Mediante el decreto No. 43543-S publicado este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta, el Gobierno de la República “insta” a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado a no despedir personal que se niegue a vacunarse; más no lo prohíbe. Además, tampoco elimina la vacunación obligatoria.
“Se insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el Esquema de Vacunación Covid-19”, se lee en el decreto, el cual fue firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, el pasado 8 de mayo.
De igual forma, en el decreto, el Gobierno solicitó a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) indicar y recomendar al Poder Ejecutivo mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, cuáles funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad.
A esta petición se suma el realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente está vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional.
El decreto publicado este miércoles dista de lo señalado el domingo anterior, en el traspaso de poderes, cuando Chaves anunció la firma de una norma para eliminar la obligatoriedad de la vacunación en el país.
En su red social de Twitter, Chaves envió un mensaje a la población en el que recomendó a la población vacunarse; sin embargo, destacó que Costa Rica es un país democrático y que “este Gobierno respeta la autonomía de la voluntad de las y los costarricenses; es decir, su libertad. En ese sentido hemos emitido un decreto que le permite a usted ejercer esa voluntad de manera individual y personal”
El esquema de tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 es obligatorio para los funcionarios públicos. Hasta mediados de marzo, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, 218 funcionarios no habían reportado haberse vacunado a las autoridades universitarias.
En ese momento, los casos se encontraban en una última revisión, y quienes no brindaran la información pasarían a la Junta de Relaciones Laborales de la UCR, indicó la institución.
En el caso del MEP, al 20 de marzo anterior, 637 funcionarios no tenían aún ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. La directora de Recursos Humanos, indicó en esa ocasión que de no encontrarse razones justificables para no inmunizarse, se estaría iniciando con los procesos disciplinarios respectivos.
