La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, responsabilizó a su investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) de generar conflictos dentro de su institución, los cuales culminaron en un proceso de investigación disciplinaria en la Asamblea Legislativa.
Crespo dijo que durante su trabajo en el Banco Mundial experimentó sistemas políticos “autoritarios” y “dictatoriales” que amenazaban a defensores de derechos en otros países.
“Nunca imaginé que, en la Defensoría de los Habitantes, el audio de la entrevista hecha al señor Presidente de la República fuese borrado. Nunca imaginé que al cumplir con mi deber legal de trasladar a Ministerio Público sobre las alteraciones, generara un conflicto interno con el grupo de directores (de la Defensoría). Nunca imaginé ser testigo, en mi propio país, de actos gubernamentales que lesionaban las más básicas libertades en relación con la protección de los datos sensibles”, dijo en las conclusiones de la defensa que presentó al plenario legislativo.
La defensora también dijo que la UPAD y sus acciones “representan el esfuerzo de quienes no admiten el cambio y transformación en las instituciones”.
Crespo participó el miércoles y jueves en la actividad de votación de dos informes que profundizaron en denuncias sobre su trabajo dentro de la Defensoría de los Habitantes.
El miércoles, los diputados leyeron parte del informe de mayoría y, en la tarde, levantaron el plenario después de declarar que no había quórum para continuar con la sesión.
Este jueves, la decisión del pleno fue suspender la lectura de los informes y continuar con la defensa de Crespo, que aseveró que “Ninguna de las acusaciones que se ha planteado ante esta asamblea legislativa tiene asidero legal alguno”.
La defensora se alineó a favor de un informe mayoritario, firmado por cinco diputados: María Inés Solís (Unidad Social Cristiana y presidenta de la comisión que investigó el caso); Jorge Luis Fonseca y Aida Montiel (Liberación Nacional); Melvin Núñez Piña (Restauración Nacional) y el legislador independiente Erick Rodríguez.
Por otro lado, Crespo habló en contra de un informe minoritario acuñado por la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez; y que fue también firmado por Otto Roberto Vargas (Partido Republicano Social Cristiano).
Lea del impreso: Defensora reniega de informe sobre UPAD pese a que llega a sus mismas conclusiones
¿Cómo se defendió la Defensora?
La defensora Catalina Crespo rechazó “de forma absoluta y de la forma más categórica” las acusaciones de que cambió la conformación del Consejo de directores para ejercer control directo sobre la Defensoría de los Habitantes y sin claridad de su funcionamiento.
Dijo que la denuncia “resulta espuria y carente de veracidad” porque la modificación “fue realizada con amparo al ordenamiento legal”.
Explicó que el Consejo “no es un órgano decisorio como se ha tratado de creer”.
Habló también sobre el nombramiento de Tirza Chaves en la Dirección de Admisibilidad (Chaves es esposa del exdiputado y exdefensor de los Habitantes, José Manuel Echandi) y que sí se siguió el debido proceso por lo que la denuncia “cae por su propio peso”.
Crespo resaltó que sí realizó cambios normativos en los procesos de la Defensoría de los Habitantes, pero los describió positivamente.
Dijo que buscó capacitación con unas charlas para funcionarios del Mecanismo Nacional contra la Tortura y las denuncias que llegaron a los diputados fueron por “mala fe y el hecho de acusar por acusar”. Afirmó que la denuncia se presentó con “hechos que no son actuales y fueron esclarecidos en su debido momento”.
Por último, le dijo a los diputados que “En estos 21 meses he demostrado ser una Defensora de los derechos del pueblo y los más vulnerables” y les dijo a los diputados que hablaran con sus provincias “con los pescadores de Guanacaste, los agricultores de Limón, los oreros de Abangares (la defensora dijo que ella fue quien logró mediar entre Presidencia de la República y los vecinos de Abangares que mantuvieron bloqueos, el fin de semana, por la imposibilidad de continuar con sus negocios mineros) y las familias de Hatillo que no tenían agua” para verificar sus labores.
