Acumular jornadas de hasta 16 horas como asistente en enfermería en el Hospital San Juan de Dios con horas extra en el Hospital de Alajuela y pintar caritas en eventos los fines de semana ya no es suficiente para que Cindy Zúñiga sostenga a su familia.
“No me alcanza, no me da, no salgo. El arroz sube, los frijoles suben y no aumenta el salario. Ya no sé ni que hacer, hago horas extras, ya no tengo tiempo libre, pero ocupo salir con los chiquitos y con la casa”, relató Zúñiga, quien con su ingreso sostiene a cinco personas menores de edad de entre 10-16 años.
Tras dos años de que los salarios del sector público estuvieran congelados y frente a un alto costo de la vida que presiona los costos de transporte y alimentos, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó un aumento de ₡7.500, que enfrentó al entonces presidente ejecutivo, Álvaro Ramos, con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para quién el incremento no debía otorgarse.
En el presupuesto 2023 del Gobierno Central, los salarios de las personas trabajadoras aumentan poco: para el 2023, la partida de remuneraciones va a aumentar un 0,5%. Este sería el segundo aumento de menor cuantía desde el 2014, solo superado por el presupuestado en el 2020, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Con este ajuste las personas funcionarias públicas enfrentarán una inflación interanual del 12,13% en agosto —la cifra más alta en más de una década—, una acumulada que alcanzó el 9,45% y una proyectada de 6,3%, según estima el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“El aumento es poco, considerando la inflación que ha estado presentándose desde finales del año pasado”, dijo el exministro de Hacienda Fernando Rodríguez.
Coincidió el economista e investigador de la Universidad Nacional, Leiner Vargas: “(considerando la inflación proyectada) uno lo que mira es una caída real del rubro de remuneraciones y, por lo tanto, una caída sustancial en el salario de los trabajadores. Además, como el monto total de anualidades se fijó en un monto nominal (en lugar de un porcentaje) se convirtió en un aumento fijo que tiene poco impacto”.
La alta inflación presiona hasta a los precavidos, como en el caso de Erick Rodríguez y Saray Cruz, quienes trabajan en Grecia como docentes de secundaria y primaria —respectivamente— en el Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta pareja abrió una cevichería en el 2021 para tener un ingreso extra libre que gradualmente, conforme sus salarios perdían valor, se volvió un ingreso fijo.
“En el caso de la gasolina, desde que comenzó a subir, uno planifica mejor las salidas, si uno va en una dirección, uno intenta aprovechar en esa línea lo más posible para hacer los mandados de una para salir un poco. En el supermercado se lleva una lista muy reducida…”, comentó Rodríguez.
Rodríguez y Cruz, quienes tienen dos hijas de siete meses y cinco años, dependen ahora de lo que antes consideraban un respiro. “Tenemos que vivir con eso y por dicha lo teníamos, en el caso de otros compañeros que no lo tenían la situación no ha sido la misma”, lamentó.
Rodríguez y Zúñiga también apuntaron que aumenta el peso de las deudas, conforme los salarios pierden su valor.
“Yo debo a Conape el préstamo por mis estudios, tengo que pagar a finales de mes y me queda difícil porque la luz también subió un poco y estoy comprando las meriendas… Ahora solo dos cartones de huevos cuestan ₡6 mil, yo siempre hago mucho pinto, caldo, o comida con papas para que se haga bastante”, dijo ansiosa Zúñiga, quien ya proyecta la posibilidad de que el cobro llegue a los fiadores.
Rodríguez lo ha vivido y observado entre sus colegas: “Además del costo de combustible y del costo de la vida, los niveles de endeudamiento del sector público son muy altos y las tasas de interés de muchos de los préstamos que tenemos han subido”.
Incentivos salariales pierden dinamismo
El gasto en remuneraciones, para el 2023, es de ₡2.780.945 millones y representa un 5,9% del PIB, y el crecimiento del 0,5% (₡12.509 millones) obedece principalmente al pago de anualidades, tras finalizar la aplicación de un transitorio en la Ley N.° 9908 que congeló el pago desde el 2020, según datos recopilados por la CGR.
Los incentivos salariales son más dinámicos que los salarios base del sector público y, por esto, el aumento en la partida de remuneraciones responde, principalmente, al pago de anualidades: en el 2023, la CGR prevé que el Gobierno pagará ₡109 mil en incentivos salariales por cada ₡100 mil que paga por concepto de salario base.
A pesar de esto, Rodríguez y Vargas indican que los incentivos están perdiendo dinamismo y esto lo percibirá en mayor medida las nuevas contrataciones o funcionarios recientemente contratados que no han acumulado anualidades. A estas condiciones se sumaría la aplicación de la Ley de Empleo Público, que los economistas argumentan podría provocar una importante salida de personal.
Cuotas de deuda pesan más que los salarios públicos que pagará el país en 2023
No ha habido preocupación por gasto en intereses y gestión de deuda, como sí la habido por bajar las remuneraciones, afirma Fernando Rodríguez, exministro de Hacienda.
“Es el peor momento para ejecutar la Ley de Empleo Público, porque muy rápidamente las categorías salariales del sector público van a caer y lo que podríamos provocar, que creo que ya empieza a darse en algunas instituciones, es una salida de capital humano de altísimo valor o altamente calificado al sector privado o hacia fuera del país”, apuntó Vargas.
Por ejemplo, en los últimos dos años, mientras los salarios se mantenían congelados, 208 médicos especialistas salieron de la CCSS, según datos del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), y se trasladaron al Instituto Nacional de Seguros o al sector privado.
En el 2023, el gasto por el pago de incentivos como el salario escolar, la dedicación exclusiva y el aguinaldo decrecerá. También, hay una disminución de 3,6% en remuneraciones eventuales, que se traducirá en menor disponibilidad de, por ejemplo, pago para horas extras y viáticos.
Vargas considera que la contracción del gasto del Estado, la alta inflación y la devaluación salarial de los trabajadores públicos y privados (que reduce el consumo) encamina al país a una recesión que podría generar importante descontento entre la población y que, finalmente, podría traducirse a reformas importantes en la regla fiscal: “No veo sostenibilidad económica, ni crecimiento económico, ni viabilidad política en mantenerla como está”.
Mientras que Rodríguez lamenta que, durante la discusión de la regla fiscal y la de la ley de empleo público, se omitiera discutir sobre “cuál debería ser el salario que se gane un funcionario público en equis puesto, en comparación con el sector privado y en relación con su productividad, para evitar su salida y reconocer el buen desempeño”.
Deuda, Regla Fiscal y salarios del Ejecutivo: las tres navajas que recortan al Presupuesto 2023
Sin aumentar presupuesto, Gobierno forzó ₡741 mil millones más para deuda pública y ₡1.500 millones más para salarios del Ejecutivo, al tiempo que creó un superávit primario del 1,5%. Con la Regla Fiscal encima, jerarcas muestran que “ahorro” se creó forzando nuevos recortes en instituciones.
