La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, pidió un informe sobre el femicidio ocurrido el viernes anterior en la cárcel de Liberia, cuando un privado de libertad de apellidos Guevara Bermúdez asesinó a su pareja durante una visita conyugal, y posteriormente se suicidó.
Vega exhortó a la ministra de Justicia, Marcia González, a que le brinde información sobre los protocolos para otorgar visitas íntimas y de qué manera se garantiza la protección de la vida e integridad de las personas que visitan.
Además, dada la situación, pidió respuestas concretas sobre las acciones que se tomarán a futuro para evitar este tipo de situaciones. Vega pidió estadísticas sobre la cantidad de femicidios durante visitas íntimas de los últimos 20 años, además cuestionó si al reo que asesinó a su pareja estaba recibiendo algún tratamiento de salud mental.
Desde hace una semana, la ministra González es parte del equipo que representa al Gobierno en las negociaciones con los sindicatos, en busca de una salida a la huelga contra la reforma fiscal. Justicia envió un comunicado escueto, sin pronunciamiento de ningún jerarca, y afirmó que se investigan los pormenores del suceso.
González relegaba los asuntos penitenciarios a Isabel Porras, quien presentó su renuncia como viceministra el 18 de setiembre anterior, por lo que ese puesto está acéfalo y aún el Ministerio de Justicia no llena esa vacante.
El Ministerio de Justicia estudia acciones para reducir el hacinamiento carcelario, el cual ronda el 31,6%, según los datos oficiales del Ministerio de Justicia. No obstante, un artículo en AmeliaRueda.com, reveló que Justicia maquilló estos datos, sin tomar en cuenta la construcción de nuevos cupos, lo que permitió que los datos se subestimaran.
La nueva administración ha tenido enfrentamientos con jueces de ejecución de la pena y con mandos medios de la institución, tras un giro en su política penitenciaria, hoy enfocada en fortalecer al Instituto Nacional de Criminología y construir más espacios carcelarios.
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Como parte de estas políticas, se dio marcha atrás a la decisión del gobierno de Luis Guillermo Solís, de construir una cárcel especializada de mujeres. Ahora, con esos recursos, se construirán módulos individuales en las distintas cárceles del país.
Además, ante el alto hacinamiento en la cárcel Nelson Mandela, en San Carlos, se transformó el antiguo centro semiinstitucional de San Agustín, en Heredia, para recibir a 40 privados de libertad de la cárcel de San Carlos. Para esto, UNIVERSIDAD constató que la infraestructura en su totalidad no estaba lista y que tampoco se contaba con todo el personal de atención técnica necesario.
