Las instituciones públicas deberán de actualizar sus bases de datos para que las personas trans, que así lo deseen, hagan las modificaciones para cambiar el nombre, fotografía, sexo, género en documentos, trámites y registros internos.
Así lo indicó el Presidente de la República, Carlos Alvarado, mediante una directriz que firmó esta tarde de jueves junto con el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTI, Luis Salazar.
Según la directriz, los funcionarios están en la obligación de gestionar las solicitudes, sin dilaciones y sin pedir requisitos adicionales a los ya establecidos en los trámites ordinarios para confección por primera vez, renovación o corrección de dichos documentos.
Quienes quieran hacer el procedimiento podrán solicitar la rectificación y actualización de sus datos personales y las instituciones 5 días hábiles para ajustarlos.
Asimismo, la Dirección General de Migración y Extranjería deberá también contemplar en el nuevo sistema de documentos migratorios, el cambio en la categoría de sexo en los pasaportes, a fin de que se adecue a la identidad sexual y de género de la persona.
De esta misma manera procederá con pasaportes, licencias y permisos de conducir, títulos académicos del Ministerio de Educación Pública (MEP) universidades estatales y privadas, carnés institucionales y gremiales, permisos de trabajo, contratos de trabajo, correspondencia y documentación externa e interna.
También tarjetas de crédito y débito, certificados bancarios, créditos, facturas, recibos y contratos con empresas públicas.
Opinión de la Corte
Precisamente la firma de esta directriz se hace previo al día del orgullo de la población LGBTI que se celebra el 28 de Junio de 2018 y previo a la marcha que se realizará este domingo 2 de julio en las calles capitalinas, por el mismo motivo.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, esta iniciativa responde al acuerdo al que llegó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para poder cambiar de género, nombre en su cédula de identidad ante el Registro Civil.
La decisión del TSE que dio a conocer el pasado 14 de mayo respondió a un informe técnico que realizó luego de la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y señaló al país que debía de garantizar “el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio.
Esa misma opinión recomendó a Costa Rica que las personas podrían cambiar su nombre en los registros oficiales del Estado según “la identidad de género autopercibida” y cambiar el sexo con el que se les identifique en documentos.
