La reforma legal que está a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa, que permitirá a los generadores de energía privados exportar electricidad a Centroamérica, no sólo pondría en riesgo la seguridad energética del país, sino que implicará tarifas de electricidad más altas para la población.
Así lo han advertido informes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de la Procuraduría General de la República (PGR) y legisladores del Frente Amplio.
Se trata del proyecto de Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) (Expediente 22.561).
El proyecto fue dictaminado en marzo de 2022 por la Comisión de Gobierno y Administración y ha tenido un trámite expedito durante la administración Chaves Robles. Actualmente está a punto de ser votado en primer debate en el plenario legislativo.
¿Qué dice el proyecto de ley?
La compra de energía está regulada por la Ley 7.200 (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela), que indica que el ICE es el único comprador de la energía que producen los generadores privados, dentro y fuera del país, y el único autorizado para exportar al Mercado Eléctrico Regional (MER), compuesto por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El proyecto de ley habilita como agentes del MER a las empresas privadas de generación de electricidad, cooperativas y empresas de servicios públicos para que puedan vender en dicho mercado los excedentes de energía que no se requieran para atender la demanda nacional (ver infografía).
Se define como excedentes la energía que no es adquirida por el ICE mediante un contrato vigente o en los casos en que no exista un acuerdo de venta activo.
Según el texto, la Aresep deberá supervisar y fiscalizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), bajo este nuevo esquema.
Tarifas netas más altas
Desde el 2020, la Aresep aplica una metodología que permite que se realicen ajustes trimestrales en las tarifas de electricidad del ICE.
Se trata de la “Metodología para el ajuste extraordinario de las tarifas del servicio de electricidad producto de variaciones en el costo de los combustibles utilizados en la generación térmica para consumo nacional y las importaciones netas de energía eléctrica del mercado eléctrico regional (CVG)”, más conocida como la metodología de Costo Variable de Generación o CVG.
El CVG está compuesto por tres elementos: el gasto en combustible usado por el ICE para la generación térmica (a mayor gasto, mayor tarifa); el valor de las importaciones de electricidad del ICE (a mayor importación, mayor tarifa); y el valor de las exportaciones del ICE (a mayor exportación, menor tarifa).
Esta metodología permitió, por ejemplo, que durante el 2021 las tarifas bajaran un 9,77% y en un 19,96% durante el 2022, según la Aresep.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, explicó por qué la reforma tendrá un efecto negativo en las tarifas nacionales:“Cada vez que el ICE exporta, hay una rebaja en la tarifa de electricidad porque esa ganancia de la exportación se traduce en rebaja de electricidad”, aclaró Guillén en el foro “Justicia Climática en deterioro en Costa Rica”, el 19 de abril, en la Asamblea Legislativa.
“Lo que propone este proyecto de ley es que esa ganancia de electricidad de los privados se individualice, porque el generador privado está exportando, no para devolverlo en tarifas, sino para tener una ganancia y dejárselo a los socios de la planta. Esto implica que, durante los siguientes años, entre más sea desplazada la oferta del ICE por la oferta de los privados, menos rebajas tarifarias vamos a tener aquí en suelo nacional”, dijo Guillén.
La Aresep también advirtió que la reforma impactará las tarifas locales. En un oficio enviado por el regulador general de la Aresep, Eric Bogantes Cabezas, a la diputada Guillén el 16 de diciembre de 2022, el jerarca destacó que si se aprueba el proyecto de ley podrían presentarse dos escenarios: que la nueva oferta desplace parcialmente las exportaciones que realiza el ICE o que la nueva oferta no desplace la cantidad de energía exportada por el ICE, pero sí el precio al que se tranza dicha energía.
“La Autoridad Reguladora valora como positivo la posibilidad de que el ICE actúe de manera directa como comercializador de los excedentes de energía de otras plantas públicas y privadas, de manera que la optimización de la capacidad instalada se realice en función de los beneficios potenciales para el SEN como un todo”, aclara la Aresep en el oficio OF-0611-RG-2022.
Prioriza beneficio privado
Hace dos años el ICE advirtió que la reforma distorsionaría “el modelo eléctrico solidario del país” y “prioriza el beneficio económico privado sobre la integralidad del SEN y sus abonados”. Así consta en un oficio enviado por la directora de la División Jurídica del ICE, Oky Segura Elizondo, a la Asamblea Legislativa el 20 de agosto de 2021.
El oficio apunta que la generación de electricidad está calificada como servicio público en reiterada jurisprudencia administrativa de la PGR, y que el concepto de servicio público se caracteriza por la satisfacción del interés general: “aquel que supera los intereses individuales para ponderar el interés de la comunidad en su conjunto”.
El ICE también criticó que el texto no indica cómo la venta de excedentes de privados en el MER “permitirá reactivar la economía del país y cómo se garantizará a los usuarios finales tener acceso a energía eléctrica con precios más bajos”.
Asimismo, señaló que el proyecto de ley podría ser inconstitucional, al declarar “agentes regionales” a los generadores privados, sin que estos cumplan con el requisito de ser agentes nacionales.
La institución reiteró que, en la medida en que la energía colocada por los generadores privados en el MER desplace las exportaciones que realiza el ICE, se producirá “una afectación a los usuarios finales”.
“Una eventual reducción de las exportaciones que realiza el ICE reduce los beneficios que perciben los usuarios actualmente en las tarifas por este concepto”, coincide el ICE refiriéndose a la metodología CVG explicada anteriormente.
Por último, Guillén añadió que también se pondría en riesgo la seguridad energética del país porque el proyecto pretende que los generadores vendan al MER sin pasar por el ICE y el ICE tendría menos posibilidades de planificar la atención de la demanda nacional.
“Podría ser que el generador privado ya no esté incentivado a primero vender la electricidad requerida para cubrir la demanda nacional, sino que pase directamente a vender excedentes. Eso puede implicar que en algunos territorios haya apagones, sobre todo en periodo de sequía. Y, como son muy vivillos, cuando aquí haya apagones y sequías van a ir a decirle al ICE ‘vaya a ver cómo cubre esa carambada’. No crean que van a ir a reclamarle al privado por qué exportó primero”, resaltó la legisladora.
Generadores privados a los que el ICE no les renovó contratos presionaron por proyecto de ley
El proyecto de ley fue elaborado en la administración de Carlos Alvarado, con el apoyo del entonces ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier.
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