Universitarias Existe una acción de inconstitucionalidad presentada contra esta ley

UNA ajustará pluses salariales acorde con plan fiscal

La Contraloría General de la República (CGR) estableció el 29 de octubre como fecha límite para acreditar la implementación de lo que dispone el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La Universidad Nacional (UNA) se encuentra trabajando para modificar la mayoría de los pluses salariales con los que cuenta esta institución, de manera que se adapten a lo estipulado en el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).

El rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Francisco González, se mostró optimista respecto de los cambios que va a implementar esta institución de educación superior.

“Vamos por buen camino, lo hemos logrado con un trabajo de mucha información y transparencia, desarrollando información con toda la comunidad universitaria sobre los alcances y las condiciones en las cuales estamos aplicando la normativa”.

En diciembre de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría realizada a la UNA, en la que el ente contralor le pide implementar el Título III de la Ley 9635, a más tardar el 29 de octubre.

González recalcó que los cambios que se realizarán están en “el marco de la autonomía universitaria y en el marco de la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera”.

Informe de la Contraloría

El informe de Auditoría de Carácter Especial sobre los pluses salariales otorgados en la Universidad Nacional  (UNA) concluye que esta universidad no se ha ajustado, en materia salarial, a todo lo estipulado por la Ley 9635:

“Se identificó que la UNA no se ha ajustado a la normativa supracitada, en cuanto a la regulación de pluses salariales, vinculados específicamente con la dedicación exclusiva, anualidad y carrera profesional, en aspectos tales como la temporalidad y la forma de pago (nominalización)”.

Al respecto, el rector de la UNA comentó que a lo largo del año se ha estado planificando y generando acciones para aplicar la normativa: “Lo hemos venido desarrollando de manera conjunta con las instancias administrativas, con las unidades académicas y, en lo que corresponde, con el sindicato”.

“Lo hacemos en el marco de la autonomía universitaria y en el marco de la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera”, Francisco González.

González también señaló que se realizaron dos apelaciones al informe de la CGR, ya que considera inapropiado que se presenten las disposiciones indicadas en el documento, mientras existe una acción de inconstitucionalidad y una solicitud de medida cautelar en contra de la Ley 9635.

“Nos opusimos y planteamos dos recursos de apelación, pero los dos nos fueron rechazados. La Contraloría ha hecho caso omiso de esos recursos pendientes y deja incólume el informe y nos obliga a aplicarlo. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es estableciendo de acuerdo con los plazos y cumpliendo con los procesos”, añadió el dirigente universitario.

La respuesta de la UNA fue enviada el pasado 10 de junio cuando la contralora, Marta Acosta, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por González.

Igualmente, el rector de la UNA explicó que todo el proceso se ha realizado “en el marco de la autonomía” e informando a la población universitaria.

“Hicimos 7 webinar con un alcance de cerca de tres mil personas, informando de todo el proceso. La comunidad ha visto bien esa información y ha comprendido que no solo se trata de una imposición de la Controlaría, sino que muchas de estas acciones también eran necesarias de cara a la sostenibilidad financiera de la institución”.

Propuesta de nuevo régimen salarial universitario

Sobre la propuesta de un nuevo régimen salarial universitario, a la que se comprometió el Conare, el presidente de este órgano también comentó que las universidades se comprometieron a formularla en el plazo de un año.

“Esa propuesta va en camino, ya se han conformado las comisiones. Hay un primer avance relacionado con los ámbitos y la estructura del documento. Eso se está avanzando y tenemos una sesión pronta para afinar lo que son los grandes lineamientos, que orientarán la propuesta”, aseveró González.

De esta forma, será en febrero de 2022 cuando se presente la propuesta final, para que cada Consejo Universitario decida si la aprueba o no.

“En febrero del año que viene estaría el proyecto para que empiece a rodar por los Consejos para que se empiece a aplicar. Nosotros lo que hacemos es un marco general que luego las universidades ratifican”, añadió el rector.

También la Universidad de Costa Rica (UCR) estableció una comisión para crear un nuevo régimen salarial sostenible.

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