El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que el proyecto fiscal “tenía una meta de recaudación que ya no se está cumpliendo”, luego de que cinco diputados de la comisión especial que tramita el texto recortaran sus proyecciones de recaudación en un 10% al retirar del plan el impuesto que pretendía imponerse a los productos de la canasta básica.
Acosta rindió sus declaraciones a pocos metros del Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, donde cinco diputados —impulsados por los congresistas de Restauración Nacional— votaron una moción para exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica, que iba a gravarse con una tarifa reducida del 2%.
Esta decisión, según el viceministro, representa un golpe de ¢66.000 millones en las proyecciones de recaudación del Gobierno. Es decir, un 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) o un 10% de la meta recaudatoria, dato que ya “preocupa” en Hacienda, pues se suma a otra serie de cargas que se redujeron en los últimos días producto de las negociaciones con los diputados.
“Nos preocupa porque creemos que el proyecto tenía una meta de recaudación que ya no estamos cumpliendo (1,9% del PIB) y plantea una duda en relación con si vamos a tener un plan fiscal suficiente”, afirmó Acosta, quien además añadió que esperan “revertir” la decisión más adelante con una moción oficialista, aunque sabe que no será fácil.
“Esperamos que en algún momento de las conversaciones podamos regresarnos al texto original. Hay una propuesta de Hacienda que puede revertir esto y esperamos hacer las negociaciones necesarias para que lo puedan entender (…) Es decir, cada cosa que le frenemos al proyecto tiene un impacto, pero es la dinámica parlamentaria y estamos afectos a esto”, indicó.
Los diputados que quitaron el impuesto fueron específicamente los restauracionistas Eduardo Newton Cruickshank y Carlos Avendaño, el frenteamplista José María Villalta y el integracionista Walter Muñoz; a quienes se sumó el liberacionista Gustavo Viales de última hora, separándose incluso de la posición de sus compañeras Silvia Hernández y Yorlenny León, que también integran en el foro especial que analiza el proyecto.
Ellos alegaron que el impuesto es regresivo y que afectaría principalmente a las poblaciones más vulnerables; algo que Acosta rebatió diciendo que si bien el impacto en la capacidad adquisitiva sí les afectaría, lo cierto es que el impacto ahora podría ser mayor contra devoluciones en los programas sociales.
Específicamente, aseguró que la población en pobreza aportaría apenas ¢2.700 millones de los ¢66.000 totales que pretendían recaudarse, por lo que eliminar el impuesto limita en más de ¢63.000 millones los recursos para la atención social, por más que evite el golpe inicial el pago de bienes y servicios.
Para Acosta, finalmente la votación representa “una duda (de los diputados) que puede replantearse”, ante la que esperaría que poder convencerlos antes de que la reforma llegue al Plenario.
Según Acosta, la exoneración además es conflictiva porque limitaría fuertemente la trazabilidad de los productos de la canasta, lo que favorecería prácticas evasoras; al tiempo que se provocaría una injusticia para los productores locales, pues los productos importados no se gravarían en sus países de origen por ser exportados como se gravan en Costa Rica los productos locales.
Por último, puntualizó que “los productos de la canasta básica que consumen los pobres también lo consumen los ricos”, por lo que la exoneración además sería injusta en la medida en que deja el beneficio dejaría exento también al 80% de la población que sí podría pagarlo y aportaría la mayor parte de los recursos que recibiría el Estado.
Agua fría
La aprobación de esta nueva exoneración cayó como un balde de agua fría en Hacienda, que apenas ayer llamaba a los congresistas de la comisión fiscal a evitar grandes transformaciones en el documento para evitar un debilitamiento como el de esta mañana.
“Aún con sus modificaciones, este nuevo texto mantiene sus características de ser suficiente, progresivo y equilibrado, factores que podrían afectarse de sufrir nuevos cambios, de ahí el interés de las autoridades de Hacienda porque se mantenga tal y como fue enviado a la Asamblea Legislativa”, indicaron en comunicado de prensa.
Ese llamado lo enviaron apenas horas después de que se aprobara la última redacción del texto que enviaron, este martes; una iniciativa que contó con el apoyo íntegro de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), incluyendo el diputado Viales, quien hoy se separó del criterio que había sido mayoritario.
