Los diputados de la Asamblea Legislativa conformaron esta tarde la comisión que se encargará de continuar con la discusión del plan fiscal (expediente 20.580) y sus modificaciones, un grupo que estará comandado por el oficialista Welmer Ramos como diputado del Gobierno que busca paliar la complicada situación fiscal que atraviesa el país.
Recientemente Ramos, que es economista, destacó la “urgencia” del proyecto, como una forma de “darle las indicaciones al mercado internacional de que queremos solucionar el desequilibrio financiero y de que somos confiables a la hora de pagar nuestras obligaciones para seguir teniendo acceso y que las tasas no suban”.
La presidencia oficialista contó con la venia del resto de los congresistas, pues —como explicó la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández— parecía el puesto apropiado para un diputado de Gobierno tomando en cuenta que se trata de “un proyecto que debe venir impulsado por las medidas que se quieran cambiar o introducir desde el Ejecutivo”.
El resto del grupo estará compuesto por los diputados Gustavo Viales, Silvia Hernández, Yorleny León (PLN), Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank (PRN), Walter Muñoz (PIN), José María Villalta (FA) y Pedro Muñoz (PUSC), quien será el secretario; una nómina de nueve congresistas como lo estableció la moción recién aprobada este martes para reactivar el trámite del proyecto.
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Esta comisión ahora deberá encargarse de organizar y dictaminar la modificaciones que propongan los nuevos diputados y el Gobierno, aunque también deberá retomar otros cuatro textos de fondo que sus antecesores no terminaron de analizar.
Entre otros cambios, se analizarán algunos que han generado gran expectativa en los diputados como desgravar la canasta básica; así como aquellos solicitados por el Ejecutivo en materia de flexibilidad para el cumplimiento de los destinos específicos del presupuesto y para reformar el pago de las anualidades a un monto nominal.
Además, ya se acordó citar al jerarca de la Contraloría General de la República y a los ministros de Hacienda y de Trabajo, algo que servirá para conocer sus indicaciones especiales en dichos campos de experiencia.
Al respecto, la diputada Hernández destacó que la importancia de que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, siga de cerca el proceso, de modo que “se refiera directamente a las medidas, con su detalle de plazo y rendimiento”. Así mismo, dejó la puerta abierta al Gobierno como ente del que espera toda la iniciativa, quizás incluso con un nuevo texto sustitutivo.
Cada detalle que se cambie modificará la recaudación estimada por el Ejecutivo, que en el periodo pasado estimaba en el impacto que tendría el texto unos dos puntos porcentuales del PIB.
Las dos mayores indicaciones del texto son el establecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una reforma parcial al Impuesto sobre la Renta para gravar las ganancias de capital. No obstante, también añade algunas reformas en el contexto de empleo público.
Para realizar modificaciones al texto, apenas el martes se abrieron dos días más no consecutivos para las propuestas de fondo, que —como comentó la diputada Hernández— “no son días hábiles ni naturales, sino que cada uno tendrá su propio proceso de revisión, discusión y elaboración de un informe”.
Sobre la conformación de esta comisión, la presidenta legislativa Carolina Hidalgo lamentó que no se pudiera cumplir con la paridad de género como ha sido su intención desde que asumió funciones en el Directorio, a pesar de que solicitó “en varias ocasiones” considerar ese aspecto.
De cualquier manera, aceptó que “la Presidencia no puede imponer la conformación a las fracciones porque eso implicaría una serie de procedimientos complejos”, por lo que respetó “el deseo de las fracciones, aunque lamentó mucho” ese aspecto.
