Al igual que ocurrió con la antigua jefa de despacho del Presidente y el exviceministro de Planificación, los diputados arremetieron un nuevo cuestionario contra una muralla de silencios sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Con el testimonio de Luis Eduardo Salazar, antiguo abogado del Grupo de Asesoría Legal del Presidente (GALP), los diputados que estudian el caso de UPAD acumulan una tercera abstención.
Con un lenguaje muy similar al que usó la jefa de despacho Felly Salas, Salazar explicó que se acogería a su derecho de abstención por “respeto” a la denuncia judicial que está investigando la Fiscalía.
Entre otras, Salazar negó dar respuesta a preguntas sobre su relación con funcionarios de Casa Presidencial: como el presidente Carlos Alvarado, Felly Salas y, también, Diego Fernández, el asesor Presidencial que habría trabajado con Salazar en la redacción del decreto.
Este dato fue afirmado por el antiguo jefe de Salazar, el también exfuncionario Juan Gerardo Alfaro. Alfaro renunció a su último cargo como viceministro de Hacienda tras descubrir que su nombre estuvo relacionado con el decreto que dio breve vida jurídica a UPAD.
Antes de ocupar el puesto en Hacienda, Alfaro fue viceministro de Presidencia y tuvo en recargo la coordinación de la GALP, según dijo en una comparecencia con los diputados.
En esta comparecencia, el martes, Alfaro explicó que recomendó al entonces asesor presidencial Diego Fernández que apoyara la “idea” de la unidad de datos con el apoyo legal de Salazar.
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En uno de los pocos momentos que respondió, Salazar dijo (ante una pregunta del diputado independiente Jonathan Prendas) que ingresó a trabajar Casa Presidencial en el 2015 y que “asistía en la Dirección jurídica”. Según consta en un informe de labores de Casa Presidencial, el GALP fue creado hasta el año 2018, por medio de una circular de Presidencia.
Más adelante, Salazar aceptó que, tras su renuncia como funcionario de ese grupo legal, continúa ejerciendo como comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ+, pero ad honorem.
Este fue el punto que usó la diputada Ivonne Acuña para reclamar su estancia en Casa Presidencial.
“Vergüenza debería darle a usted mantenerse en Casa Presidencial, siendo usted el creador de este decreto”, afirmó Acuña.
Salazar, sin embargo, resistió los embates de descalificativos respondiendo únicamente “Me abstengo”.
Silencios enojan a diputados
El socialcristiano Pedro Muñoz acusó a Salazar de no interesarse en las personas “de carne y hueso” que aparecían en las bases de datos utilizadas por UPAD.
“Si usted es el comisionado LGBT porque le interesan las personas LGBT, de lo cual no tengo ninguna duda, a usted le debe interesar las personas de carne y hueso”, presionó el diputado.
Durante los silencios, los diputados acusaron al ex funcionario de ejercer su trabajo con “torpeza” e “impericia” (Ana Lucía Delgado); de abusar de su derecho de abstenerse a declarar (Muñoz) y de haber recibido “la inducción de Margarita Bolaños”, la extesorera del Partido Acción Ciudadana (PAC) que se abstuvo de declarar en la Comisión que investiga unos contratos presuntamente fraudulentos en anteriores campañas del partido de gobierno. Esa última acusación la arremetió la diputada Acuña.
Los diputados también cuestionaron sobre la publicación que hizo Salazar en su cuenta de Twitter, el pasado 1 de marzo.
“Se imaginan que mientras la Fiscalía abre una investigación, en paralelo otra institución, la Defensoría de los Habitantes, esté interrogando de oficio para preconstituir prueba y trasladarla a la Fiscalía? Digno de un régimen totalitario donde los derechos ya no existen”, dice la publicación.
Acuña llamó a esa referencia de la Defensora de los Habitantes como una “falta de respeto” e invitó a Salazar a una gira a Guanacaste, con gastos pagos, “para que conozca la realidad costarricense y entonces tenga la moral de defender los derechos humanos”.
Al final de la sesión, los diputados tomaron la decisión de convocar a “la Ministra a.i de la Presidencia, Silvia Lara; a los responsables del centro de llamadas telefónicas; a Ivannia García, Jefa del Despacho de la Ministra de Planificación y a Jorge Ortega Vindas, funcionario de ese mismo ministerio”.
Se acumulan las preguntas
Los diputados continúan con dudas sobre cuántos y cuáles datos logró obtener la unidad presidencial mientras estuvo en funcionamiento.
Por ejemplo, el liberacionista Luis Fernando Chacón preguntó a Salazar si la información que recogieron “está a buen recaudo”.
La diputada Floria Segreda (Restauración Nacional) preguntó sobre “la relación de la UPAD y la DIS”.
La independiente Acuña tomó el artículo 10 del decreto de UPAD para decir que “pretendían obtener recursos” al establecer a la unidad como de “interés público”.
La liberacionista Ana Lucía Delgado preguntó a Salazar si ha visto a Andrés Villalobos (otro de los asesores vinculados a UPAD) en Casa Presidencial. Según Delgado, la oficina de recursos humanos de Presidencia les presentó a los diputados documentación de que Villalobos fue reubicado desde su puesto hacia uno de “consultor profesional presidencial”.
“Para que tome nota de que no todas las personas que generan esas torpezas políticas, les va igual”, espetó la diputada.
Presidencia no ha generado información sobre las movilizaciones de los funcionarios relacionados con UPAD, salvo de aquellos que han renunciado a su cargo, como Salazar.
Sin respuestas, los diputados atacan al oficialismo
La Comisión que investiga UPAD únicamente integra a una legisladora del PAC. La diputada Carolina Hidalgo mantiene una posición pasiva en la comisión, en la que no participa como entrevistadora sino, más bien, llevando jurisprudencia sobre casos anteriores a UPAD y repitiendo preguntas de otros, de otra forma, para facilitar la respuesta de los comparecientes.
Este miércoles, Hidalgo abocó una primera intervención a explicar la jurisprudencia que existe sobre la tutela constitucional del derecho a abstenerse de responder. La llamó “amplia”.
El diputado Pedro Muñoz llamó “abuso” a las negativas de Luis Salazar y aseguró que por ser funcionario es sujeto de dar rendimiento de cuentas.
Pese a esto, Muñoz dijo que no iba darle clases de derecho a Salazar porque “usted tiene demasiado buen abogado como para que yo pretenda darle una clase de derecho”. Antes, también dijo que el abogado de Salazar es “su querido amigo”.
No obstante, Muñoz sí dijo que le daría “una clasecita de derecho, pero no a usted, sino a doña Carolina”.
La discusión no fue resuelta en el tiempo de la comparecencia, en tanto Hidalgo expresó las diferencias con las que Muñoz aludió a la experiencia del abogado y la suya (porque Hidalgo es abogada y tiene un máster en derecho público).
Muñoz dijo que la intervención de Hidalgo pretendía “confundir” al compareciente.
“Nunca pretendí decir que mis criterios, en este caso los de la Sala Constitucional, eran los únicos, sino simplemente los estaba compartiendo. A diferencia de usted, que pretendía imponerme sus criterios”, afirmó Hidalgo en respuesta.
Sin ceder ni un centímetro, Muñoz que dijo que “se lo hubiera dicho a un hombre de igual manera”.
