Caso CIL-UCR

Consejo Universitario aduce vacío normativo para valorar sanción al rector

La Universidad de Costa Rica no cuenta con una normativa que permita elevar el caso del rector Henning Jensen para que se valore una sanción

La Universidad de Costa Rica (UCR) no cuenta con una normativa que permita elevar el caso del rector Henning Jensen para que se valore una sanción por firmar la partida que daba contenido económico a al nombramiento de su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), o al menos eso es lo que argumenta el Consejo Universitario (CU) en el polémico acuerdo que tomó esta semana.

El acuerdo fue aprobado tras una votación empatada a seis votos, que finalmente se definió por el “voto  de calidad” con que cuenta la directora del Consejo, Yamileth Angulo; lo que ha generado reacciones de molestia en algunos sectores universitarios como el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) y la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios (Feucr).

Para estos sectores, el acuerdo del Consejo lo que busca es evitar que se sancione al rector luego de que  el informe de la Contraloría Universitaria estableciera en su conclusión número 8 que sí existe un impedimento para que el jerarca firme una acción en beneficio de un familiar directo.

Sin embargo, la directora del Consejo, argumenta que este ente universitario no es ni el jefe, ni la entidad encargada de “sancionar” o tan siquiera de determinar si lo actuado por Jensen constituye una falta, pues no existe normativa en la institución para hacerlo.

El Informe

Tras la denuncia interpuesta por el Sindeu ante el CU para investigar este caso, el órgano representativo solicitó a la Contraloría Universitaria realizar una investigación, de la cual resultó el informe remitido a Yamileth Angulo el pasado 28 de julio.

En el documento, la Contraloría efectúa en un análisis sobre el historial de los nombramientos que ha tenido la funcionaria Elena Jensen en el Centro Infantil Laboratorio y en otras instancias desde el año 2009, fecha en la que inició labores en la UCR.

En las conclusiones del informe, se establece que la necesidad de plazas de Trabajo Social y Psicología en el CIL fueron planteadas desde el 2011 y el apoyo se brindó desde el 2012, pero la plaza de Psicología no se concretó hasta enero del 2014, mientras que en 2013 el recurso fue aportado por la Vicerrectoría de Acción Social con cargo a una plaza docente.

Jensen ingresó como psicóloga al CIL en 2013 con ese apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, y tras el 31 de diciembre del 2013, se reemplazó su nombramiento docente por uno administrativo.

“En ambos casos la funcionaria cumplió con los procesos y requisitos establecidos en la Institución para el reclutamiento y selección de su personal”, señala el informe.

Para el período 2014-2015, la Rectoría autoriza el contenido presupuestario para la plaza Profesional B en Psicología que ocupa Elena Jensen, lo cual según la Contraloría, también se hizo verificándose el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para el puesto

Uno de los puntos que más ha generado discusión es la conclusión número 8:

“El apoyo presupuestario de la partida “Servicios Especiales del Presupuesto 881: Unidades de apoyo académico”, otorgado por la Rectoría para los nombramientos de Elena Jensen Villalobos en el CIL, fueron aprobados directamente por el Dr. Henning Jensen Pennington, a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento en razón de la relación de parentesco existente entre ellos, conforme lo establecen los controles preventivos que se han incorporado a la normativa nacional”.

Sin embargo, en el punto siguiente, la Contraloría Universitaria asegura que “No se evidenciaron elementos que permitan la configuración de un eventual tráfico de influencias por parte el señor Henning Jensen Pennington en los diferentes procesos institucionales relacionados con los nombramientos de Elena Jensen Villalobos en la Universidad de Costa Rica”.

Adicionalmente, la Contraloría Universitaria dice que la decisión de no prorrogar este año el nombramiento de la directora del CIL, Rocío Barquero, “fue tomada por una instancia con competencia para hacerlo” y sin modifcar el plazo en las condiciones del concurso para su nombramiento.

En sus recomendaciones, la Contraloría señala al Consejo Universitario que se valore la conveniencia de establecer una normativa específica en la UCR que promueva y facilite el deber de abstención “y otros controles preventivos que la legislación nacional ha incorporado para fortalecer la transparencia y objetividad en la función pública”.

También pide a la Rectoría que formalice un procedimiento general para la creación y prórroga de plazas temporales, con cargo a la partida de “Servicios Especiales”; mientras que se solicite a la Vicerrectoría de Acción Social, la reanundación del concurso iniciado para el nombramiento en propiedad de la plaza de Profesional B en Psicología del CIL.

Vacío normativo

La cuarta recomendación de la Contraloría Universitaria tiene que ver con determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación del rector Jensen en el proceso de aprobación del apoyo presupuestario para la plaza ocupada por su hija en el CIL.

Además, la Contraloría pide al CU que se le indique cuál instancia universitaria es competente para conocer la “relación de hechos” que se elaboró para esta investigación.

Al respecto, el acuerdo tomado el 12 de agosto por el CU le comunica a la Contraloría que “no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria, en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario, lo cual imposibilita dar respuesta a la recomendación número 4 del informe”.

En el segundo punto de este acuerdo, el Consejo le indica al rector, a las personas que ostentan puestos de dirección y a las personas funcionarias de la Universidad, que “deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar la transparencia y probidad en el quehacer institucional”.

Este acuerdo, motivó reacciones de rechazo y protesta de parte de integrantes del propio Consejo Universitario que se opusieron al acuerdo, así como del Sindeu y de la Feucr, quienes de inmediato hicieron saber su disconformidad con lo acordado.

“Nuestros dos representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, Silvia Rojas y Vladimir Sagot, de forma rotunda se opusieron al acuerdo tomado; así como Rita Meoño (representante Ciencias Sociales), Daniel Briceño (representante Ciencias Básicas), William Brenes (representante Colegios Profesionales) y Carlos Picado (representante Administrativo). Lo anterior, debido que bajo criterio de estos 6 miembros, existe de forma clara una vía para dar procedimiento interno a la investigación contra el rector Jensen”, señaló la Feucr en un comunicado.

Este grupo impulsó delegar la decisión del análisis del procedimiento a la Asamblea Colegiada Representantiva, además de trasladar el informe a la Procuraduría de la Ética Pública.

“La UCR ha sido un actor crítico de la realidad nacional, esto por los principios que la constituyen. Hoy, ante la negociación del presupuesto de las Universidades Públicas, nos encontramos frente muchos actores que quieren debilitarlas y es nuestro deber responder a las críticas con hechos y vehemencia. Es por eso que nos llena de indignación el acuerdo que de forma poco legítima tomó el Consejo Universitario para frenar el proceso de investigación contra el rector”, señaló la representación estudiantil.

De igual forma, el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) reaccionó con indignación y molestia ante el acuerdo, al que calificó como “una palmadita en la espalda” del Consejo Universitario al rector tras la recomendación de abstenerse de firmar documentos que puedan beneficiar a familiares.

“Es una burla a la institucionalidad de la UCR, a los debidos procesos y a la transparencia, bajo un velo de complicidad e inacción universitaria. Seguiremos en la lucha”, expresó la secretaria general del Sindeu, Rosemary Gómez.

Para Gómez, si el proceso se agota en la UCR tras este acuerdo, entonces queda recurrir al Ministerio Público, donde ya hay un expediente abierto por este caso.

Estos grupos universitarios citaron a una manifestación que salió el martes 16 de agosto del Pretil hacia las afueras del Consejo Universitario, para expresar el repudio a la decisión tomada el viernes anterior.

“Creemos desde la Federación de Estudiantes que el Consejo tomó una decisión errónea al tapar esto. Como Universidad tenemos que darle un mensaje de ejemplo a la comunidad nacional de cómo se manejan cuestionamientos hacia los altos jerarcas de la institución, y creemos que enterrar esto, ponerle un freno, hacerse de la vista gorda, es un error, sobre todo porque estamos en una institución de alto prestigio y da un mensaje erróneo a toda la comunidad universitaria”, comentó el representante estudiantil ante el CU, Vladimir Sagot.

 



Henning Jensen

“ No he cometido falta alguna”

U-46-ContraloriaXJensenEl rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, reaccionó con satisfacción tras conocer el informe de la Contraloría Universitaria y el acuerdo del Consejo Universitario sobre el caso del nombramiento de su hija en el Centro Infantil Laboratorio.

“En aspectos medulares, el informe concluye que el nombramiento de mi hija se realizó acorde con la normativa institucional y en apego a todos los procedimientos universitarios; además, señala que no hay evidencia de tráfico de influencias y que la no prórroga del nombramiento de la exdirectora fue legal”, dijo Jensen a UNIVERSIDAD.

El rector aseguró que en cuanto al hecho de que no se inhibió de aprobar el contenido presupuestario para la plaza de su hija, la Contraloría Universitaria reconoce que no existe norma interna que faculte al rector para hacerlo, puesto que la autorización presupuestaria original de la plaza se dio en 2011.

“Por otro lado, la Oficina Jurídica, en su dictamen OJ-752-2016, ha señalado la obligación de la rectoría de aprobar ese contenido presupuestario y la imposibilidad legal de delegar la aprobación. Eso se debe a que esa aprobación es una competencia esencial del rector, que le es propia por idoneidad específica, cuya delegación es prohibida por la Ley General de Administración Pública (art. 89)”, respondió el rector.

Jensen dijo además que no fue él quien creó la plaza, ni se “inventó” la necesidad de la misma, además de no haber hecho el nombramiento. “Repito que no existe en la UCR una norma que permita al rector delegar su competencia de control y administración del presupuesto de su oficina. De acuerdo con el principio de legalidad, si delegara dicha función en otro funcionario u órgano, incurriría en una falta”, indicó.

Cuestionado sobre si en ausencia de normativa interna, se debía aplicar la legislación nacional que le impedía firmar el presupuesto para la plaza de su hija, Jensen respondió que se puede recurrir a la norma nacional de manera “supletoria”, siempre que ello ocurra en el marco de la legalidad.

“Como ya lo dije, la Ley General de Administración Pública impide la delegación de competencias esenciales a personas no idóneas. Esto significa que la delegación puede hacerse a un funcionario que tenga las mismas funciones que el delegante. En la UCR, en lo que respecta al rector (delegante) no existe ese funcionario (delegado) con quien pudiera realizarse este acto. La delegación ad hoc  debe ocurrir con un funcionario idóneo, no con cualquiera”, añadió.

Sobre si se está enviando un mensaje contradictorio a la comunidad universitaria y nacional al quedar sentado en el informe que era inconveniente la firma del presupuesto para su hija, pero que esa falta quedara sin sanción, Jensen rechazó que haya cometido falta alguna.

“No es así. Debo resaltar que la Oficina Jurídica, en el dictamen arriba mencionado, concluye que no he cometido falta alguna. Por su parte, la Contraloría Universitaria, a la cual he solicitado una amplia serie de adiciones y aclaraciones, a cuya espera me encuentro, no es un tribunal y, por tanto, no dicta sentencia. Por esa razón, remite al Ministerio Público. Si allí se diera la comprobación de falta, deberá conocer de ello la Asamblea Plebiscitaria”, respondió.

El rector comentó que si en el futuro se enfrentara a una decisión similar a esta que se le cuestiona, seguiría siempre la normativa vigente e invitó a conocer los documentos de este caso en el sitio web de la Rectoría: http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/documentos-de-archivos/caso-cil/



Yamileth Angulo: “No podemos tomar una decisión que sea ilegal”

U-46-ContraloriaXYamilethLa directora del  Consejo Universitario, Yamileth Angulo, salió al paso de las críticas de sectores universitarios disconformes con el acuerdo que tomó el órgano que ella preside, en el que se aduce un vacío normativo para valorar lo actuado por el rector Henning Jensen al aprobar el presupuesto para la plaza ocupada por su hija.

Angulo repasó el informe de la Contraloría Universitaria, e indicó que a lo largo de este documento, queda sentado que no existió tráfico de influencias, ya que Jensen no fue quien nombró, ni creó la plaza que su hija ocupa en el CIL.

En criterio de Angulo, la Contraloría deja claro que no existe una falta en la actuación del rector Jensen al firmar la partida para la plaza de su hija, pues si bien se reconoce que el jerarca debió haberse excusado, no se tipifica una falta.

Angulo indicó que regularmente en la UCR un acto disciplinario lo tiene que llevar una instancia con facultades disciplinarias, como es el caso de los decanos, directores, el decano del Sep, vicerrectores y el rector sobre sus vicerrectores.

“Pero el rector está excluído de esto, al igual que los miembros del Consejo Universitario. Esta votación no fue antojadiza, ni como la gente quiere decir que fue para ocultar o tapar algo. No hay nada de eso, en realidad hicimos un análisis claro.  Está excluido el rector del Consejo, al punto de que si aquí hay miembros del Consejo que faltan, yo no les puedo llamar la atención, porque no soy su jefe”, explicó Angulo.

Respecto al papel del Consejo Universitario en este caso, la directora insistió en que no son un ente disciplinario, aunque sí fiscalizador, por lo que no era este la instancia el encargado de valorar si había una falta, y de sancionarla, si fuera el caso.

“Si esa no abstención constituye o no a una falta, ¿quién lo determina? No podemos, sería ilegal, no está dentro de la norma. ¿Quién establece, quién la tipfica como leve, moderada o grave?. No existe eso. Claramente la Oficina Jurídica indicó que no hay esa posibilidad”, añadió.

Angulo señaló a quienes votaron en contra del acuerdo tomado, pues aseguró que son los mismos que cuando se discutió la inclusión de un capítulo disciplinario para los miembros del consejo, se rehusaron a aprobarlo.

También rechazó que sea posible enviar el caso a una comisión instructora o a la propia Asamblea Colegiada Reprentativa, pues el Consejo no tiene esa facultad.

“Está clara la investigación, detalles con oficios, es claro que no podemos inventar procedimiento que no existe, la Oficina Jurídica nos dejó claro que si tomamos un acuerdo que va contra la normativa, es un acuerdo nulo”, indicó.

Angulo reconoce que la Universidad de Costa Rica debe apresurarse a actualizar su normativa para llenar estos vacíos, empezando por la posibilidad de que los jerarcas se puedan hacer a un lado cuando se deba aprobar algo que pueda beneficiar a sus familiares directos.

Sobre la solicitud de algunos sectores para que se revoque el mandato de Jensen, Angulo recordó que se requiere de la aprobación del 66% de la Asamblea Representativa y que se demuestre que hubo una falta muy grave.

“Tenemos que correr con esta normativa, tenemos que ser claros. No hay dolo ni tráfico de influencias. si el rector hubiese querido darle la plaza a la hija como algunos dicen, no comete el error de firmar”, concluyó Angulo.


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