País

Minería ilegal es carburador de actividades criminales 

La información sobre yacimientos generada por empresas formales es aprovechada por la extracción ilegal que se relaciona con otras prácticas de la delincuencia organizada.

“Todos han generado una estela de minería ilegal alrededor”, dijo Mauricio Álvarez Mora al referirse a los proyectos mineros que llegaron a desarrollarse con formalidad en el país.

El docente e investigador del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR hizo la observación a propósito de una investigación realizada por él y por Jennipher Martínez Ramírez, la cual reveló una gran cantidad de expedientes de solicitudes para exploración de minería subterránea de oro y plata en la Dirección de Geología y Minas.

El problema radica en que la actividad de minería ilegal se asocia a otra gama de prácticas propias del crimen organizado, como el lavado de dinero o el contrabando de cianuro o mercurio.

El ejemplo de Crucitas, en Cutris de San Carlos, es elocuente. Luego de que el proyecto fuera definitivamente desechado tras una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en 2017 estalló el problema de la extracción ilegal y en ese momento unas cinco mil personas llegaron al sitio a probar suerte, con lo cual se dio tráfico de drogas y la explotación sexual.

Si bien quienes defienden la minería han alegado que permitir la extracción legal de una empresa grande hubiera prevenido el problema hasta hoy vigente, lo cierto del caso es que en la zona la búsqueda y extracción ilegal de oro ha abarcado fincas y zonas aledañas a la propiedad donde Industrias Infinito pretendió establece su mina a cielo abierto.

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a propósito del trámite de un recurso de amparo ante la contaminación de mercurio interpuesto por el abogado Álvaro Sagot, reveló cómo la actividad generó casos de corrupción a funcionarios públicos.

Ese informe también citó casos de tráfico de personas menores de edad, explotación laboral, tráfico de mercurio y cianuro y que la exportación del oro ilegal implica la comisión de otra serie de delitos como la legitimación de capitales.

Recién en febrero, en declaraciones dadas a UNIVERSIDAD, Alejandro Fernández, investigador de la Sección Especializada Contra los Delitos Medioambientales del OIJ, describió cómo la actividad de los coligalleros se mudó de Crucitas a la reserva de Indio Maíz, en Nicaragua.

“Nosotros como Policía Judicial, en su momento (2020), con el caso de legitimación de capitales, se detuvo gran cantidad de personas, en este caso, los principales compradores de oro de la zona de Crucitas”, reveló.

Ello hizo que para los coligalleros “ya no era tan atractivo vender oro en Costa Rica”. Además, la actividad implicaba transportar el material extraído a Abangares, donde era procesado de manera ilegal para obtener el oro, sin embargo, de acuerdo con Fernández, ello implicó que el beneficiado ilegal también se mudara a Nicaragua.

En países sudamericanos, la conjunción de la minería ilegal con el crimen organizado es más evidente. Por ejemplo, un informe del Ministerio del Interior de Ecuador de diciembre del año pasado reveló que en varias provincias del país actúan bandas criminales ligadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Se trata de zonas donde además de minería ilegal se da tráfico de drogas, armas y lavado de capitales.


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