El relativo alivio que trajo al país la promulgación en 2010 de la Ley para Declarar a Costa Rica Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto bien puede encontrar un abrupto fin, luego de que el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR hallara que desde 2019 se han tramitado 59 expedientes de solicitud de concesión para exploración de oro y plata bajo la modalidad de minería subterránea.
El trabajo de investigación fue realizado por Jennipher María Martínez Ramírez y Mauricio Álvarez Mora, como parte del proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes” de la Escuela de Geografía y Kioscos Socioambientales, que pertenece a la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y es sintetizado en un Informe presentado este miércoles 3 de abril.
El hallazgo principal revela una oleada de solicitudes tramitadas a partir de 2019. La investigación de Martínez y Álvarez encontró que antes de ese año se habían presentado 18 solicitudes, pero desde entonces se han tramitado 59, según la información accesible en el catastro y los expedientes mineros de la Dirección de Geología y Minas (DGM).
Esas solicitudes en trámite abarcan un área de 779,52 kilómetros cuadrados (km²) a lo largo de la cordillera de Tilarán, lo cual toca a los cantones de Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela, Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes de Oro, Esparza, Turrubares, Puriscal y Mora.
“El hecho de que sea una minería en túnel no significa que todo lo que pase ahí dentro no ha repercutir primero sobre el subsuelo inmediato, sobre las aguas de acuíferos importantes, sobre los pozos de la gente, sobre el recurso hídrico de la zona”, explicó Álvarez, pues “cuando usted abre la roca, los primeros efectos que se producen es que el agua empieza a drenar, el agua que naturalmente tenía una forma de correr del subsuelo hacia los acuíferos, que va desde las zonas superficiales a los acuíferos o el agua que fluye hacia arriba, que va desde los acuíferos a ríos o pozos”.
La perforación implica, explicó, sacar todo el material a la superficie, “lo cual significa escombreras, sitios de construcción, campamentos, el drenaje de toda esta agua que sale generalmente; o viceversa, también inyectar agua para las perforaciones”.
El investigador además subrayó que se trata de una región muy seca y con “escenarios muy dramáticos” de escasez de agua, “como en todo el resto del país”.
Es de notar que el informe destaca que “una solicitud no es una concesión en firme” ni que necesariamente toda el área solicitada llegará a ser explorada o explotada. Añade que “la mayoría de solicitudes aún no completa todos los requisitos para la adjudicación de la concesión, en el catastro minero aparecen como concesiones temporales y en trámite de otorgamiento, el principal requisito pendiente es la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental que se realiza en Setena”.
Esa misma observación la hizo Arnoldo Rudín, presidente del Colegio de Geólogos y consultor en cinco de las solicitudes, quien a título personal por escrito entre otras cosas señaló que “la estadística a nivel mundial indica que solamente 1 de cada 100 proyectos mineros estudiados lleva al nivel de explotación, es decir, pasa a convertirse en una mina”.
Asimismo, apuntó que las concesiones de exploración “son básicamente para hacer los estudios para verificar la posibilidad de que haya el mineral metálico para fines comerciales y si es rentable para una empresa o grupo de personas extraerlo de manera subterránea; esta etapa se puede extender a cinco años de investigación científica”.
“Una muy buena opción”
El geólogo explicó que esa oleada de solicitudes a partir de 2019 se debe a que, en ese año y en especial en 2020, “el precio internacional del oro empieza a aumentar fuertemente, llegando a valer $2.000 la onza troy. Esto produjo un efecto a nivel mundial en donde aumentó el interés de adquirir concesiones mineras”, lo cual “se reflejó en Costa Rica”.
Como se dijo, Rudín contestó por escrito y a título personal una serie de preguntas que fueron enviadas al Colegio de Geólogos, desde donde se dijo que no se referirán al tema.
Sobre los riesgos o seguridad de la actividad, Rudín aseguró que “por el tipo de mineralizaciones existentes en Costa Rica, en donde tenemos vetas o estructuras de cuarzo bien definidas, la extracción de las mismas utilizando el método de minado subterráneo llega a ser una muy buena opción”.
Observó que en el país se lleva a cabo la minería subterránea, “pero casi toda (por no decir toda) es en forma ilegal, sin contar con las medidas de seguridad laboral adecuada y controles tributarios eficaces”.
Si bien reconoció que a nivel mundial se han dado “experiencias tristes” de accidentes, dijo que ello ha disminuido gracias a “la tecnología y los controles que se hacen”, pero recalcó que “la gran mayoría” se da cuando la actividad se realiza en forma ilegal.
“No obstante, no se omite que este tipo de accidentes se puedan dar en ambientes sostenibles y controlados, lo que es evidente es que son equiparables a cualquier otra industria. Es urgente que la industria minera subterránea sea legalizada, para que así las autoridades puedan tener más control sobre esta actividad”, manifestó.
Ante el hecho de que tanto él como Yannye Fallas, tesorera del Colegio de Geólogos, aparecen como consultores en las solicitudes, se preguntó si es geológica y ambientalmente sano y seguro que se de una concentración de más de 70 eventuales proyectos mineros subterráneos en la cordillera de Tilarán.
Rudín recalcó la importancia de “ordenar la actividad minera”, pues, según apuntó, el 95% de la minería metálica que se realiza en Costa Rica es ilegal, “en donde no hay concesión minera ni estudio de impacto ambiental, no pagan impuesto y, sobre todo, no siguen las regulaciones de seguridad ocupacional para salvaguardar la vida de los mineros ni tampoco aplican medidas para el cuido y manejo del ambiente, por lo que se producen impactos importantes debido a la contaminación química, sedimentos en los ríos y en general al ecosistema”.
“Si como usted dice hay 70 solicitudes de concesiones en la cordillera de Tilarán, me animo a decirle que en este momento existen cientos de operaciones ilegales haciendo minería en dicha cordillera, ya que como es sabido se produce minería ilegal en Abangares, Líbano, Pozo Azul, Monteverde, San Mateo, Aguacate, entre otras más”, añadió.
Historial minero
Casi que sobre la misma línea de “ordenar la actividad minera”, Álvarez subrayó que, por ejemplo, “no se ha hecho un diagnóstico ambiental serio de lo que han sido 100 o más años de exploración en Abangares, cómo han quedado los ecosistemas, los ríos y la calidad de vida de la gente, la salud en general ambiental de estas comunidades y, sobre todo, también la economía y en realidad lo que vamos a tener es como una reproducción en la zona de toda la cordillera de Tilarán del modelo de lo que pasa en Abangares”.
Baste al respecto el ejemplo de la calamidad ambiental acaecida recién en julio de 2022, cuando se dio un derrame en una planta de tratamiento de compuestos mineros para la extracción de oro, denominada La Luz.
Ese evento dejó lodo estancado a lo largo de los ríos Santa Lucía y Abangares, que según autoridades municipales llegó a alcanzar 15 centímetros de altura y arrasó con peces y camarones. Desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se indicó que hubo una “alta probabilidad” de que el material derramado contuviese mercurio o cianuro.
Otro caso es el de la mina a cielo abierto Bellavista, en Miramar de Puntarenas, que colapsó en octubre de 2007 y el material que contenía cianuro contaminó el río Ciruelas, que desemboca en el golfo de Nicoya.
Una de las principales preocupaciones de Álvarez es que “el Estado ha demostrado que no tiene capacidad de control, lo que pasa en Crucitas y lo que pasa en Abangares ha demostrado que el Estado no controla absolutamente nada la minería”.
En Crucitas de Cutris se logró detener el proyecto a cielo abierto de Industrias Infinito, pero luego se dio una oleada aún persistente de minería ilegal.
Álvarez recordó que proyectos como el de Miramar, Macacona, en Esparza; o Beta Vargas, en Chomes, que “fueron los proyectos más grandes, todos fracasaron técnicamente o por irregularidades y todos han generado una estela de minería ilegal alrededor”.
Minería en Latinoamérica sigue causando peligrosos accidentes
La región no es extraña a los accidentes, sobre todo en minas subterráneas, que en años recientes han cobrado vidas.
Minería ilegal es carburador de actividades criminales
La información sobre yacimientos generada por empresas formales es aprovechada por la extracción ilegal que se relaciona con otras prácticas de la delincuencia organizada.
