El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR) descartó hoy que la actuación del rector Henning Jensen en la aprobación presupuestaria para el nombramiento de su hija en una plaza del Centro Infantil Laboratorio (CIL) constituyera una “causa grave”, motivo por el que no convocaría una Asamblea Plebiscitaria, como lo instó en su momento la Procuraduría de la Ética Pública.
El CU ratificó esta tarde un acuerdo en el que declaró que la aprobación por parte de Jensen de una partida de “Servicios Especiales” de la Rectoría para la plaza de su hija en 2013 no debaría hacer “perjudicial” su permanencia en el cargo, algo que calificaron como “el requisito estatutario para convocar la Asamblea Plebiscitaria y que esta decida si revoca o no el nombramiento”.
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Según el Consejo, para llegar a esta conclusión se tomó como referencia un dictamen de la Comisión Especial, que analizó todos los documentos disponibles, incluido el informe de la Oficina de Contraloría Universitaria OCU-R-111-2016.
Al respecto, el órgano indicó que la comisión -conformada por tres integrantes del organismo- analizó la regularización de la partida de “Servicios Especiales”, la aprobación presupuestaria para cubrir la necesidad de recurso humano en el CIL y el nombramiento de la hija de Jensen, entre otros funcionarios administrativos, puntos que arrojaron la conclusión finalmente aprobada.
“Dicho análisis concluyó que la actuación del rector Jensen se circunscribió a un rol instrumental de aprobación presupuestaria, como un eslabón de toda una cadena de instancias que intervienen en dicho proceso y que el nombramiento de Elena Jensen siguió todos los procedimientos institucionales y fue hecho directamente por la Dirección del CIL, no por el rector”, apuntó el organismo.
Sobre esta revisión, el Consejo Universitario aseguró que nombró “de su seno” la comisión como respuesta a “infructuosos esfuerzos para que ese análisis lo hiciera un grupo de personas integrantes de los Consejos de Área”.
Tras este análisis, el Consejo aseguró que la destitución de Jensen “resultaría desproporcionada e improcedente si se considera que sus actuaciones se realizaron dentro del marco jurídico predispuesto en los procedimientos de aprobación presupuestaria, los cuales, según su naturaleza, demandaban el cumplimiento de un deber ineludible atinente al cargo de rector”.
Así mismo, el CU decidió declarar el acuerdo de “orden político institucional”, pues -tal y como recordó- existe una denuncia contra el rector, tramitada ante el Ministerio Público (expediente penal N.º 16-013340-042-PE).
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También, recordó que el Consejo ya se “había determinado que en la UCR no existe un procedimiento para analizar, disciplinariamente, la actuación del rector” en agosto de 2016, punto que ya había levantado la polémica, cuando la entonces directora del Consejo, Yamileth Angulo, decidió aquel acuerdo con su “voto de calidad”.
En aquella ocasión, el CU se había inhibido de juzgar al rector por contemplar que no existían formas legales que se lo permitieran, decisión que varió tras el pronunciamiento de la Procuraduría en septiembre pasado.
Aque pronunciamiento incuso provocó que el Sindicato de Empleados Universitarios (Sideu) reiterara su solicitud de renuncia a Jensen, por considerar que su presencia en el cargo generaba presiones inadecuadas.
El Sindeu ha sido el principal contrapunto de Jensen en este caso, en el que se ha encargado de interponer las denunciar en la Procuraduría y la Fiscalía de la República.
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En esta línea, el Sindeu también ha sido crítico con la gestión del CU, al que habían recordaro meses atrás que podían exponerse a medidas legales si no respetaban el llamado del ente procurador.
