La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, trató de desmarcarse ante los diputados del informe elaborado por su equipo de la Defensoría sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pese a que al final ella firmó otro documento que llegaba a las mismas conclusiones.
El pasado 3 de setiembre Crespo fue increpada por diputados y diputadas de seis diversas fracciones en la Comisión Especial No. 21.150 que analizó sus acciones para recomendar o no su permanencia en el cargo, que se definirá este miércoles 16 de setiembre.
La Defensora indicó ante este órgano haber rechazado el primer borrador del informe del caso, redactado por la abogada y Directora de Gobernanza Pública en la Defensoría, Hazel Díaz, pues, según ella, pretendía liberar “de toda culpabilidad al presidente de la República”.
No obstante, ese primer informe y el documento final suscrito por Crespo, son coincidentes en el fondo de su contenido e incluso llegan a las mismas conclusiones.
Exceptuando las diferencias en estructura y redacción, se evidencian tres cambios sustanciales en el informe de Crespo: la eliminación de los nombres del exministro de la Presidencia Rodolfo Piza y el Director Ejecutivo del Sinirube, Erickson Álvarez, el retiro de un párrafo en que la institución condenaba los ataques por orientación sexual que habían recibido los integrantes de la UPAD y la desaparición completa del apartado “Sobre la política pública basada en datos; los datos abiertos y el Gobierno Abierto”.
Defensora “no entendió”
Hazel Díaz, a quien Crespo atribuyó de manera personal la responsabilidad de quitarle “toda culpa al presidente”, indicó que la Defensora asumió que ese apartado exculpaba a Alvarado pues “no entendió su contenido”.
El capítulo en mención ahondaba en las distintas formas en que la ciencia de datos se utiliza alrededor del mundo y en las tendencias en materia de Gobierno Abierto, prácticas a las que el decreto fundacional de la UPAD se contraponía.
De acuerdo con el dictamen de mayoría emitido por la comisión legislativa, en su comparecencia Crespo sugirió que la admisión de la importancia del uso de datos para el diseño de políticas públicas, iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos, suponía exculpar el accionar de Alvarado. Esto a pesar de que, según funcionarios que participaron en la entrevista realizada por la defensora al Presidente sobre el caso, ella misma destacó durante la conversación la importancia de esta disciplina para la toma de decisiones.
Díaz, quien hasta ahora se había abstenido de dar declaraciones pues las comparecencias y dictámenes de la comisión habían sido declarados confidenciales, comentó que es preocupante que la narrativa y los argumentos que presenta la jerarca de la institución “cambian y evolucionan”, lo que se evidencia si se comparan sus afirmaciones ante la Comisión UPAD y la que la investiga a ella.
“Ante la Comisión UPAD defiende al equipo y el informe, pero ahora que la investigan es culpa nuestra y rechaza el documento”, afirmó.
“Lo que es más serio es acusarme a mí o al equipo de proteger al Presidente en el primer borrador del informe. Es no entender cómo investigamos en la Defensoría, yo no parto de quién quiero que salga culpable, yo investigo. Eso es falso, tan falso que los dos informes llegan a las mismas conclusiones y ella las firma. Eso es mentira y mentir ante el Primer Poder de la República es un delito”, comentó.
Más imprecisiones
Díaz señaló que la Defensora no habría sido transparente al indicar que el informe final fue redactado por un “órgano colegiado”, pues la entrega oficial se le hizo el viernes 28 de febrero a la 1 p.m. y se determinó divulgarlo a la prensa ese mismo día a las 6 p.m.
El siguiente domingo, dijo Díaz, la defensora la convocó a una reunión referente al informe en su casa a la que no pudo asistir, y a la que asume, refiere la jerarca como “órgano colegiado”. “La cosa es que para entonces el informe ya era público”, indicó.
Sobre las conclusiones y recomendaciones realizadas desde el primer borrador del documento, Díaz resaltó que a pesar de renegar de su contenido, Crespo ha actuado en consecuencia. Por ejemplo, dijo, solicitó al presidente información sobre el estatus de los convenios interinstitucionales para el acceso de la información por parte de Casa Presidencial, tal y como recomendaba el documento.
En otro momento la defensora usó sus redes para divulgar que un informe de la Procuraduría General de la República consideró inconstitucional el decreto de creación de la UPAD, tal y como había sido indicado por su mismo equipo.
“Para mí está claro que quiere bajarle el perfil al informe porque quiere quedar como la única que puede hablar sobre lo que pasó ese día en la Presidencia, como si la suya fuera la única palabra que vale y no la de los seis funcionarios que estábamos allí”, dijo Díaz.
El informe también planteaba recomendaciones para la Presidencia y derivaba el caso al Ministerio Público para lo correspondiente, exactamente lo que en la actualidad impulsa la Defensora.
La abogada explicó que una vez que se hicieron públicos los dictámenes de la comisión, decidió dar declaraciones pues la tarea que le corresponderá este miércoles a la Asamblea Legislativa va más allá de mantener o no a Crespo en el cargo, y trasciende a la defensa de la institucionalidad nacional.
“Sobre la gestión de la Defensora el problema es el contenido de las funciones para las que ella cree que fue nombrada. A veces cree que es administración activa, control político o la diputada 58, pero eso no es la Defensoría, lo nuestro es exclusivamente el control de legalidad”, indicó.
Sobre el tema UNIVERSIDAD intentó consultar con la Defensora de los Habitantes, por medio del departamento de prensa de la institución y de su despacho. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta a nuestras consultas.
