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Jurista afirma que plan de Empleo Público es retroactivo, contra declaraciones de José María Figueres

Abogado y docente asegura que existen cuatro razones jurídicas por las que el proyecto sí afectará a las personas funcionarias públicas de forma retroactiva

El abogado laboralista y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), Manuel Hernández, aseguró a UNIVERSIDAD que afirmaciones del candidato liberacionista José María Figueres sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) “no son ciertas”. La tarde del miércoles, Figueres reiteró que apoya la aprobación del proyecto propuesto por el Gobierno de Carlos Alvarado.

“Primero que todo porque no es retroactivo, no afecta a los intereses de ningún trabajador del Estado y segundo porque a partir de su firma tendremos un año para poder renegociar las cosas que se le puede mejorar”, aseguró Figueres a la prensa.

No obstante, consultado sobre si existe retroactividad, el abogado Manuel Hernández aseguró que hay “cuatro razones, muy elementales, desde el punto de vista jurídico” por las que el proyecto no solamente es retroactivo —es decir, se aplicará a personas funcionarias que ya trabajan en el sector público y no solamente las de nuevo ingreso— sino que también crearía diversas afectaciones para los intereses de la planilla pública.

En primer lugar, Hernández asegura que darle la rectoría al Ministerio de Planificación de todo el sector público “deja en total interdicción, de manera general,  la negociación colectiva de las condiciones de trabajo”.

El jurista asegura que darle al Poder Ejecutivo esta potestad “configura un modelo autoritario de relaciones laborales” entre el Estado como patrono y las 280 mil personas que laboran en el sector pújblico.

“La negociación colectiva es un derecho fundamental de las personas trabajadoras, que enerva radicalmente el proyecto. La libertad sindical, que comprende la negociación colectiva es un presupuesto de cualquier sistema democrático, que en su oportunidad fue defendido por los constituyentes socialdemócratas”, explicó Hernández a UNIVERSIDAD.

“Figueres reniega de los postulados socialdemócratas que defendieron esos ilustres constituyentes”, aseguró también.

Como segundo punto, Hernández aseguró que también afecta a la persona trabajadora  la creación del salario global. Este es un monto que aún no ha sido definido porque depende del reglamento de la Ley de Empleo Público.

“El esquema de salario único o global,que contempla el proyecto es un esquema de remuneración hacia la baja, que precariza las condiciones de empleo”, aseguró Hernández.

El proyecto de ley de Empleo Público fue definido por este Gobierno como una estrategia de disminuir el gasto público en salarios. Este fue un tema que Figueres también aludió en la conferencia de prensa del miércoles, en apoyo al ajuste fiscal que la administración de Carlos Alvarado  negoció con el  Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, para cumplir con esa disminución de planillas, el Mideplan anunció que contempla congelar los salarios por encima del salario global hasta el 2032.

“En tercer lugar, afecta situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios públicos, porque deroga el esquema salarial actual, de base más pluses. Y, en su lugar, impone unilateralmente, a las personas funcionarias actuales, el esquema de salario único. Por tanto, el proyecto violenta el artículo 34 de la Constitución Política, que consagra el principio de irretroactividad de la ley”, afirmó el jurista Manuel Hernández a UNIVERSIDAD.

“Por último, afecta los intereses de las personas trabajadoras porque los transitorios XI y XII del pernicioso proyecto disciplinan el congelamiento y estancamiento de los salarios hasta la próxima venida de nuestro señor Jesucristo”, dijo Hernández de manera ilustrativa.

El abogado mantuvo que “El proyecto expresa una política extrema de devaluación de los salarios”.

“La posición de Figueres por ninguna parte se sostiene. Los sueños de las personas funcionarias y trabajadores, en general, no caben en urnas de cartón”, afirmó el especialista en derecho laboral.

Este miércoles, UNIVERSIDAD publicó información de que sindicatos y agrupaciones de trabajadores públicos objetan el proyecto de Ley, de cara a las elecciones del domingo 3 de abril, entre el liberacionista José María Figueres y Rodrigo Chaves del partido Progreso Social Democrático.

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