Para atender la creciente preocupación por la seguridad del personal y personas usuarias del Poder Judicial, la institución ha emprendido un plan de actualización de medidas y protocolos de seguridad que, según informó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, ya se refleja en la implementación de medidas concretas.
Además de integrar la Sala de Casación Penal (o Sala III), Alfaro es coordinador de la Comisión de enlace Corte – OIJ, encargada de atender los temas de seguridad para todas las personas funcionarias judiciales y en las instalaciones institucionales.
Esa Comisión han intensificado su labor, sobre todo ante la consternación que causaron hechos recientes como el asesinato de un sujeto ante los tribunales de Limón, un asalto ocurrido en la sede de la Defensa Pública en Bataan o los disparos contra el vehículo de una jueza penal en Aserrí.
Según explicó Alfaro, el trabajo al respecto se ha orientado en tres líneas esenciales: la seguridad de la infraestructura tecnológica; de los procesos judiciales apuntalados con protocolos y la seguridad de las personas.
En primera instancia, el Magistrado admitió que el Poder Judicial opera en unos 223 edificios en todo el país, “pero lo cierto es que ningún edificio se pensó en la seguridad más elemental, porque no teníamos una proyección”.
La preocupación según dijo sí es atendida en el diseño del edificio de nuevo tribunales en Quepos, pero esa realidad “nos determina y nos encamina” a que el fortalecimiento de la seguridad institucional “tiene que ir encaminada a la seguridad en la infraestructura y en la seguridad electrónica”; lo cual conlleva proyectos en reforzamiento de la seguridad perimetral de los edificios.
Al respecto, dijo que se ha trabajado a partir de “mapas de calor” a partir de “situaciones que el Organismo de Investigación Judicial y las entidades correspondientes han podido detectar”, y se identificó diez circuitos judiciales de mayor preocupación. Esos circuitos judiciale serán seguidos por otros diez y posteriormente el resto del país.
A mismo tiempo, Alfaro subrayó la importancia de invertir en seguridad electrónica, pues se cuenta con circuitos cerrados de televisión algunos de los cuales “han caído en obsolescencia”. Ello según destacó debe ir acompañado por inversión en otras modalidades de seguridad electrónica o tecnológica, lo cual en este momento se trabaja presupuestariamente.
Respecto a la segunda línea de trabajo, que tiene que ver con la seguridad de los procesos judiciales, el Magistrado reconoció que los protocolos activos actuales deben ser actualizados, pues “algunos tienen varios años y fueron desarrollados a partir de realidades distintas a las de hoy”.
Al respecto, aseguró que se cuenta con grupos de personas expertas que trabajan precisamente en la actualización de esos protocolos, tanto en el ingreso como egreso de los edificios.
Finalmente, la tercera línea de trabajo es la seguridad directamente de las personas. “Nosotros no podríamos garantizarle las 13.000 personas (funcionarias) un oficial o custodio que vaya con él o con ella a todas partes” adujo, por lo que se ha optado “fortalecer o dar las herramientas a las personas para que puedan gestionar su seguridad”.
Alfaro al respecto ponderó que más allá de las medidas que se tomen en edificios, el personal judicial evidentemente lleva una vida cotidiana aparte de sus funciones, por lo que “tenemos que aprender que tenemos trabajos que implican riesgo y que tenemos que cuidarnos un poco más y entonces estamos con un agresivo plan de formación en autoprotección y también de tirador activo”.
Dijo que en ese particular se ha contado con ayuda del OIJ y de la Fiscalía. “En este momento le puedo decir que hemos dado capacitación el Limón, en Guápiles, y proyectamos para el próximo mes más de 900 personas en Goicoechea y así vamos a seguir por todo el país”.
Al respecto, aseguró que antes de que se cumplan ocho meses, o sea fin de año, “tenemos que haberle dado a todo el personal esas herramientas para mejorar y para gestionar su autoprotección”.
Sin embargo, mencionó que evidentemente se dan “condiciones particulares” que obligan a “proteger más integralmente a las personas, porque están en una situación de mayor riesgo” y al respecto destacó que se cuenta con la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, así como la Unidad de Protección de Funcionarios.
Por otra parte, informó que la semana pasada la Sala Penal en pleno, es decir las cinco personas magistradas, se reunieron con todos los jueces y juezas penales de Goicoechea. Recordó el ataque contra el vehículo de la jueza, que justo trabaja en ese circuito judicial, “disparó emocionalmente las condiciones de las personas trabajadoras en la materia penal en Goicoechea y nos hemos reunido con ellos y hemos escuchado, hemos estado atendiendo sus correos y hay un equipo incluso que ya les visitó, para determinar cuáles son las mejoras que podemos ofrecerles a nivel de edificio”.
Además dijo que se les informó que “si hay condiciones que requieran de una atención personalizada de su seguridad, estamos atentos a atenderlo como lo hemos atendido con cada caso en el que se ha dado una situación materializada o cuando hemos tenido conocimiento antes de la materialización”.
Ante la pregunta de cuán difícil es enfrentar esas reformas ante disposiciones legales como la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o la Ley Marco de Empleo Público, Alfaro observó con gravedad que “ya lo dijo Randall Zúñiga (director del OIJ): el crecimiento de la criminalidad va en relación directa con el tema de la disminución del ingreso de recursos a los órganos que están para combatir el crimen. Lo podemos medir en los últimos cinco años”.
Añadió que “nosotros no hemos crecido, hemos decrecido, no hemos recibido más dinero y estamos con muchas más funciones y con muchos más problemas, hacemos de tripas chorizo”.
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