Sólo cinco días después de la doble comparecencia de ocho horas 25 minutos que utilizó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para presentar su plan de contención del gasto público a los diputados, estos reactivaron la discusión del plan fiscal, atendiendo la súplica de la jerarca y del Gobierno, que buscan recuperar la confianza de los mercados internacionales, encontrar opciones de financiamiento, aliviar el peso de la deuda pública y mitigar el déficit fiscal que apunta al 7,1% del PIB, según las estimaciones del Banco Central.
La medida llega para aliviar precisamente al Gobierno una vez presentado el plan de contención como esa llave que suponía el “zocarse la faja” en materia del gasto, una condición que la oposición le había planteado al presidente Alvarado y a su equipo como el gran requisito para allanar el camino a la aprobación de nuevos impuestos.
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Específicamente, los diputados votaron y aprobaron (en una votación de 52-1) modificar la vía rápida ya aprobada en la legislatura pasada, con la que los viejos congresistas no pudieron llevar a buen puerto el documento antes de abandonar sus curules y se quedaron estancados en el análisis de mociones propuestas por los opositores al proyectos, frenteamplistas y libertarios.
El único voto en contra provino del diputado independiente Erick Rodríguez Steller, quien manifestó su molestia antes de la votación por no haber sido tomado en cuenta dentro del tiempo que se repartió entre las distintas bancadas para opinar sobre el proyecto y el trámite en cuestión .
La moción fija dos días más para la presentación de modificaciones de fondo al texto, que —entre otras medidas— establece la transformación del Impuesto General de Ventas en uno de Valor Agregado (IVA) y una modificación parcial al Impuesto de Renta para gravar las ganancias de capital.
Para ello, se conformará una nueva comisión con tres diputados del PLN, dos de Restauración Nacional, uno del PAC, uno del PUSC , uno del PIN y otro de las fracciones minoritarias. Esta comisión deberá quedar conformada dentro de las próximas dos sesiones del Plenario Legislativo, según lo propongan los jefes de fracción.
Ante la reactivación de las discusiones fiscales, la economista y diputada liberacionista Silvia Hernández afirmó que más allá de una respuesta al Gobierno la aprobación se trata de un movimiento lógico para retomar el derecho de los diputados a realizar cambios al documento, un expediente 20.580 cuya redacción final dependerá en buena medida de las intenciones del Ejecutivo.
“Es necesario que este proyecto sea discutido no sólo con las mociones que ya recibió, sino también con la reactivación de la comisión para ello (…) Ahí dependerá de si el Gobierno en primera instancia va a presentar cambios; recordemos que este es un proyecto para el equilibrio de las finanzas públicas que tiene en sus principales componentes mejorar la recaudación de ingresos a través de más impuestos, y por eso creemos que la voz cantante la tiene el Ejecutivo. Los rubros y los componentes que están actualmente en ese proyecto serían cambiados principalmente si así el Ejecutivo lo definiese”, comentó.
A esto, el jefe de los verdiblancos, Carlos Ricardo Benavides, agregó mantienen la posición de los últimos meses y que “sólo se van a dar por satisfechos en el fondo del proyecto fiscal cuando tengan clara la suficiencia de las medidas de contención del gasto del Gobierno y la forma en que eso se detalle en el presupuesto en septiembre para una decisión final, sea en segundo o primer debate”.
Por su parte, la segunda bancada en importancia, Restauración Nacional, solicitó más vehementemente un nuevo grupo de medidas de contingencia del gasto público antes de que el proyecto llegue a primer debate, en palabras del diputado Jonathan Prendas. Sin embargo, al igual que el PLN, votaron a favor reactivar la iniciativa. “Solicitamos al Gobierno que avance en la contención del gasto y en el control de la evasión mientras tramitamos el plan fiscal”, reiteró el jefe de esa bancada, Carlos Avendaño.
Apenas el jueves pasado, tras la exposición de la ministra Aguilar, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, afirmó que idealmente el proyecto debería estar aprobado “mucho antes de agosto por un tema de imagen de país”; sin embargo, no quiso dar un plazo específico pues eso dependerá en gran medida de “la eficiencia” en el Plenario y si el texto se envía o no a consulta constitucional. “Quisiera no asegurar ningún plazo porque va a depender de las fracciones”, subrayó.
Los contenidos
El proyecto de ley 20.580 ha experimentado un largo camino desde que el Gobierno de Luis Guillermo Solís lo presentó a finales de 2016, con el objetivo de paliar la complicada situación financiera que vive el país y que se traduce ya en una deuda pública superior al 50% de la producción.
El documento incluye reformas especialmente tributarias; sin embargo, también incluye reformas a las anualidades y -aunque los diputados removieron esa medida a finales de la legislatura pasada- también incluía permisos para la flexibilidad en el financiamiento de los destinos específicos de ley, algo que la ministra Aguilar pidió reincorporar al documento.
En cuanto a los impuestos, el proyecto propone la transformación del actual Impuesto General sobre las Ventas en un Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que implicaría el aumento del espectro imponible a sectores que hoy no están gravados como es el caso de los servicios, uno de los más dinámicos en la economía actual del país.
El Gobierno de Solís primero planteó que este tributo no solo se transformara, sino que también aumentara a una tasa del 15%; sin embargo, finalmente cedió a las propuestas de la mayoría de las bancadas, que aceptan un máximo del 13%. El cobro sería menor para la canasta básica (2%) y para servicios privados como la salud y la educación (4%).
En cuanto al Impuesto sobre la Renta, el proyecto plantea extender la carga del 15% a las rentas de capital, hasta hoy desgravadas; así como aumentar en dos tractos el tributo a los salarios superiores a los ¢2,1 y ¢4,2 millones con cobros del 20% y el 25%.
Por su parte, en materia de empleo, el proyecto adhiere algunas reformas a la Ley de Salarios Públicos, con planteamientos como el salario único para jerarcas y regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva; al tiempo que agrega topes salariales y la conversión de las anualidades en un mecanismo de evaluación con un tope del 2,49%.
Con estas reformas, el Ejecutivo buscaría recortar el déficit en unos dos puntos del PIB, cifra que permitiría dar un respiro, pero no una solución final al problema.
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El objetivo que se ha planteado la actual administración es cerrar al menos el déficit primario (sin intereses), que ya supera el 3% del PIB y obliga a un endeudamiento que se encarece por la pérdida de confianza en los mercados internacionales.
