en temas de ambiente, buscando entornos libres de amenazas o inseguridades.
“Se espera que concretamente las personas defensoras del ambiente logren acceder al derecho de espacios seguros y protegidos para manifestarse y expresarse con libertad, y sin miedos”, dijeron los jóvenes.
Según registró el libro “Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, en el país se contabilizan 13 asesinatos de personas defensoras del ambiente entre 1975 y 2020, además de 21 amenazas de muerte, 10 incendios a casas o locales, 25 atentados o ataques directos, y 18 demandas individuales y siete colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios.
Oposición de las cámaras empresariales
En la Asamblea Legislativa, en febrero de 2020 el plenario aprobó en primer debate el expediente 21.245 sobre el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, ha permanecido estancado.
El Ejecutivo no lo convocó para sesiones extraordinarias, que se extienden hasta el 31 de julio.
UNIVERSIDAD consultó a Presidencia por qué el Gobierno no lo había convocado -aunque fue uno de los países impulsores – y cuándo lo haría. Pero no se obtuvo respuesta de la Oficina de Comunicación.
Durante su discusión en la Asamblea, diversos sectores productivos -entre ellos la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) – se opusieron, argumentando que podía ser peligroso para la economía de los países firmantes.
En su comunicado de octubre de 2020, la CNAA afirma que el Acuerdo fue construido sin consulta a los diversos sectores, que contiene vicios jurídicos y que el acuerdo “otorga reconocimiento a grupos o personas de cualquier país que promueven el ambiente y podrían bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción e incluso las inversiones en infraestructura en el país, basados en el principio precautorio, aduciendo que va en detrimento del ambiente, sin sustento técnico alguno”, entre otras cosas.
Por su parte, la CICR envió una carta al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, en noviembre de 2020 en la que dicen que están profundamente preocupados porque el Acuerdo de Escazú está nuevamente en el plenario y que es un proyecto “que genera incertidumbre y una pésima señal para el sector productivo”.
La CICR afirma que el proyecto amenaza con paralizar la producción o inversión de cualquier empresa, se somete al Estado a un elevado riesgo de litigios internacionales, no protege la información confidencial y es poco claro sobre los compromisos económicos frente a la Conferencia de las Partes.
Presión del sector empresarial en todo el continente
Después de que las cámaras emitieron sus pronunciamientos, el proyecto quedó estancado en la Asamblea Legislativa hasta la fecha.
Nicolas Boeglin comentó que los pronunciamientos de las cámaras comparten los mismos argumentos “de sectores económicos y sus fichas políticas en Colombia, Chile, Paraguay y Perú durante el 2020”.
“Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué fue lo que ‘descubrieron’ tan preocupante y amenazante las cámaras costarricenses entre el mes de febrero del 2020, cuando la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate y por unanimidad el Acuerdo de Escazú sin que nadie levantara la voz en contra, y octubre del mismo año”, cuestionó Boeglin.
Por ejemplo, hablan de la inversión de la carga de la prueba, “un principio moderno del derecho ambiental y que inclusive, Costa Rica ha incorporado desde ya en su legislación y que han aplicado sus tribunales nacionales desde muchos años”, agregó.
Para los jóvenes de Escazú Ahora, el argumento de que el país perderá soberanía se cae debido a que el Acuerdo “no contiene disposiciones que afecten los espacios terrestres, marítimos o aéreos ni la capacidad de incidir sobre ellos”. “El acuerdo menciona que el mismo se debe implementar teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de cada parte, esto en el ámbito de los derechos humanos, los principios constitucionales y los elementos básicos del sistema jurídico”.
En un reciente artículo titulado “Desmitificando el Acuerdo de Escazú”, el coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, Mario Peña Chacón, aborda cada uno de los cuestionamientos con su análisis legal.
Por ejemplo, a quienes dicen que reducirá la seguridad jurídica para inversiones y desarrollo de proyectos económicos, les explica que “al contrario, el Acuerdo de Escazú aumenta y garantiza la seguridad jurídica, la transparencia y rendición de cuentas, ya que su contenido permite acoger las directrices de organismos multilaterales, tales como la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
Asimismo, apunta que al ratificar el Acuerdo de Escazú, “Costa Rica tendrá un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica, que contribuirá al desarrollo de proyectos, cumpliendo y ajustándose a estándares comerciales globales y regionales, lo cual constituye una garantía para los inversionistas nacionales y extranjeros”.
“El Acuerdo no crea sanciones para los Estados ni para los particulares. Las sanciones ambientales están previstas en el marco del derecho interno de los Estados Parte y pueden ser impuestas por órganos administrativos y jurisdiccionales, luego de un proceso/procedimiento que respete la garantía constitucional y convencional del debido proceso. Las sanciones ambientales han existido y existirán con o sin Acuerdo de Escazú”, destaco Peña.
