Hacienda auditó a 96 grandes empresas entre 2012 y 2017

A Banco Nacional se le reclaman ¢40.000 millones y sería el mayor de los cobros pendientes en la lista de Hacienda

El proceso de cobro lleva casi cinco años y es el monto más alto en disputa (en sede administrativa) contra un gran contribuyente.

La Dirección General de Tributación encontró inconsistencias en la declaración de impuestos de una entidad pública del sector financiero (de identidad no revelada), que declaró pérdidas en 2013. Debido a esto, hoy se le reclama 40.000 millones por concepto de impuesto sobre la renta. 

Esa entidad financiera es parte de los 195 casos que Hacienda mencionó en una lista grandes contribuyentes que declararon haber tenido cero ganancias en algún período de la última década y que por ello evitaron pagar impuestos.

El nombre de esa empresa no fue identificado por las autoridades del Ministerio de Hacienda,  pero el reclamo al Banco Nacional había sido investigado en 2015 y el diferendo aún se mantiene vigente.  El caso está hoy en fase de apelación, donde la empresa presenta sus alegatos contra el criterio de la administración tributaria.

En el periodo descrito en la lista de Hacienda (últimos diez años),  el Banco Nacional solo reportó pérdidas en 2013.

En febrero del 2015 UNIVERSIDAD reportó que el Gobierno propuso aplicar una millonaria inyección de fondos públicos al Banco para que la entidad pagara una deuda por impuestos no cancelados entre 2010 y 2013. Esa deuda coincide con la cifra que el director de Tributación, Carlos Vargas, reveló, sin mencionar que se trataba específicamente del Banco Nacional.

En aquella ocasión, Vargas confirmó que la propuesta para regularizar la deuda no fue aceptada por el Nacional. Una iniciativa similar fue puesta sobre la mesa al Banco de Costa Rica, entidad que también rechazó la inyección de fondos para pagar deudas tributarias.

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El Banco discrepa con Hacienda desde hace muchos años sobre la manera en que se contabilizan los gastos. Los bancos reciben una parte de sus ingresos por sus actividades de intermediación (colocación de crédito), y otra parte la reciben por las inversiones que realizan.

“Cuando estas inversiones pagan intereses, estos intereses pagan un impuesto que se retiene en la fuente. “El Banco debería dividir los gastos y decir cuáles gastos los utilizó para generar ingresos por intermediación y cuáles por inversiones, pero más bien agarraban todos los gastos y los deducían de la actividad de intermediación, entonces todos sus ingresos se iban en gastos y no estaban pagando nada de impuestos”, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.

El proceso

El Banco Nacional es uno de los 96 entes o empresas con la etiqueta de “grandes contribuyentes”, que fueron fiscalizadas por Hacienda entre 2012 y 2017.  Al Banco se le está pidiendo el mayor monto tras revisar las declaraciones de impuestos, facturas y otros documentos que le alertaron a Tributación de una supuesta declaración por debajo de los montos que debía tener.

Vargas explicó que no se trata de un caso de defraudación sino que “ahí lo que hay es una discusión de fondo sobre temas jurídicos en cuanto a la aplicación de la ley de impuesto sobre la renta”. 

El Tribunal Fiscal Administrativo es ahora el encargado de dar audiencia a las dos partes, recabar prueba adicional y tomar una decisión final. Una vez que queda en firme, no hay más vías para agotar a nivel administrativo.

Si el Tribunal mantiene el criterio de la administración, el Banco solo tiene dos caminos: pagar o llevar el caso a instancias judiciales, una jugada que podría dilatar aún más el proceso.

Ante consultas de este medio, la oficina de prensa del Banco Nacional respondió que se encuentra en el proceso de resolución sobre la amnistía tributaria, por lo que no emitirá criterio al respecto. Todas las empresas e instituciones pueden acogerse a la amnistía siempre y cuando no tengan ningún proceso abierto en la vía judicial, con demanda presentada.

Los reclamos

Tras las auditorías realizadas a las grandes empresas, se pretende recaudar un total de 560.000 millones, una cifra superior a la que se obtendría con la reforma fiscal en su primer año. La mayoría de los casos aún se tramitan por la vía administrativa y hay siete por la vía judicial.

Tributación aclaró que no todas las 96 organizaciones fiscalizadas presentaron declaraciones inferiores a la realidad, y que en otros casos, algunas aceptaron las correcciones de Hacienda y desembolsaron el pago que se les exigió.

Hasta el momento, por esta labor de fiscalización ya se han recaudado unos ₡35.000 millones (un 6% de lo pretendido).

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“Han habido rectificaciones y algunas empresas han aceptado los cargos”, comentó Vargas, quien afirmó que todavía hay un pendiente de ₡525 mil millones por cobrar, pero este dinero deberá pasar por un largo proceso de impugnaciones, apelaciones y en los casos más complejos, litigios en sede judicial.

Vargas afirmó que desde que se audita a una empresa hasta que se cobra el monto real, el proceso puede tardar entre cinco y diez años. 

Un voto de la Sala Constitucional en agosto de 2016 eliminó la potestad que tenía el fisco de exigir el pago de sanciones e intereses de impuestos no cancelados en un plazo de 30 días. El fallo se dio tras una acción interpuesta por Mauricio Estrada, apoderado de Hacienda Pinilla (Agroganadera Pinilla S.A) contra el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Antes de ser declaradas inconstitucionales, estas normas le permitían a Hacienda cobrarle al contribuyente después de recibir una auditoría. Estas acciones eran etiquetadas como confiscatorias y amenazadoras para el patrimonio de las empresas, de un lado, y por el otro, defendidas como necesarias para evitar largos procesos de cobro en sedes administrativas y judiciales.

El recurso se interpuso en 2014 y desde ese año, al acogerse para estudio, se paralizaron todos los cobros inmediatos.

La empresa Agroganadera Pinilla S.A. también aparece en la lista de Hacienda y según esos datos la firma declaró tener cero ganancias o pérdidas durante los últimos nueve años.

¿Es un caso de defraudación?

No siempre que una empresa declara ganancias menores a las reales se puede afirmar que hay defraudación o evasión fiscal, explicó el jefe de Tributación. No obstante, en los casos donde se encuentran facturas falsas sí se puede decir que hubo una maniobra fraudulenta, ya que hay una intención comprobada de engañar al fisco.

Hacienda dio a conocer una lista de grandes contribuyentes que declararon cero ganancias en alguno o varios de los últimos años. Pese a que no se trata de una lista de evasores, el reporte de pérdidas o cero ganancias es uno de los criterios de riesgo que motivaron a pedir cuentas a estas empresas.

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