Sin hacer mucho ruido, el Gobierno abrió una nueva cárcel en el centro de Heredia con espacio para 40 privados de libertad, aún sin contar con el personal de atención técnica ni la infraestructura adecuada.
La decisión del Ministerio de Justicia se tomó ante la situación de hacinamiento crítico del centro penitenciario Nelson Mandela, en San Carlos, que tiene capacidad para 347 reclusos, pero en junio encerraba a 835 personas.
La nueva cárcel de San Agustín, inaugurada el 2 de julio anterior, alberga a condenados por delitos de robo contra la propiedad, tráfico de de drogas, abuso sexual y tentativa de homicidio. Se trata de reclusos con un perfil de buena conducta dentro del sistema.
El viejo inmueble funcionaba como una cárcel semiabierta, en donde los privados de libertad dormían una noche a la semana, sin embargo, la administración anterior decidió, desde noviembre anterior, brindar una atención individualizada a cada persona, sin necesidad de pasar la noche ahí.
Esta disponibilidad de espacios hizo que el nuevo Gobierno decidiera utilizarlos para descongestionar la cárcel sancarleña, que hoy tiene una sobrepoblación de 117%, según datos del Ministerio de Justicia.
La decisión puso a correr a José Joaquín Quesada, director del centro, quien afirmó que se le brindó menos personal del que pidió, y que aún no se cuenta con las condiciones básicas que hay en otras cárceles.
Sin embargo, Quesada asegura que los privados de libertad son de baja peligrosidad y con penas cercanas a su cumplimiento. “Se maneja a personas con un perfil de muy baja contención. Es una población que aspira a llegar a un régimen de confianza”, justificó.
Ante la llegada de los reclusos provenientes de San Carlos, los vecinos de la zona pidieron audiencia con las autoridades del centro penitenciario, quienes explicaron que los privados de libertad son de baja peligrosidad.
Con poco margen de maniobra e improvisando con las herramientas que se tienen, actualmente se construye un cuarto para visitas conyugales, en una bodega sin utilizar.
El centro aún no cuenta con los 22 oficiales de seguridad que se pidió a Justicia (apenas hay 10). Tampoco hay psicólogos, orientadores, trabajadores sociales ni médicos.
Un equipo de UNIVERSIDAD visitó las instalaciones de este centro y constató los trabajos en progreso. Pedazos de madera apilados, tarros de pintura y hasta una escalera cerca de la tapia que da salida a la línea del tren, hacia la Universidad Hispanoamericana, evidencian que no hubo tiempo para adaptar la infraestructura antes de recibir a los nuevos inquilinos.
Inclusive, en un espacio contiguo a la cancha de fútbol calle, se improvisa una especie de taller, en donde algunos privados de libertad ya realizan artesanías en madera. Otro de los reclusos trabaja como misceláneo y recibe un pago de ₡40 mil mensuales. Se busca tener apoyo de profesionales de orientación para generar oportunidades a más privados de libertad.
“Yo lo dejé muy claro: todo el programa necesita del recurso humano para cumplir con las necesidades básicas mínimas. Necesitamos el personal técnico para que los orientadores establezcan las redes de contacto. La última vez que hablé con la viceministra dijo que iba a darse una vuelta esta semana”, agregó Quesada.
Consultada al respecto, la viceministra de Justicia y encargada de asuntos penitenciarios, Isabel Porras, afirmó que ese tema le compete a la Dirección de Adaptación Social, y que se encontraba ocupada (en los dos días diferentes que se le consultó).
La cárcel de San Agustín se encuentra en el centro de Heredia, a 400 metros de una escuela pública y de la Universidad Hispanoamericana.
Cambio de enfoque
La exjueza Porras marca la pauta de la política penitenciaria del gobierno de Carlos Alvarado, que ha buscado darle un vuelco al enfoque de la administración de Luis Guillermo Solís. Uno de sus más recientes pulsos se dio con los jueces de ejecución de la pena, luego de impugnar el reglamento penitenciario, específicamente en un artículo que establecía excepciones en el otorgamiento de permisos para los reos que portan tobilleras electrónicas.
Las diferencias de criterios obligaron a defensores, jueces y representantes de gobierno a reunirse para definir quién se encargaría de evaluar estas solicitudes.
La propuesta de Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, busca mayor rigurosidad contra la reincidencia, la creación de más espacios carcelarios y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología, con el fin de garantizar mayor seguridad a la población.
Una de las prioridades de la gestión de González y Porras es la construcción de nuevos espacios carcelarios, es por esto que en los primeros meses han frenado algunos procesos del gobierno anterior, como la construcción de una cárcel especializada para mujeres. El Gobierno, ante la crisis fiscal, considera que es mejor reubicar a las mujeres en centros cercanos a sus hogares, en lugar de construir una prisión nueva, cuyo costo ascendía a ₡15 mil millones.
