El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, envió una carta el pasado 11 de octubre al presidente Carlos Alvarado, en donde le pidió no firmar la norma técnica que pretende esclarecer las reglas del aborto terapéutico, vigente desde 1971.
“Manifestamos nuestro rechazo a la pretensión de promulgar este decreto, y con todo nuestro respeto y aprecio le instamos a no firmar y publicar dicha norma que lejos de hacer progresar a nuestro país en el verdadero respeto a los derechos humanos, le haría irrespetar el más absoluto de estos derechos, en la persona no nacida”, se lee en la carta del arzobispo de San José.
Quirós, denunciado ante El Vaticano por encubrimiento de supuestos delitos sexuales del cura Mauricio Víquez, pidió al Presidente respeto por “la persona no nacida” y afirmó que la firma de un decreto que “estandarice y trivialice la decisión de quitar la vida a un ser humano en gestación” no puede ser legal.
“No vemos otro justificante para emitir un decreto de tales características, sino el criterio de complacer ideológicamente a minorías que se oponen a la protección verdadera del don de la vida en el ser humano en gestación, lo cual es moralmente reprochable”, expresó el arzobispo en la carta.
La Iglesia católica intensificó su presión sobre el Poder Ejecutivo con el lanzamiento reciente de una campaña llamada “40 días por la Vida”, en donde busca “unir a todos los creyentes en el Señor de la Vida en oración para que el aborto nunca sea legalizado en Costa Rica”.
El presidente Carlos Alvarado manifestó meses atrás su intención de firmar la norma técnica antes de concluir este año. La norma permitiría la implementación de un protocolo en hospitales y centros médicos para que el personal de salud tenga con claridad cuáles situaciones cumplen con los requisitos para acceder a un aborto terapéutico.
Caída en imagen
La presión de la Iglesia para que no se aplique una ley vigente en el Código Penal se da en un año donde la Iglesia ha tocado las peores cifras de popularidad de su historia.
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Los casos de pedofilia del clero costarricense provocaron que la Iglesia católica recibiera la peor calificación de su historia en abril de este año. Tras los allanamientos a las sedes de la Conferencia Episcopal y la Curia Metropolitana, los costarricenses le dieron una nota de 5,5 puntos de 10 posibles, según datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. En la última medición recuperó 0,3 puntos porcentuales.
La pérdida de la confianza también va de la mano con la disminución en el número de personas que dicen ser católicas. De acuerdo con datos del CIEP-UCR, en noviembre de 2016, un 71,8% de los costarricenses entraba dentro de esta clasificación; sin embargo, para marzo de este año, ese número bajó a 52%.
Líder cuestionado
Como resultado del caso de Mauricio Víquez, el arzobispo se ha visto cuestionado por su inacción. Un grupo de víctimas afirmó que Quirós les dijo que antes no existía preparación para llevar este tipo de casos y que “se le pasó el asunto”.
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Además de la causa abierta en el Vaticano, Quirós recibió una denuncia civil por permitir los abusos. Los demandantes reclaman unos ₡400 millones como indemnización.
En agosto pasado, el juez del tribunal eclesiástico Alfonso Molina afirmó que la Iglesia estudia unas 27 denuncias contra curas de San José y Alajuela por supuestos abusos sexuales. La Iglesia católica se ha negado a dar los nombres de los sacerdotes denunciados.
