De una muestra de ocho candidaturas a la presidencia, la mitad apoyaría derogar o modificar la aplicación de la conocida Ley de Usura (Ley 9859) con la cual se establecieron topes máximos para el cobro de créditos del país, entre ellos, las tarjetas de crédito.
Así lo respondieron a UNIVERSIDAD los candidatos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Lineth Saborío; Unión Liberal, Federico Malavassi; Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Óscar López; y Nueva Generación, Sergio Mena.
Cuatro candidaturas respondieron a favor de la legislación vigente, aunque los candidatos del Frente Amplio, José María Villalta; y el Partido de los Trabajadores, Jhonn Vega, añaden que la legislación necesita otros cambios bancarios en favor de la ciudadanía.
El diputado promotor de la Ley de usura, y ahora candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, propone bajar aún más los topes de la tasa máxima.
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UNIVERSIDAD consultó sobre este tema a 14 candidatos políticos.
El pasado 19 de enero, la superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, acusó que la aplicación de los topes de usura afectó el acceso de una población de perfil indefinido. En esa fecha, Aguilar aseguró que 273 mil operaciones fueron “excluidas” de las operaciones del sistema financiero. En comparación, la superintendente dijo que existe beneficio para 1,2 millones de créditos.
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Liberacionista Yorleny León señaló que informe tiene la perspectiva de los bancos y no de los consumidores. Oficialista Laura Guido pide que se planteen alternativas para que 275 mil créditos abandonados tengan “condiciones que no sean ruinosas ni usureras”
Pese a esta discusión tan vigente, la usura crediticia estuvo totalmente ausente de la discusión política durante la campaña.
Tras la consulta de UNIVERSIDAD, no se recibieron respuestas de los candidatos de Liberación Nacional, José María Figueres; Nueva República, Fabricio Alvarado; Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves; Liberal Progresista, Eli Feinzag; Unidos Podemos, Natalia Díaz; ni tampoco de Rodolfo Piza de Nuestro Pueblo.
¿Está, sí o no, de acuerdo en derogar la conocida “Ley de Usura” (Ley 9859)?
Lineth Saborío PUSC
“No pretenderíamos derogarla, pero sí estaremos impulsando otro proyecto de ley para financiamiento más inclusivo. La Ley de Usura dejó a muchas personas sin acceso a crédito, obligándolas a financiarse en el mercado informal con costos mucho mayores. Hay otras formas más eficaces de bajar los intereses como reducir el déficit fiscal para liberar recursos del sector financiero para todos los sectores privados. Los controles de precios nunca han sido buenos consejeros porque atacan las consecuencias, no las causas”.
Sergio Mena, Nueva Generación
“No, sí modificarla”.
Federico Malavassi, Unión Liberal
“La ley ha tenido efectos paradójicos, pues ha excluido a mucha gente del crédito y ha complicado a muchos. Debemos procurar que el sistema financiero funcione mejor, si para ello hay que derogar esta ley, entonces sí. El delito está en el Código Penal y no hacía falta ley”.
Óscar López, PASE
“Sí, estoy de acuerdo, debe modificarse”.
Welmer Ramos, PAC
“La Ley de Usura debe permanecer, es más, debe revisarse para bajar aún más la tasa máxima, puesto que, aprovechándose de la necesidad de la gente, muchos utilizan las tasas de interés para extraerle los recursos a las familias. La Ley debe permanecer”.
Wálter Muñoz, PIN
“No estoy de acuerdo en derogar la Ley de Usura”.
José María Villalta, Frente Amplio
“La ley contra la usura es un instrumento que le ha puesto freno a las desmedidas tasas de interés que se cobran en Costa Rica en una enorme cantidad de créditos. No debe ser derogada, pero sí es necesario impulsar cambios en el sector bancario mejorar las condiciones en créditos y ampliar el acceso a capital de trabajo, particularmente para pequeños y medianos emprendimientos”.
Jhonn Vega, Partido de los Trabajadores
“Estamos de acuerdo en la lucha contra la usura bancaria, pero lo que plantea la ley es insuficiente, hay que tocar el tema de fondo, que es el de la banca. Hay un sector bancario privilegiado también, que hacen su agosto mientras miles de costarricenses viven endeudados. Esto no lo resuelve la Ley de usura.
Nosotros planteamos la nacionalización bancaria, la cual permitiría la condonación masiva de deudas de los trabajadores en forma de usura crediticia (bancos, tarjetas de crédito, electrodomésticos, etc.) así como de las deudas que asfixian a los campesinos y estudiantes universitarios”.
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