Tras 20 días de análisis y movimientos de fichas, el Ministerio de Justicia y Paz ya enfrenta su primera batalla, tras una decisión que llama a no seguir los lineamientos de una norma en el reglamento del sistema penitenciario, específicamente el que faculta al Gobierno a otorgar los permisos a usuarios de tobilleras electrónicas para ir a centros médicos, hacer trámites bancarios o ir a una entrevista laboral.
La ministra Marcia González, inclusive, afirma que las medidas correctivas emitidas por los jueces “no son una orden judicial” e insiste en que deben ser los jueces quienes se encarguen de este trámite.
La expresidenta del PAC se echa el primer pulso con jueces y defensores públicos, marcando una diferencia en la visión garantista que promovió el primer gobierno del Partido Acción Ciudadana.
Lea también: Permisos a reos con tobilleras se estancan tras decisión de Justicia
Ahora, contrario al discurso de la anterior Ministra de Justicia, González afirma que las víctimas se dejaron a un lado, que los presos deben construir cárceles y que, con todo esto, aún la prioridad del Gobierno es la reinserción social de los privados de libertad.
Sin manejar al dedillo las cifras de reincidencia, porcentaje de población penitenciaria que trabaja o el salario de un reo que labora en los talleres de La Reforma, González afirma que necesita tiempo para reevaluar algunas cosas, como la cárcel especializada de mujeres, un proyecto al que califica de costoso y del que podría usar recursos para agregar nuevos módulos a otras cárceles.
Con una visión menos garantista que la del Gobierno anterior, pero con una más alineada al acuerdo de unidad nacional firmado por Rodolfo Piza y Carlos Alvarado, la jerarca de Justicia conversó con UNIVERSIDAD.
¿Qué acciones concretas en el corto y mediano plazo planea usted para atacar el hacinamiento carcelario?
–Quisiera responder esto en dos fases. Lo primero es que el hacinamiento fue el tema mediático, pero no el tema del accionar desde el ministerio. No me corresponde defender la gestión pasada, pero creo que se trabajó mucho en áreas como prevención, se construyeron seis centros cívicos, se trabajó mucho en derechos humanos y se hicieron gestiones importantes en áreas que quedaron invisibilizadas, en detrimento de otros temas más mediáticos. Quiero que la prevención no pase desapercibida. El 80% del presupuesto de Justicia va al tema penitenciario, queremos hacer un aumento importante en prevención. Creemos profundamente en esto, nos sale muchísimo más barato y de esta manera prevenimos el hacinamiento.
¿Por qué Justicia está ordenando ignorar una norma del reglamento del sistema penitenciario con respecto a los permisos que se dan a los usuarios de tobilleras electrónicas?
–No se está ordenando ignorar esa norma. Lo que se está haciendo es aplicar el artículo 57 bis. Esa norma va en contraposición de ese artículo. Por la asesoría del departamento legal del ministerio, se tomó la recomendación de no aplicar el artículo 434 y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hablé hoy con don Roy Murillo. Él entendió que hay una serie de cosas que íbamos a hablar.
Este reglamento ya se estaba aplicando en el gobierno anterior, y se sometió a distintas consultas. Servicios jurídicos nunca dijo que fuera ilegal, ¿por qué es ilegal ahora?
–Bueno, yo no puedo responder por la administración anterior, puedo responder por esta. El departamento legal nos está diciendo que este es el camino correcto. Lo hablé con el señor Presidente y la viceministra Porras. Este es el camino que se va a seguir ahora.
A raíz de esta decisión que ustedes tomaron, los jueces enviaron medidas correctivas ordenando que ustedes se encarguen de los permisos. Esto es una orden de un juez, ¿están llamando a irrespetar una orden de un juez?
–Eso no es una orden judicial, el tema es que esto es competencia de los jueces.
Pero los jueces dicen lo contrario.
–Bueno, yo tuve una reunión con don Roy Murillo (juez de ejecución de la pena), lo hablamos, estamos muy claros de que es un tema de competencia del juez, y a partir de este momento vamos a valorarlo, tener las reuniones, protocolos y ver cómo va a operar el sistema, porque acá hay un fin superior. Como administración de justicia no podemos atribuirnos una competencia que no tenemos por ley. Según nuestro departamento legal, se nos estaba atribuyendo una función que no nos correspondía. Ya tuvimos una reunión, no es que esté bien o mal; tenemos los mismos objetivos, vamos a trabajar en conjunto, no vamos a trabajar unos contra otros y todos tenemos muy claro hasta dónde podemos llegar. Es un tema que vamos a estar resolviendo en las próximas dos o tres semanas mientras se hace la valoración correspondiente.
¿El juez Murillo estuvo de acuerdo con su posición?
–Creo que es un tema que ya acabo de aclarar, dije que vamos a reunirnos y vamos a hablarlo. No hay ningún problema, vamos a hacer las valoraciones necesarias.
Mientras pasa esta valoración, unas 20 personas que usan tobilleras y reciben clases de primera o secundaria no han podido asistir a sus cursos, por esta medida, ¿qué opina de esto?
–Lo que tengo entendido es que son solicitudes nuevas, la ley habla de situaciones excepcionales. Los jueces las están dando, ahora, si quiere saber más detalles, tiene que preguntárselos al juez.
Los jueces reclaman que una viceministra haga un llamado y ordene ignorar la orden de un juez.
–No es la viceministra, fue el departamento legal del Ministerio y somos nosotras.
La viceministra habló conmigo y ella es la cara visible de esta acción
–No es solo ella, tenemos el criterio legal del departamento. Como le digo, no vamos a entrar en conflicto con los jueces, vamos a trabajar de la mano de ellos y vamos a resolverlo en los próximos días.
La jueza también dijo que si Justicia se sigue negando a aplicar las medidas correctivas, la próxima vez vendrá con una nota de advertencia sobre las sanciones a las que pueden atenerse los jerarcas, ¿qué opina?
–Perfecto, no hay problema. La señora jueza está en todo su derecho.
Vista la situación, ¿estudian revertir esta decisión?
–Le acabo de decir que tenemos un criterio del departamento legal que es el que se está aplicando en este momento. Una vez que hagamos los análisis, veremos cuál es el procedimiento después a seguir, por medio de un protocolo y una manera de trabajar que lo vamos a hacer con los jueces. Vamos a mantener la posición que hemos tenido… que hemos adoptado por recomendación del departamento legal.
La viceministra dijo que está tutelando los derechos de las víctimas, ¿veremos a un gobierno PAC priorizando esto por encima de la reinserción de los privados de libertad?
–Tenemos que tomar el parecer de todos los actores involucrados. Yo realmente sigo pensando en que el tema de la reinserción social es la prioridad, eso no quiere decir que no podamos trabajar de cerca con las víctimas, y como bien lo dijo doña Isabel, el tema de las víctimas fue un poco dejado de lado. Es un actor muy importante.
¿Ustedes dos piensan igual?
–Tenemos posiciones muy parecidas, pero la reinserción social sigue siendo un tema muy importante. Las metas van enfocadas a la reinserción social.
¿Maneja el porcentaje de reincidencia de las personas que son trasladadas a una cárcel semi institucional?
–No, pero sé que es muy baja.
Volviendo al hacinamiento, el exministro Feoli había apelado la orden de cerrar la cárcel de San Sebastián, ¿qué hará usted con esa orden judicial?
–Tenemos cuatro años, hasta el 2022 para hacer soluciones. Con el mismo juez estamos viendo que hay temas de iluminación y ventilación que podemos trabajar de manera paulatina. Vamos a trabajar con las recomendaciones del mecanismo. En este momento estamos por debajo de los límites que don Roy había planteado y ya le explicamos que con el nuevo funcionamiento de la UAI de Pococí vamos a hacer una serie de traslados y reubicaciones dentro de los centros penitenciarios, para cumplir con el número que se puede manejar en San Sebastián. El hacinamiento en San Sebastián ya no va a ser un problema por un tiempo.
Las unidades productivas están diseñadas para un perfil específico de la población. ¿Usaría estos centros para meter personas de otros centros aunque no cumplan con ese perfil?
–No, en algunos casos vamos a hacer triangulaciones, generar espacios en los diferentes centros. Estamos trabajando en generar un plan único de infraestructura para planear cuál es la infraestructura carcelaria que necesitamos para los próximos cuatro años. Tenemos 105 órdenes sanitarias. Cuando no se invierte lo necesario en infraestructura, eso produce un impacto; el sistema eléctrico, los espacios y las cocinas están en muy mal estado. La prioridad número uno será generar la mayor cantidad de espacios posibles. La primera medida es la generación de módulos con mano de obra de los privados de libertad, nosotros poniendo los materiales y que al mismo tiempo nos va a servir para el lanzamiento del programa de “Construyendo oportunidades”, que será el programa estrella donde integraremos todos los proyectos que se han venido dando y son aislados; depende mucho del sector privado. No queremos que esto dependa de las gestiones de cada centro, sino que responda a un orden.
Con la construcción de los módulos, esperamos entre 800 y 1.000 espacios para privados de libertad en un año y medio, además de lo que ya vamos a recibir de obras terminadas, serán trabajadas por los privados de libertad, se espera que haya una manera de certificar que sos albañil, plomero y que tengás las herramientas para poder trabajar una vez que cumplás con tu pena. Por cada dos días que laboran, reciben un día de descuento, eso es un beneficio importante. Para una población que en muchos casos está sin hacer nada, es parte de la misma terapia. El trabajo dignifica, queremos que tengan la mayor cantidad de oportunidades.
¿Cómo lidiar con poner a trabajar a un privado de libertad y respetar sus derechos laborales, ¿cómo se les paga?
–Es voluntario, hay una tabla para pagarles. Una fundación les paga un monto importante, ellos tienen una filosofía que parte de la posibilidad de reinserción, parte de esto pasa porque no haya un desarraigo o no se desvinculen de la famila. El hecho de que el salario que ganan pueda enviarlo a sus familias, mantiene el vínculo.
¿Cuánto gana un muchacho que trabaja en el taller de agroindustriales?
–Creo que varía, además, depende del nivel de lo que estés haciendo. Hay trabajos que hacen que son ₡12 mil al mes, son sumas muy simbólicas para comprar cigarros o cosas muy básicas. El verdadero beneficio viene por el descuento de la pena y porque en algunos de estos centros, la misma contención la dan los módulos. Es una manera de que estas personas puedan ser útiles y salir capacitadas. Son cosas que podemos trabajar bien en Pococí, llama la atención la gran cantidad de espacio que hay. Ahora que fui, se pueden establecer convenios con alguna universidad en la zona para que los privados de libertad puedan tener capacitación del mejor nivel, además de que podamos producir la planta de block, la planta de alcantarillado.
¿Maneja el porcentaje de los privados de libertad que trabajan en el sistema penitenciario?
–No sé por porcentaje, sé que son relativamente pocos, me habían hablado de 400. Me comprometo a pasarle el dato exacto, parte de lo que estoy pidiendo para poder generar el programa es contar con los datos reales. No podemos medir cuánta gente que participa en estos proyectos se está reinsertando. Esto es un sistema enorme, mucha información no está unificada. No puede depender de cada centro, sino de una política institucional integrada.
El gobierno anterior buscaba crear una cárcel especializada para mujeres, ¿cómo va eso?
–Siéndole honesta, estamos haciendo una reevaluación. El diseño del proceso de contratación no avanza como debió estar avanzando. Dada la coyuntura fiscal en la que estamos, no podemos generar estas soluciones inmediatas. Entonces vamos a trabajar una primera etapa para el centro de mujeres y parte de esos fondos nos servirán para la construcción de estos módulos alrededor del país, que nos darían una mayor cantidad de espacios para privados y privadas de libertad. Todas las mujeres son enviadas al Vilma Curling y eso impacta mucho a las familias, estamos viendo si generamos en algunos centros en las regiones, pequeños módulos para las mujeres. Muchas de estas personas tienen niveles de pobreza altos, tenerlas aquí en San José impacta a la familia, no vuelven a ver a su familia, porque no tienen los medios para visitarla.
El plan inicial era invertir todo ese dinero en una cárcel especializada para mujeres, ¿eso ya no va?
–Lo que estamos haciendo es una valoración del proyecto. Como no tenemos recursos, lo que le pedí al Patronato de Construcciones es ver si el proyecto se construye por etapas. La primera etapa sería para construir una cárcel de mujeres y que el resto de los fondos se utilicen para dar soluciones mucho más prontas en el tema de espacios en los centros penitenciarios, con un módulo único que ya está diseñado para 215 personas, que lo construirían los mismos privados de libertad; probablemente uno en Pococí, dos en San Carlos, uno en Puntarenas, y que estarían listos en año y medio. Nos sale muchísimo más barato, construido con mano de obra de privados de libertad, a la mitad del tiempo.
¿En cuánto bajaría la capacidad de la nueva cárcel de mujeres con respecto al plan original?
–Lo estamos valorando. No quiero decir que no vamos a construir el centro, sino que lo vamos a hacer por etapas. Generaríamos una primera etapa con la mitad de los recursos y luego valoramos qué hacer. Tenemos una situación fiscal en la que nos reducen el presupuesto del ministerio. Tenemos otra serie de situaciones a las que hacerles de frente. Sería irresponsable no utilizar ₡15 mil millones que no han usado por tres años cuando tenemos situaciones muy complejas en todo el sistema penitenciario. Estamos identificando necesidades y priorizando; también estamos viendo si conseguimos cooperación internacional para ver si podemos financiar obras con costos no tan altos como las unidades productivas, sino algo más adaptado a la realidad nacional.
¿Cuáles serán sus acciones en el Instituto Nacional de Criminología?
–Estoy trabajando de cerca con ellos, hoy no pude llegar. Estoy asistiendo a las sesiones para que podamos identificar las acciones puntuales que vamos a hacer.
¿No las tiene todavía?
–No. Ya hemos hablado con don Carlos Alvarado en varias ocasiones del fortalecimiento del instituto, se están haciendo valoraciones de los criterios que se han estado aplicando. Apenas tenemos 15 días, pero sí, el INC es clave en este engranaje, eso lo tenemos clarísimo. Vamos a seguir trabajando con ellos porque hacen una gran labor.
Hay una foto suya en donde una malla la separa de un grupo de reos de un centro penal, la mayoría jóvenes, una imagen que marca distancia, ¿qué diferencias hay en su estilo con respecto a los exministros de Solís?
–Primero que nada, no sé por qué el medio eligió esa foto.
Fue un comunicado de prensa de ustedes.
–No sé cuál foto se habrá escogido para publicar, pero yo estuve en los módulos con los muchachos, y pasé un rato muy humano y especial al conversar con ellos casi por dos horas. Mi línea no es estar publicitando cada visita.
¿Le genera mala prensa?
–No, es porque mi manera de trabajar es haciendo y logrando resultados. No necesito que haya prensa alrededor. Es algo que yo hablé con el Presidente. Yo estoy aquí para incidir, para cambiar cosas, si hay que sacar alguna información para ayudar a tener resultados no lo voy a dudar, pero lo mío es estar trabajando en el terreno y generando resultados; es demostrar que la administración pública puede ser eficiente.
*Nota del redactor: Una versión previa de esta nota se tituló “Ministra de Justicia no acatará medidas correctivas de jueces”, sin embargo, el Ministerio de Justicia aclaró que es un tema en el que se están realizando valoraciones y conversaciones.