En medio de las medidas de confinamiento por el COVID-19, la suspensión de clases presenciales y el teletrabajo, miles de personas no tienen acceso a Internet, a pesar de que existe un fondo de ¢203.104 millones creado para aumentar la cobertura en todo el país y sobre todo a las personas de menos recursos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) identificó 500.000 estudiantes de hogares con bajos recursos y en territorios fuera de la Región Central sin poder conectarse a Internet en sus casas para recibir lecciones. A ellos se les envía material impreso o vía WhatsApp a los teléfonos de sus padres.
De esos estudiantes, 116 asisten a la Escuela de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas, donde Magaly Guevara es maestra. Según contó la docente, allí los menores no tienen ni equipo ni conexión a Internet, por lo que a quienes viven en comunidades cercanas les llevan las guías impresas a las casas una vez al mes en un transporte que les prestan; y al resto -que vive en Curré centro – se los entregan el día que reparten la alimentación (Ver recuadro “Supuestamente hay un proyecto de Fonatel que viene”).
En medio del debate sobre la desigualdad en el acceso a Internet surge el cuestionamiento de ¿por qué un fondo millonario como el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no ha cumplido sus objetivos 12 años después de creado?.
Varias iniciativas legislativas proponen tomar estos recursos para ayudar a estudiantes y familias que en medio de la crisis requieren más que nunca una conexión a Internet; pero, mientras, se mantienen los desórdenes en Fonatel señalados por varias instancias.
Desde que el 16 de marzo el Gobierno suspendió las clases presenciales en todo el país, el MEP ha recurrido a la educación a distancia; pero según sus datos, de 1.067.091 estudiantes matriculados en el ciclo lectivo, solo 500.987 están registrados en la Plataforma Teams para recibir lecciones virtuales usando el programa “Aprendo en casa”. Solo un 49,74% de los estudiantes tienen conexión a Internet con equipo propio o prestado; un 31,85% no tienen equipo ni conectividad; y un 18,4% tienen equipo pero no pueden conectarse a Internet por mala señal u otras razones.
Hoy se discuten las razones de esta desigualdad, después de que desde el 2008 se creara Fonatel, cuyo fin era cerrar esa brecha digital.
En su artículo “Brecha digital y desigualdades territoriales afectan acceso a la educación”, las investigadoras del Programa Estado de la Educación Isabel Román Vega y Valeria Lentini Gilli destacaron que “sin un acceso universal a la buena conectividad, la profundización de las desigualdades territoriales y educativas es inevitable, a esto se suma además el hecho de que el personal docente en esas zonas también presenta diferencias”.
Las investigadoras citaron cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 previo a la pandemia, que muestran que un 3% de estudiantes de la Región Central no tiene conexión a Internet, porcentaje que se eleva a un 8% en la Región Chorotega y 12% en la Huetar Norte.
Román y Lentini apoyan la propuesta del estadístico, consultor en nuevas tecnologías y docente Roberto Sasso, de que “el gobierno podría valorar crear con fondos del Fonatel un Bono de Conectividad para atender la crisis educativa que les permita a las familias pobres, con estudiantes y residentes en las regiones periféricas, adquirir un paquete de conectividad fija de alta velocidad con el cual puedan integrarse”.
MUCHAS IDEAS PARA UN “FONDO MILLONARIO”
A diciembre de 2019 el Fonatel, supervisado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tenía un patrimonio de ¢203.104 millones ($352 millones) y actualmente varias personas han propuesto tomar esos recursos.
El diputado liberacionista Wagner Jiménez secundó la propuesta de Sasso y presentó un proyecto de ley para que el Fonatel financie un Bono de Conectividad para estudiantes en condición de pobreza. La diputada liberacionista Yorleny León presentó otra iniciativa para que la Fundación Omar Dengo asuma la administración del Fonatel, la cual se encuentra en estudio en comisión de sociales. Por su parte, el diputado socialcristiano Óscar Cascante propuso un proyecto de ley para mejorar el acceso a la red en hogares en condiciones socioeconómicas vulnerables.
Ya en febrero el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves presentó el proyecto de ley “Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (conocido como Ley Pagar), para frenar el crecimiento de la deuda estatal tomando recursos de superávits de distintas instituciones, incluyendo el Fonatel.
Por otro lado, la misma Sutel, encargada de vigilar el buen funcionamiento del fondo, solicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) que le permita ampliar sus metas para que los operadores Claro, Movistar y Kolbi puedan recibir más recursos y ampliar los proyectos de conexión a Internet. Esta propuesta ha sido fuertemente respaldada por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
DESÓRDENES
Sin embargo, varias instancias han señalado los atrasos en los proyectos de Fonatel, han investigado su funcionamiento y cuestionado su eficiencia.
En julio de 2017, y después de un reportaje publicado por UNIVERSIDAD, los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa llamaron a comparecer a los representantes del Fonatel y Sutel por los incumplimientos en un proyecto para llevar Internet de banda ancha a escuelas en comunidades alejadas de la zona Norte.
Un informe de auditoría de la Contraloría de febrero de este año señaló que no se habían alcanzado las metas de los programas financiados con recursos del Fonatel, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) correspondiente al periodo 2015-2021.
El Informe (DFOE-IFR-IF-00001-2020) señaló atrasos en la ejecución de algunos proyectos por parte de los operadores. Por ejemplo, que en el Programa 1 del Fonatel, que se llama “Hogares Conectados”, solo se ha avanzado en un 40%, a pesar de ser uno de los de mayor tiempo en ejecución. Este programa da una computadora portátil, conexión a Internet y pago mensual de la factura del servicio por cinco años a familias de escasos recursos.
Asimismo, se suponía que para el 2018 ese programa debía estar avanzado en un 42% en Territorios Indígenas, pero a la fecha de la auditoría tenía un 0% de avance.
La Contraloría emitió recomendaciones a los responsables de ese momento: el anterior Ministro de Ciencia y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar Solís (renunció el 28 de mayo) y a Federico Chacón Loaiza, quien integra el Consejo de la Sutel junto a Gilbert Camacho Mora y Hannia Vega Barrantes. El que fungía como viceministro de telecomunicaciones en ese momento era Edwin Estrada (renunció el 3 de julio) y como director del Fonatel Humberto Pineda (renunció el 30 de enero).
En entrevista con UNIVERSIDAD, Federico Chacón y Adrián Mazón Villegas, director interino de Fonatel, afirmaron que el Fondo ha cumplido al 100% con las recomendaciones de la Contraloría. Aclararon que aunque dicho informe se emitió este año, analiza resultados hasta el año 2018; por lo que existe un desfase en la información analizada y por eso “al comparar los resultados más recientes se observa un avance muy significativo” (Ver nota aparte “Directivos de la Sutel y Fonatel afirman que el cumplimiento de las metas supera el 100%”).
BELÉN VERSUS GUATUSO DE UPALA
La diputada Yorleny León afirmó en entrevista con UNIVERSIDAD que el modelo de Fonatel es un modelo fallido por los numerosos casos de personas en zonas donde han puesto la infraestructura (torres) pero no hay conectividad; o a las que les han entregado equipo pero viven donde no hay Internet.
“Yo lo que he encontrado en la provincia de Limón, por ejemplo, son directores de escuelas que me dicen ‘Mire, ahí tengo lo que me dieron de Fonatel, lo tengo en una caja porque aquí sencillamente no hay conectividad’. O personas que me dicen ‘Vea, lo que tengo aquí de capacidad son dos megas’. Dígame ¿para qué le sirven dos megas a una familia con una computadora?”, cuestionó León.
Según respondió la Sutel: “nuestros reportes técnicos, documentados en informes, señalan que en todos los lugares donde se han recibido proyectos ejecutados con recursos de Fonatel están en funcionamiento”. Afirmaron que cuando Fonatel entrega computadoras a instituciones contraparte (MEP-Micitt-CCSS y Cen-Cinai), los convenios que firman con Sutel definen “que todos los lugares donde se entreguen equipos cuenten con conectividad propia (contratada por ellos) u otorgada por Fonatel”. Además, aseguraron que todas las computadoras se entregan con conexión a Internet y que las velocidades “son las establecidas por el Poder Ejecutivo en la política pública” por la cual se rigen.
León también criticó la desigualdad en el programa de Fonatel llamado “Espacios Públicos Conectados” (provee acceso gratuito a Internet en espacios públicos comunitarios). “En ese programa Belén tiene nueve puntos de conectividad; pero Belén es la meca de la conectividad en este país. ¿Cómo utilizamos fondos públicos para ponerle nueve puntos de conexión a Belén pero no le ponemos ni uno a Guatuso de Upala?”, dijo la legisladora.
La Sutel indicó que dicho programa “no discrimina ninguna zona” y que tienen puntos de conexión en funcionamiento “en zonas tan distantes como Los Chiles en la zona Norte o Paso Canoas en la frontera con Panamá”. Detallaron que Guatuso está incluido en el proyecto para conectar el Parque Central en San Rafael y la zona exterior del Salón Comunal en la Katira y que se trabaja en llegar con la fibra óptica hasta esos puntos para “pronto contar con el servicio en estos lugares”.
También informaron que el Programa “Hogares Conectados” ha beneficiado a 137.460 hogares. Francisco Chacón, de la Sutel, negó que existiera un sesgo en la ejecución del programa, ya que está diseñado para atender a comunidades “a donde el mercado no llega” y a “familias en condición de pobreza, independientemente de su ubicación”.
Las cifras confirman que la mayoría de beneficiados están en San José y Alajuela. Según datos de la Sutel, “Hogares Conectados” ha cubierto 43.682 hogares en San José, 23.010 en Alajuela; 19.593 en Puntarenas; 15.553 en Guanacaste; 14.635 en Cartago; 10.990 en Heredia; y 9.997 en Limón.
¿MODELO FALLIDO?
Por otra parte, la diputada León aseveró que “hasta marzo de este año la Sutel asignó el cartel para atender territorios indígenas. ¿Esa no es una población prioritaria para la cual se pensó este fondo? Por eso es que yo digo que es un fondo fallido y la mayor evidencia es que hoy justamente los que están fuera del radar del Ministerio de Educación Pública son los que están en áreas rurales”.
La diputada explicó que “después de diez años de existencia y con tantos territorios sin atender, eso representa que allí hay recursos ociosos”. Resaltó que si bien hay recursos disponibles en el fondo, que se calculan en ¢180 mil millones, “una buena parte de este país sigue sin conectividad y son exactamente los territorios para los cuales se creó el fondo”.
Sutel aclaró que no tiene entre sus competencias de ley “identificar la población estudiantil del país” o “encontrar estudiantes fuera del radar del MEP”. Añadió que coordinan con el IMAS, que proporciona las listas de beneficiarios, y con el MEP, que determina los requerimientos, según sus planes educativos; y que actualmente hay cerca de 226.000 niños en edad escolar que se benefician de la computadora y el Internet que se paga con los recursos de Fonatel.
Y con respecto a territorios indígenas, la Sutel respondió que realizaron giras de trabajo y reuniones de sensibilización para cumplir con el proceso de consulta; que tuvieron que planificar y coordinar con otras instituciones para poder superar las dificultades de acceso, clima, alimentación y hospedaje; y luego tuvieron que cumplir con las fases del concurso público (consulta previa, concurso, apelaciones a la CGR, firma contrato).
Finalmente, en marzo de este año se informó que Fonatel adjudicó dos proyectos al ICE por $47.9 millones, para llevar servicios de telefonía e Internet a 14 territorios indígenas en la Zona Atlántica y Sur del país. Uno de ellos es Rey Curré.
“Supuestamente hay un proyecto de Fonatel que viene”
Magaly Guevara es maestra de tercero y quinto grado en la Escuela de Curré, un territorio indígena atravesado por la carretera Interamericana en la Zona Sur del país. Hay 116 estudiantes de la escuela y de preescolar, que viven en Curré y comunidades cercanas como Lagarto, Las Vegas, Paso Real y Campana.
“Escenario 4 que tenemos en la Escuela de Curré es que el estudiante no cuenta ni con tecnología ni conectividad, entonces los docentes tenemos que enviarles las guías impresas a la casa. La Junta de Educación nos facilita un transporte para que vaya la guardia de seguridad y otro compañero a entregar las guías a las casas de comunidades aledañas. Y los que viven en Curré centro los retiran en la institución con un horario. Ahora se hace cada vez que hay entrega de alimentación, una vez al mes”, contó Guevara a UNIVERSIDAD.
Los docentes tratan de enviar el material al estudiante con todas las indicaciones posibles y luego los llaman para ver cómo les va y si tienen alguna duda.
“La escuela sí tiene Internet pero no es así como al 100 por ciento. Hay días que está bien, hay días que está caído, hay días que se pega mucho. A nivel de comunidad no hay servicio de Internet; como es un lugar muy montañoso, es muy difícil el acceso a Internet. En algunos lugares más o menillos se tiene una señal de teléfono. En otros lugares definitivamente no hay pero nada. Hay que salir a un árbol, a una montañita, a la calle. Supuestamente, hay un proyecto de Fonatel que viene a las comunidades indígenas; pero aún no ha llegado. Se necesita en Curré, más ahora en este tiempo, los estudiantes y los docentes para trabajar”.
