El Consejo Superior del Poder Judicial mantendrá la mascarilla de carácter obligatorio para su personal judicial con el fin de “proteger la salud de las personas trabajadoras” ante el aumento de contagios y evitar afectaciones en la prestación de sus servicio por nuevos brotes. La obligatoriedad se extiende a las ‘personas contratistas’ que ingresen a las instalaciones mientras mantienen una relación contractual.
La mascarilla no es de uso obligatorio generalizado desde el pasado miércoles, cuando se publicó el decreto que elimina esta medida sanitaria, pero las empresas e instituciones pueden establecer el uso obligatorio dentro de sus instalaciones, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y el personal que esté bajo esta norma se expone a la posibilidad de despido sin responsabilidad patronal si no las cumple.
El miércoles también fue publicado un decreto que ‘insta’ a las instituciones y al sector privado a no despedir empleados que no completen su esquema de vacunación, pero no elimina su obligatoriedad; el Consejo informó a las personas funcionarias que la vacunación también se mantiene obligatoria ‘según lo acordado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología’.
En el caso de las personas usuarias, el uso de mascarilla será opcional -aunque el Consejo las insta a utilizarlas- con excepción de las oficinas judiciales que equiparan a los establecimientos de salud, como es el caso del Departamento de Medicina Legal, los Servicios de Salud de la Dirección de Gestión Humana, la Sección de Patología Forense, ‘y cualquier otra oficina judicial que pueda fungir como consultorio de atención de la salud’.
“Los datos del Ministerio de Salud, al 10 de mayo de los corrientes, indican que en país se reportaron 1697 personas nuevas contagiadas por Covid-19 y 166 por nexo para un total de 1863 personas, lo cual es un reflejo de que la condición de emergencia sanitaria por COVID-19 se mantiene” dice el documento, esta cifra representa un aumento de más del 60% con respecto a la semana anterior.
El acuerdo, comunicado en la circular No. 88-2022, tiene una vigencia de seis meses, tras los cuales las autoridades harán una nueva valoración. Sin embargo, puede ser revisado y modificado en cualquier momento y se condiciona a que se mantenga vigente el derecho decreto ejecutivo 42227-MS, que declara al país en estado de emergencia desde la llegada del COVID-19 en marzo del 2020, así como a otros lineamientos vigentes que fueron emitidos por el Ministerio de Salud en la pasada administración.
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