Diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) impulsan un proyecto de ley que tiene como fin transformar al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en una Promotora de Comercio Agropecuario, que podrá comprar productos importados a grandes proveedores nacionales cuando no exista oferta por parte de los micro, pequeños y medianos productores nacionales.
La principal proponente del proyecto de ley “Cierre del Consejo Nacional de Producción y transformación del Programa de Abastecimiento Institucional en la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica” (Expediente 23.402) es la diputada del PLP, Kattia Cambronero.
El argumento fundamental de la iniciativa es la “ineficiencia e ineficacia” del CNP y del PAI, un programa del CNP que abastece de alimentos a las instituciones públicas con productos que compra a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas del país.
El texto fue presentado el 17 de octubre de 2022, se analiza en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, y ya fue consultado a varias entidades y organizaciones.
Los argumentos del PLP
Según el proyecto de ley, el PAI no ha logrado ser eficiente, lo cual se demuestra por “los múltiples problemas de abastecimiento que han reportado las principales instituciones que compran al CNP, como la CCSS, las juntas de educación y los centros de cuido”.
Argumenta que la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado deficiencias “relacionadas con la limitada asistencia técnica, el aumento en los costos de producción, la ausencia de opciones de mercado y transporte, que han afectado la productividad del país y la disponibilidad de alimentos”.
Además, critica que las instituciones que se abastecen del PAI “no tienen ninguna capacidad de negociación”, por lo que los procesos de compras y adquisiciones pueden ocasionar injustos desequilibrios, o en el peor de los casos, vulnerar el derecho de los usuarios de muchos servicios institucionales.
También destaca que las deudas del PAI alcanzan ¢58.496.163.135.
Comercialización de productos importados
El proyecto crea la Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica (Proagro) como entidad pública de carácter no estatal, mediante la cual deberán abastecerse las instituciones públicas.
Proagro deberá garantizar el abastecimiento y la distribución de suministros provenientes de la producción e industrialización de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas, dando prioridad a los de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.
En el caso de los productos pesqueros y acuícolas, Proagro deberá dar prioridad a los productos nacionales; pero si hay desabastecimiento o no hay disponibilidad de oferta podrá recurrir a productos importados, según el texto.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, la diputada Kattia Cambronero declaró que la justificación para esto es “que exista una necesidad objetiva de abastecimiento que no pueda ser satisfecha por el mercado interno, teniendo claro que no es posible abastecer todas las necesidades institucionales únicamente con la producción local”.
“Proagro también podrá contratar con otro tipo de proveedor, cuando se carezca de oferta por parte de los micro, pequeños y medianos productores nacionales, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional”, señala el proyecto.
Cambronero aclaró a este medio que para esto debe existir una necesidad que lo justifique. “Eso incluye la posibilidad de que lo hagan productores del origen que sea, y con productos que satisfagan las necesidades institucionales, sean producidos en el país o importados, porque existiría una necesidad y un interés público que lo justifican”.
“Es claro que, ante una imposibilidad de abastecimiento de las instituciones en el mercado interno, el país no puede quedarse de brazos cruzados para atender una necesidad de abastecerse. Debemos prever situaciones de emergencia, en el que esta facultad es una garantía de que las instituciones públicas están debidamente autorizadas para actuar, en la salvaguarda del interés público, la salud y la continuidad de los servicios de alimentación”, señaló Cambronero.
La legisladora argumenta que al permitir que la Proagro pueda contratar con otro tipo de proveedor “en aquellos casos en que se carezca de oferta por parte de los micro, pequeños y medianos productores nacionales, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional” se busca resolver un gran problema que el PAI lleva arrastrando por años.
Según la iniciativa, la junta directiva de Proagro estará integrada por el ministro de Agricultura y Ganadería; el ministro de Comercio Exterior; el Gerente General de Proagro; dos representantes de las instituciones que se abastezcan por medio de la ventanilla única de comercialización de Proagro; y dos representantes del sector agropecuario.
Cierre del CNP y apertura de la Fanal
El proyecto también deroga la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción de 1956 y lo liquida en un plazo máximo de seis meses.
Asimismo, convierte a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) en una sociedad anónima de capital mixto y autoriza a vender el 49% de su capital accionario, después de sacar a concurso público un avalúo de las acciones para determinar su valor.
Con el restante 51% de acciones pertenecientes al Estado, se establecerá un fondo de beneficios para los trabajadores, por un máximo del 2% de sus acciones, que podrá ser administrado por la organización laboral que los trabajadores.
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