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Sitrajud pide que se conforme grupo experto asesor en seguridad para el Poder Judicial

En oficio dirigido a la Corte Plena pide que se busque apoyo en el exterior de “la experiencia y conocimientos de expertos en seguridad, especialmente aquellos que hayan enfrentado situaciones de alta criminalidad”.

Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) se dirigió por escrito a los magistrados y magistradas de la Corte Plena para solicitar la “conformación de un grupo asesor compuesto por expertos en seguridad, tanto nacionales como internacionales”, para abordar el tema de la violencia delincuencial que se han dado en sedes del Poder Judicial.

Recientemente se han dado hechos violentos, incluso el asesinato de un sujeto a la entrada del edificio de Tribunales en Limón.

La misiva firmada por Jorge Cartín recuerda que ya se dio una reunión con el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Coordinador de la Comisión de Seguridad del Poder Judicial, en la que “varios integrantes de la misma y personas directivas del Sindicato, en la que discutimos la importancia de implementar medidas de seguridad, que garanticen la integridad física del personal judicial y de los usuarios de los servicios judiciales”.

Añade que la solicitud de conformar el mencionado grupo asesor deviene de un acuerdo de la Junta Directiva del Sindicato, pues “la experiencia y conocimientos de expertos en seguridad, especialmente aquellos que hayan enfrentado situaciones de alta criminalidad, serían de gran valor para garantizar la eficacia y eficiencia de las medidas de seguridad, implementadas en los edificios del Poder Judicial”.

Al respecto, Cartín detalló que en la mencionada reunión con la Comisión de Seguridad se ofreció un informe de acciones que se han realizado desde 2015, sin embargo “pudimos notar que a pesar de ello no hay protocolos de seguridad oficiales ni reglamentos”.

“Consideramos con todo respeto que la Comisión institucional de Seguridad del Poder Judicial debe de buscar ayuda en un Comité de Expertos nacionales e internacionales de países donde esto ha sido un problema y lo han controlado, con la finalidad de asesorar y sobretodo valorar las medidas que se ponen en práctica en el Poder Judicial, además a nivel de protocolos y reglamentos sobre el tema que sean validados por estos expertos”, insistió.

Al mismo tiempo, resaltó que hace años se trabajó un reglamento de seguridad y no avanza en Corte Plena”, y denunció al respecto que en la sesión del el 1 de abril figuró en el puesto 27 de la agenda y “no se alcanzó a ver porque para ellos hay otros aspectos más importantes que tratar”.

“Ojalá hagan esa reflexión y reconozcan primero que ellos deben administrar justicia y que no son expertos en estos temas que deben buscar ayuda porque los esfuerzos bien intencionados no están funcionando y lo vemos en el asunto que la violencia está escalando a ataques terroristas contra personas funcionarias judiciales, será que esperan que tengamos muertes que lamentar?”, se preguntó.

Marcha el 24

Por otra parte, Cartín in formó que el Sitrajud forma parte de unas 90 organizaciones sindicales y sociales de diversos sectores sociales agrupadas bajo la bandera del Frente Nacional de Lucha, conformado originalmente para defender a la CCSS, pero “ha ido escalando a la Defensa de la Institucionalidad Costarricense que este gobierno pizotea día con día”.

Ese Frente ha convocado una manifestación el próximo 24 de abril a las 9 a.m. en el Parque de la Merced, “en defensa de la Separación de Poderes e independencia judicial, por el fortalecimiento de nuestras policías tanto judicial, como fuerza pública, control de drogas, fiscal, tránsito y migración etc, por la Defensa del Recurso Hídrico, la Soberanía Alimentaria y rescatar al productor nacional, por la educación pública, mejores condiciones salariales”, según informó.

“Esperamos que esta marcha haga salir a todos los sectores sociales a exigirle primero respeto y sobretodo acciones para rescatar a nuestro país, basta de irrespetuosos mensajes de parte del gobierno y alto a la violencia social que por ese discurso de odio se descarga en las personas trabajadoras publicas de todos los poderes y los liderazgos de grupos organizados”, señaló.

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