Costa Rica alcanzaría déficits del 7,1% y 7,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos dos años si no se realizan reformas que lo impidan, según proyectó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su último Programa Macroeconómico (2018-2019).
Las estimaciones son 0,9 y 1,7 puntos porcentuales superiores que el déficit actual (6,2% del PIB), que ya este año alcanzó su peor punto desde la década de los 80, cuando la administración Carazo Odio enfrentó la crisis anterior a la firma de los programas de ajuste estructural (PAEs).
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No obstante, el BCCR indicó que sus estimaciones «no consideran los efectos de una eventual aprobación legislativa de proyectos de reforma fiscal, ni el uso por parte del Ministerio de Hacienda de los contratos de colocación de deuda interna anunciados al medio financiero a finales de 2017», las principales condiciones que podrían frenar el declive.
No realizar una reforma, según el Ministerio de Hacienda, dejaría al país a expensas de una reforma que también podría ser impuesta por organismos internacionales.
No obstante, el Programa dejó la puerta abierta a una reforma propia e indicó que, «si ello ocurriera, el Banco Central evaluará su efecto y la procedencia de modificar su programación macroeconómica».
Así mismo, el Banco indicó en su Programa que sus previsiones «suponen que la Tesorería Nacional continuará atendiendo los requerimientos de caja y otras obligaciones financieras mediante la colocación de bonos de deuda interna (colones y dólares)», punto que no se cuestiona.
Ante estas indicaciones, la entidad estatal evaluó con urgencia que se se busquen «consensos nacionales sobre medidas que procuren una solución al problema estructural de las finanzas públicas», algo que refirió a «contención de gastos y aumento en los ingresos».
En esta línea, hizo referencia a la tendencia creciente de la deuda pública como otro factor de riesgo, pues ya alcanza cifras cercanas al 50% de la producción y amenaza con dificultar aún más el financiamiento para aplacar el desequilibrio financiero.
En el campo de la deuda, el Programa estimó un crecimiento al 53,6% y un 59% del PIB en los próximos dos años, con lo que ya sobrepasaría por 9 puntos el límite sostenible establecido el Fondo Monetario Internacional para economías emergentes.
Hablamos de gastos muy superiores a los ingresos, deudas que se acumulan para cumplir con obligaciones y cada vez mayores complicaciones para encontrar financiamiento, ante la pérdida de confianza evaluada por las calificadoras de riesgo internacionales.
Al respecto, el BCCR fue claro y mencionó que «dada la trayectoria creciente de la deuda pública, el financiamiento del déficit fiscal acentuaría ese comportamiento, lo que constituye el principal riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas y por ende, para la estabilidad macroeconómica del país».
Por tratarse de un Estado robusto, las obligaciones financieras del país son cada vez mayores en campos como salarios y trasferencias a instituciones; lo que deja en el limbo a iniciativas que quedan por fuera, como gran parte de los programas sociales.
Al déficit lo golpean especialmente el ritmo de crecimiento que presentan las transferencias y las remuneraciones desde el año 2008, muy por encima de los ingresos tributarios; así como el pago de obligaciones constitucionales como los presupuestos de 6% y 7% del PIB para el sector Educación y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Esta situación ya había sido expuesta por el ministro de Hacienda y primer vicepresidente Helio Fallas el 25 de enero pasado, cuando presentó —en una sesión un poco más larga de lo habitual— las cifras fiscales de 2017.
En aquella ocasión, aseguró que si bien la crisis aún no es evidente, puede ocasionar serios problemas a corto plazo; aunque «al no percibirse este problema fiscal, la ciudadanía no tiende a percibir el problema que puede significar».
A pesar de todas estas condiciones, se proyecta una inflación estable del 3% con un punto de flexibilidad, así como un crecimiento sostenido de la producción (en 3,6% y 3,9%), por encima del promedio de América Latina, pero por debajo de los mercados emergentes y en desarrollo.
«Costos de la inacción»
Como parte del informe presentado por el BCCR, la institución además destacó «los costos de la inacción» para sanear las finanzas públicas nacionales.
En esta línea, citó posibles problemas como «presiones al alza en las tasas de interés, incremento en la percepción riesgo país, estrujamiento del crédito al sector privado, reducción en la rentabilidad de la inversión en capital físico y humano, desestímulo al ingreso de capital por inversión extranjera directa y presiones alcistas en inflación», algo que repercute en problemas mayores como el crecimiento económico.
«Esas condiciones tienen efectos directos y negativos sobre los flujos de inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo y, en general, sobre el desarrollo económico y bienestar de la sociedad costarricense», puntualizó.
En términos generales, el Gobierno ha impulsado varios proyectos de reforma fiscal en la corriente legislativa durante los últimos años; sin embargo, las propuestas no lograron satisfacer a los congresistas de todas las fracciones, que han mantenido el tema «congelado», especialmente desde que inició la campaña electoral.
Ahora, todo apunta a que reestructurar la situación financiera del país será un trabajo para la próxima administración que asumirá funciones en mayo, cuando deberá enfrentar condiciones más deterioradas y que urgirán con mayor prontitud de recursos frescos y recortes del gasto.
