Se calcula que únicamente 70.000 niñas y niños son beneficiarios el programa de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), cifra que correspondería a un 8,8% de la población meta, aproximadamente, señaló el más reciente Informe Estado de la Nación 2024.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2022, la población meta se estima en 797.954 menores de 13 años, a la que debe sumarse la demanda de la población con discapacidad menor de 18 años.
En la administración Chinchilla Miranda se promulgó la Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Ley 9220), que buscaba promover el desarrollo infantil e incorporar a más mujeres al mercado de trabajo. Forman parte de la Red los Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Programa de Atención y Promoción Infantil de la Dirección Nacional de CEN-Cinai del Ministerio de Salud.
La mayoría de las mujeres de menores ingresos indican que las responsabilidades de cuido de familiares representan un obstáculo para el trabajo o el estudio, ya que con frecuencia no tienen acceso a los servicios de atención pública, y es poco probable que puedan pagar servicios de atención privada, recuerda el informe.
Obstáculos para aumentar cobertura
El informe apunta a cuatro barreras que se están enfrentando en este sentido.
La primera es de naturaleza legal, ya que según explica el informe, la Redcudi ha pasado de ser una política universal a un programa focalizado, orientado a los hogares con mayores niveles de pobreza y exclusión y en menor medida a los hogares en vulnerabilidad socioeconómica y esto está relacionado con su financiamiento.
La Red se financia mediante un 4% del presupuesto del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que se traslada al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) según la Ley 9220. En el 2021 se hicieron reformas para que la Red recibiera financiamiento adicional del 20% de los recursos asignados al PANI por concepto del impuesto sobre la renta y el superávit libre acumulado de dicha institución, así como el 50% del superávit libre acumulado del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
“Sin embargo, aun con las reformas contempladas, la legislación vigente no crea suficientes recursos para universalizar los servicios, sea con subsidios totales o parciales”, indica el Informe.
La segunda es una barrera institucional, ya que el reglamento actual y vigente data del año 2019, y no incluye a la población con discapacidad menor de 18 años.
La tercera es una barrera financiera, pues “a la fecha no hay evidencia de que este financiamiento adicional exista y podría verse comprometido tras la implementación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual puede traer efectos restrictivos sobre la cobertura de población beneficiaria”, señala el Programa Estado de la Nación (PEN).
Y la cuarta es una barrera organizacional y tiene que ver con la disponibilidad de establecimientos y la flexibilidad de horarios en jornadas ampliadas o nocturnas.
La Contraloría General de la República (CGR) también advirtió del riesgo de generar un círculo vicioso debido a la naturaleza de los fondos de la red. Según explica en el informe DFOE-SOCIF-18-2015, una vez que las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias mejoran, precisamente por el acceso a los servicios del programa, podrían ser excluidas de estos beneficios, bajo el argumento de que los fondos disponibles son para los hogares de mayor vulnerabilidad y “esa exclusión podría retornarlas a su punto de origen”.
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