La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) pidió la renuncia de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) por haber firmado un decreto que, alegan, “sin ningún fundamento técnico vinculante, que podría retrasar el despliegue y desarrollo de las redes 5G en el país” y probablemente encarecer su precio final para los usuarios.
Se trata del decreto que establece que no se pueden contratar servicios de 5G con empresas que provengan de países que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre cibercrimen, lo cual deja por fuera las compañías de China, Corea del Sur, Singapur, Suecia y Brasil, entre otros, como reportó UNIVERSIDAD el pasado 6 de setiembre.
Asdeice infiere que esto tiene que ver con una presión del Gobierno de Estados Unidos para que la tecnología 5G se desarrolle con empresas de dicho país.
El sindicato denunció que esta es una “salida poco estudiada del Ejecutivo”, “que revela la falta de riguridad de la cabeza del Micitt”.
“En Asdeice creemos que la ministra del Micitt, la señora Paula Bogantes Zamora, debe renunciar a su puesto”, como responsable de haber firmado el decreto.
“No tiene nada que ver con ciberseguridad”
El 31 de agosto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el decreto 44-196-MSP-MICITT, con el “Reglamento sobre Medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores”.
El reglamento estableció que “Costa Rica no podrá comprar infraestructura de telecomunicaciones a los países que no hayan firmado el Convenio de Budapest”, señala Asdeice.
El Convenio de Budapest “no tiene absolutamente nada que ver con ciberseguridad y mucho menos con el desarrollo de la tecnología 5G, que en el 2001 evidentemente ni siquiera existía”, destaca Asdeice.
El sindicato indicó que esto “cierra las puertas a cualquier otro oferente de los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, pues no existe criterio técnico alguno para tomar una decisión de esta índole, por más que se trate de utilizar el tema de ciberseguridad como excusa”.
Asdeice calificó como “contradictoria” la actuación del Gobierno de Estados Unidos, “quienes siempre han pregonado su discurso respecto a las bondades de la libre competencia y el libre mercado que supuestamente trae tantos y tantos beneficios a los pueblos”. “Recordamos bastante ese discurso cuando estaba en la palestra la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”, enfatizó el gremio.
Cuando este medio consultó al respecto al Micitt, el ministerio respondió: “Es una decisión sustentada técnicamente y no bajo motivación política. A partir de la tecnología de 5G y su profunda integración en distintos procesos y aplicaciones, se trasiegan grandes cantidades de datos permitiendo almacenar información personal y sensible de los usuarios y en ese sentido los operadores y proveedores en Costa Rica tienen la obligación jurídica de garantizar el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones, así como de proteger la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes o de otros operadores”, indicaron.
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“Si algún país no lo ha firmado (Convenio de Budapest), vaya fírmelo rápido para que se les permita entrar en países como Costa Rica, que tienen en mente la preocupación, el bienestar de su ciudadanía y el funcionamiento de su Gobierno”, dijo el mandatario sobre un tema con ribetes geopolíticos.
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Gobierno alegó razones de ciberseguridad, pero se alínea dentro de batalla geopolítica de Estados Unidos y China, con otra consecuencia: exigir convenio de Bucarest veta de servicios de telecomunicaciones de quinta generación a empresas de China, Corea del Sur, Singapur y Brasil, entre otros.
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Solo en 2023, casi un 40% de sus contrataciones fueron con la empresa china, que ha vendido alrededor de ₡50.000 millones en esta década.
