El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, aseguró la mañana de este jueves que su cartera no cuenta con la capacidad institucional para remediar la presencia de mercurio en la zona de Crucitas a un corto plazo, como consecuencia de las actividades de minería ilegal.
Las declaraciones las rindió ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde además aseguró a los diputados que es necesario actuar de forma conjunta porque se trata de “un problema que trasciende las capacidades del Ejecutivo”.
La segunda sesión de audiencias en la Comisión de Ambiente con el ministro de Ambiente, Carlos M. Rodríguez, llegó en un momento de tensión entre el jerarca y la fracción del PLN. Veremos qué pasa. @SemanarioU pic.twitter.com/KM4NGM9bKw
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) January 10, 2019
Según el jerarca, “el tema del mercurio es el tema más serio de todos en la zona porque requiere una inversión grande para la remoción y de una pronta atención, pues se trata de un tóxico permanente que además puede entrar dentro de la cadena alimenticia con repercusiones muy serias para la salud”.
Al respecto, eso sí, señaló que el Gobierno ya piensa en fuentes de financiamiento para corregir el problema, las cuales son parte de los proyectos que elabora el Ministerio de Planificación para presentar un plan de atención integral a finales de este mes para el problema de la minería ilegal en San Carlos.
Incluso, Rodríguez mencionó la posibilidad de utilizar los fondos de la garantía ambiental del proyecto minero que intentó operar en la zona, una opción cuyas implicaciones legales están en estudio.
“Existe la posibilidad de ejecutar la garantía ambiental de la empresa minera por $600.000. Nosotros estamos explorando y entendiendo cuál es el procedimiento porque también hay un proceso de ejecución de sentencia del Contencioso Administrativo, para determinar cómo podríamos utilizar esos recursos y trabajar con los expertos de universidades nacionales e internacionales cuanto antes”, comentó.
Rodríguez aseguró que pronto se presentará el plan de abordaje integral, el cual estaría “aparejado a las presupuestaciones institucionales” para atender la materia.
Recordó que el problema minero en Crucitas está intensamente ligado con la falta de atención en las costas y las fronteras, un descuido de corte “humano, social y de desarrollo” que debe atenderse en su conjunto para solucionar el problema.
También habló sobre la posibilidad de generar mecanismos de explotación minera artesanal (no industrial) controlada para el beneficio de la zona, como los que se aplican en Abangares.
Contención
Cuestionado por los diputados sobre las acciones que ha realizado el Gobierno en relación con la minería en Crucitas, el jerarca de Ambiente aseguró que el trabajo hasta ahora se ha centrado en “cortar el crecimiento exponencial que se estaba dando” mientras se planeaba un “abordaje integral”.
“En mayo había 4.500 personas que estaban desarrollando actividades ilegales en finca Vivoyet, y ya no era sólo eso sino que además ya se estaba transformando de una minería artesanal a la introducción de maquinaria pesada en la zona. Además, había toda una provisión de servicios a esas actividades ilegales, en términos de alojamientos, alimentación, combustible y otras actividades”, señaló.
“Nosotros nos concentramos en contener el problema para que no continuara magnificándose en escala, dimensión y complejidad del problema, y creo que hemos logrado hacer esa contención. Ahora, los reportes que da seguridad pública dicen que hay alrededor de 400 o 500 personas que están ingresando en la frontera, pero hemos cortado con ese crecimiento exponencial que se estaba dando”, describió.
Según el ministro el Gobierno nunca tuvo “ninguna intención de ocultar ni minimizar la situación”, sino que los estudios sobre los problemas ambientales y sociales —incluida la contaminación por mercurio— se han realizado, a pesar de que aceptó no contar con los recursos suficientes para hacerlos con una mejor periodicidad.
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Además, sobre la acumulación y el crecimiento de las cantidades de mercurio acumuladas en la zona, señaló que los resultados de estudios independientes son importantes, pero que no le sorprenden, pues “desde abril a noviembre la actividad ha continuado y lo lógico es que cualquier muestreo posterior indique que hay mayor concentración de mercurio (un material que se acumula en el ambiente)”.
Enojo liberacionista
La comparecencia del ministro Rodríguez estuvo marcada por un contexto de conflicto con los diputados presentes de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes reclamaron por las recientes declaraciones del jerarca a la prensa en las que cuestionó a los verdiblancos por un presunto manejo politizado de la información disponible sobre el tema.
Uno de los más fuertes fue el jefe liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, quien le recordó que su bancada ha sido el “principal socio” del Ejecutivo en otros temas y que las insinuaciones en contra de su bancada le parecían odiosas.
Ante esas palabras, el ministro ofreció “disculpas” y subrayó que considera importante trabajar en conjunto, tomando en cuenta que la utilización de mercurio es “un problema que trasciende las capacidades del Ejecutivo”.
Los liberacionistas además le recriminaron que hubiera realizado “insinuaciones de corrupción” en el estudio que difundió el PLN sobre el empeoramiento de las condiciones químicas, cuestionando el financiamiento de los estudios y los intereses para realizarlos, ante lo que el jerarca aseguró que siempre respetó los resultados del texto, pero le pareció extraño que los científicos hicieran una recomendación política al final, cuando lo normal es que se aboquen a las condiciones ambientales.
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Por último, los diputado también le cuestionaron que hubiese subestimado el impacto económico de la extracción de oro en el pasado, algo que Rodríguez reconoció, aunque sí criticó que se utilice para defender el intento de extraer el oro a través de una empresa, como fue Infinito Gold, pues en ese caso los ingresos pactados iban a ser únicamente por un 2% de las ventas.
Eso igualmente causó el enojo de la diputada María José Corrales, quien le indicó que la empresa igualmente habría pagado por conceptos como el impuesto de renta, la contratación de personal y la dinamización de la economía en la zona. Corrales, una de las más interesadas en el tema de Crucitas en los últimos meses, afirmó recientemente a este medio que varios diputados analizan el tema de la explotación minera y que la verían con apertura, siempre y cuando encuentren sustento de que es “ambientalmente viable”.
No obstante, en el tema del dinero extraído, lo cierto es que el ministro afirmó a La Nación que el oro extraído se podía estimar en unos $2 millones de dólares; sin embargo, estudios del propio Minae demostraron posteriormente que el monto ascendía por encima de los $196 millones.
De cualquier manera Rodríguez subrayó que considera a la minería industrial a cielo abierto como “un modelo que no debe darse” y que lo importante es encontrar las formas para evitar la explotación artesanal descontrolada que actualmente se realiza.
